PROYECTO DE LEY 019 DE 2011 CÁMARA.

por la cual se regula un Arancel Judicial y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia

El Congreso de Colombia

DECRETA:

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

Artículo 1°. Gratuidad de la justicia. La Administración de Justicia será gratuita y su funcionamiento estará a cargo del Estado, sin perjuicio de las agencias en derecho, costas, expensas y aranceles judiciales que se fijen de conformidad con la ley.

Artículo 2°. Naturaleza jurídica. El arancel judicial es una contribución parafiscal destinada a sufragar gastos de funcionamiento e inversión de la Administración de Justicia.

Los recursos recaudados con ocasión del arancel judicial serán administrados por el Fondo para la Modernización, Fortalecimiento y Bienestar de la Administración de Justicia.

Parágrafo. La partida presupuestal que anualmente asigna el Gobierno Nacional para la justicia no podrá ser objeto, en ningún caso, de recorte, so pretexto de la existencia de los recursos recaudados por concepto de arancel.

Artículo 3°. Sujeto activo. El arancel judicial se causa a favor del Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con destino al Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia.

El arancel judicial constituirá un ingreso público a favor de la Rama Judicial.

Artículo 4°. Hecho generador. El arancel judicial se genera en todos los procesos judiciales cuyas pretensiones sean dinerarias, con las excepciones de la presente ley.

Parágrafo. No podrá cobrarse arancel en los procedimientos de carácter penal, laboral, contencioso laboral, contencioso administrativos, de familia, de menores, ni en los juicios de control constitucional o derivados del ejercicio de la acción de tutela y demás acciones constitucionales. No podrá cobrarse arancel judicial a las personas jurídicas de derecho público.

Tampoco podrá cobrarse aranceles a las personas de los niveles de Sisbén 1 y 2, condición que será acreditada con el respectivo carné, ni a las personas de escasos recursos cuando se decrete el amparo de pobreza, de acuerdo con las reglas del Código de Procedimiento Civil. El juez que conozca del proceso, al admitir la demanda reconocerá tal condición, si a ello hubiere lugar.

Tampoco podrá cobrarse el arancel de que trata la presente ley al Colector de Activos Públicos -CISA-, cuando este intervenga como titular en procesos judiciales.

Artículo 5°. Sujeto pasivo. El arancel judicial está a cargo del demandante inicial o del demandante en reconvención en procesos cuyas pretensiones recaigan sobre obligaciones de contenido dinerario. De la misma manera, estará a cargo del llamante en garantía, del denunciante del pleito, del ad excludendum, y de todo aquel que ejerza una pretensión de contenido dinerario.

El accionante al momento de presentar su demanda deberá cancelar el arancel judicial y deberá anexar a su demanda el correspondiente comprobante de pago. En caso de no pagar, no acreditar su pago o hacer un pago parcial del arancel judicial, su demanda será inadmitida en los términos del artículo 85 del Código de Procedimiento Civil.

El juez estará obligado a controlar que el arancel judicial se haya pagado de acuerdo con lo establecido en la ley o que la persona y el proceso se encuentren exonerados de pagar el arancel judicial, de lo cual dejará constancia en el auto admisorio de la demanda.

El arancel se tendrá en cuenta al momento de liquidar las costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 392 del Código de Procedimiento Civil y subsiguientes.

Artículo 6°. Base gravable. El arancel judicial se calculará sobre las pretensiones dinerarias de la demanda.

Cuando en la demanda se incorporen varias pretensiones dinerarias, todos ellas deberán sumarse con el fin de calcular el valor del arancel judicial. Las pretensiones dinerarias que incorporen frutos, intereses, multas, perjuicios, sanciones, mejoras o similares se calcularán a la fecha de presentación de la demanda.

Las pretensiones dinerarias expresadas en salarios mínimos legales mensuales, en moneda extranjera o cualquier otra unidad de valor, deberá liquidarse, para efectos del pago del arancel judicial, a la fecha de presentación de la demanda.

Artículo 7°. Adiciónense dos incisos finales al artículo 211 del Código de Procedimiento Civil, del siguiente tenor:

¿El juez no podrá conceder una suma superior a la indicada en el juramento estimatorio. La suma expresada deberá ser entendida siempre  como la suma máxima pretendida y quedan proscritas todas las expresiones que pretendan desvirtuar o dejar sin efecto la condición de suma máxima pretendida en relación con la suma indicada en el juramento.

Ni la sanción ni la limitación prevista en este artículo se aplica a la cuantificación de los daños inmateriales fijados arbitrio iuris, siempre que el demandante incorpore en la pretensión el valor de cada una de las tipologías del daño bajo los estándares jurisprudenciales vigentes al momento de la presentación de la demanda¿.

Artículo 8°. Tarifa. La tarifa del arancel judicial es del dos por ciento (2%) de la base gravable.

Artículo 9. Pago. Toda suma a pagar por concepto de arancel judicial, deberá hacerse a órdenes del Consejo Superior de la Judicatura - Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia en el Banco Agrario, según lo reglamente el Consejo Superior de la Judicatura.

Artículo 10. Falta disciplinaria. Todos los procesos deberán recibir un mismo trato en cuanto a su trámite e impulso. Constituye falta disciplinaria gravísima del juez, retrasar, sin justificación, la tramitación de los procesos en los que no se causa arancel.

Artículo 11. Destinación, vigencia y recaudo. Destínense los recursos recaudados por concepto de arancel judicial del que trata la presente ley para la descongestión de los despachos judiciales y la implementación del sistema oral a nivel nacional. El Consejo Superior de la Judicatura tendrá la facultad de administrar, gestionar y recaudar el mismo, sin perjuicio de que la administración y la gestión se realicen a través del sistema financiero.

Artículo 12. Seguimiento. Dentro de los tres primeros meses de cada año, el Consejo Superior de la Judicatura deberá rendir un informe al Congreso de la República, al Ministerio de Justicia y del Derecho, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a la Corte Suprema de Justicia, al Consejo de Estado y a la Corte Constitucional, acerca de las sumas recaudadas por concepto de arancel judicial, su destino y el empleo en programas de descongestión de la administración de justicia, e implementación de la oralidad en los procedimientos judiciales, sin perjuicio de las funciones de control que corresponda a la Contraloría General de la Nación.

Artículo 13. Régimen de transición. El Arancel Judicial de que trata la presente ley se generará a partir de su vigencia y sólo se aplicará a los procesos cuyas demandas se presenten con posterioridad a la vigencia de esta ley.

Las demandas presentadas con anterioridad a la vigencia de la presente ley, se regirán por las disposiciones previstas en la Ley 1394 de 2010 y estarán obligadas al pago del arancel judicial en los términos allí previstos.

Artículo 14. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga la Ley 1394 de 2010, así como todas las disposiciones que le sean contrarias.

De los honorables Congresistas,

Germán Vargas Lleras,

Ministro del Interior y de Justicia.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Honorables Congresistas:

1. Justificación del Proyecto

De tiempo atrás, el Gobierno Nacional viene trabajando en la concreción de mecanismos encaminados al fortalecimiento de la Rama Judicial, particularmente, en temáticas enfocadas a la descongestión y la eficiencia en la justicia. Sin embargo, frente a la magnitud del problema que hoy continúa enfrentando la justicia colombiana en los temas ya precitados, se hace necesario fortalecer tales iniciativas, rediseñándolas, ajustándolas y adaptándolas a las nuevas realidades del país.

Una de las principales debilidades que se presenta en materia de descongestión y eficiencia en la justicia, continúa siendo las limitaciones fiscales para alcanzar un apropiado financiamiento del aparato jurisdiccional. En este campo, como se sabe, no han sido pocos los esfuerzos. Tan es así, que recientemente, el Gobierno anterior en un loable propósito, presentó al Congreso de la República una importante regulación que pretendió, a través de una herramienta impositiva[1][1], generar recursos económicos adicionales para contribuir a superar el rezago presupuestal en el financiamiento de la Rama Judicial. Ese propósito se encuentra hoy plasmado en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia (Ley 1285 de 2009 reformatoria de la Ley 270 de 1996) que con tanto esfuerzo y dedicación aprobó el Congreso de la República y en la Ley 1394 de 2010 que reguló el arancel judicial que hoy nos rige.

Infortunadamente, cuando se llevó a la práctica la implantación de esta medida parafiscal, no se obtuvieron los resultados esperados y es por ello que hoy se hace necesario dar continuidad y sostenibilidad a esta figura alterna de financiación de la Rama Judicial pero, rediseñando la estructura tributaria que hoy opera en virtud de la normatividad contemplada en la Ley 1394 de 2010 regulatoria del arancel judicial, logrando así, un nivel de efectividad en el recaudo arancelario tal, que contribuya de manera significativa al financiamiento de nuevas herramientas administrativas y judiciales de descongestión y eficiencia de la Administración de Justicia. 

Hoy en Colombia (no fue así en el pasado), hay una especie de consenso en relación con la necesidad de contar con un arancel judicial como fuente alterna de financiamiento de la Rama Judicial. Sin embargo, hay que reconocer que los problemas y las dificultades han estado en el diseño del mismo. El primer diseño, reposaba en la Ley 1285 de 2009 reformatoria de la Ley 270 de 1996 (Ley Estatutaria de la Administración de Justicia), pero la Corte Constitucional, dejando a salvo la constitucionalidad sobre la existencia de un arancel judicial, declaró inexequible el diseño tributario del arancel judicial, bajo la tesis de la nulidad por vaguedad[2][2] (aplica cuando algo es francamente inentendible). El segundo diseño, está previsto en la Ley 1394 de 2010, pero no ha satisfecho las expectativas de recaudo, ni las generará, porque está supeditado a la efectiva recolección por parte del acreedor y en ello existe toda suerte de vicisitudes y entuertos para la imposibilidad de su pago o para evadirlo.

2. Panorama de la Justicia en Colombia

Se puede afirmar, sin lugar a equivocarse, que el servicio de justicia en Colombia, adolece de múltiples problemas, tanto en su administración, como en su prestación. Sin embargo, para efectos de este proyecto de ley, solo se hará referencia a aquellos que tienen que ver exclusivamente con la eficacia y eficiencia de este servicio público.

Dentro de estos, se destacan, la congestión de la administración de justicia, la limitación de recursos dentro del presupuesto nacional y la excesiva concentración de funciones jurisdiccionales exclusivamente en la judicatura.

2.1. Congestión Judicial

La mora y la falta de celeridad en el trámite y resolución de las controversias llevadas a la justicia, producto de la congestión de los despachos judiciales, son quizá las causas de mayor incidencia en la ineficiencia del sistema judicial colombiano, el cual, a diciembre de 2010 y de acuerdo con datos suministrados por el Consejo Superior de la Judicatura, contaba con un inventario de 2.649.000 procesos judiciales en trámite pendientes de ser resueltos.  

La siguiente gráfica muestra el panorama del proceso ejecutivo hipotecario en Colombia, el cual  tarda en promedio 6.6 años, a más de que es muy común, encontrarse con procesos que superan los 10 años, sin suspensión o archivo alguno.

 

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Fuente: Asobancaria. Informe de Procesos Ejecutivos con corte a marzo de 2011.

La congestión judicial conlleva múltiples efectos negativos. Los más importantes, se pueden sintetizar, así:

¿ Impide una oportuna solución de los conflictos, generando como consecuencia, en muchas ocasiones lo que se ha denominado ¿justicia por propia mano¿.

¿ Obstaculiza la llegada de inversión extranjera al país.

¿ Agrava el ¿riesgo país¿, pues se aumenta, en general, el costo de transar con empresas o personas de nuestra jurisdicción territorial.

¿ Aumenta la inseguridad jurídica.

¿ Estimula el incumplimiento de la ley o el contrato e ¿informaliza¿ las relaciones comerciales.

¿ Afecta el crecimiento de la economía y la competitividad del país.

¿ Genera desconfianza en la ciudadanía sobre el verdadero rol del Estado y la atención de las necesidades de los asociados.

 ¿ Desprestigia las instituciones de justicia.

¿ Genera cultura de no pago o cumplimiento de las obligaciones.

De otra parte, y dando una mirada comparativa a nivel internacional, estudios elaborados por el Banco Mundial, muestran que la excesiva duración de los procesos ejecutivos y la incertidumbre que esto genera en los inversionistas, afecta negativamente el crecimiento del Producto Interno Bruto de cualquier país.

La siguiente gráfica, evidencia cómo la duración de los procesos ejecutivos es inversamente proporcional al crecimiento del PIB.

 

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Fuente: Doing Business 2010, Banco Mundial. Fondo Monetario Internacional

En igual sentido, el informe ¿Doing Bussines 2011¿ del Banco Mundial, revela que, en el subindicador de ¿Cumplimiento de Contratos¿, que evalúa qué tan eficiente resulta el sistema al momento de resolver judicialmente una controversia contractual, Colombia ocupa el puesto 150 en un ranking de 183 países y el puesto 25 en América Latina y el Caribe entre 32 países. Es decir, que el país se raja gravemente y tan solo supera a las Administraciones de Justicia de Grenada, Santa Lucía, Dominica, Belice, Trinidad y Tobago, Honduras y Surinam.

Según este informe, Colombia se demora 1.346 días resolviendo la siguiente controversia:

¿ Resolución por incumplimiento de un contrato de compraventa comercial de mercancías entre dos compañías locales en la ciudad más populosa del país (proceso tipo Doing Business).

¿ Esa resolución implica adelantar las siguientes actuaciones:

¿ Proceso ordinario de única instancia, con práctica de dictamen pericial y testimonios.

¿ Proceso ejecutivo a continuación en única instancia.

¿ Pago al demandante (vendedor) con el producto de la venta en pública subasta de bienes del deudor.

¿ No se discuten aspectos formales o de procedimiento.

Como se mencionó, Colombia se demora 1.346 días, el triple de lo que tarda en México (415 días) y Chile (480 días), 2.5 veces más que Brasil (591 días) y Ecuador (588 días), 9 veces más que en Singapur (150 días) y el doble que el promedio de toda Latinoamérica y el Caribe (707 días).

Ahora bien, según este mismo estudio (Doing Bussines 2011), en el subindicador de celeridad, Colombia, con 1.346 días, ocupa en el contexto mundial, el puesto 178 entre 183 países, superando solamente a India (1.420 días), Bangladesh (1.442 días), Guatemala (1.459 días), Afganistán (1.642 días) y Surinam (1.715 días). Es decir, la colombiana es la sexta justicia más lenta del mundo y la tercera justicia más lenta de América Latina y del Caribe. Todos los países africanos examinados, por ejemplo, administran justicia de manera más célere que Colombia en la resolución de la controversia comercial tipo que atrás se mencionó.

Finalmente y continuando con el contexto internacional de la materia, resulta importante resaltar que el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

Al precisar el sentido y el alcance de esta disposición[3][3], la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que esta norma contiene las ¿garantías mínimas¿ del llamado debido proceso legal y del derecho del acceso a la justicia. Según jurisprudencia reiterada de esa Corporación, de dicho texto se desprende que los Estados Signatarios del Pacto de San José de Costa Rica no deben interponer trabas irrazonables a las personas que acudan a los jueces o tribunales en busca de que sus derechos sean determinados o protegidos.

Así las cosas, se observa palmariamente que debido a la congestión judicial existente, Colombia no está cumpliendo con los estándares internacionales en materia de acceso a la justicia, al derecho a un recurso judicial oportuno y en un plazo razonable. Colombia entonces, debe continuar haciendo los mayores esfuerzos para hacer realidad el derecho de ¿acceso a la justicia a través de un proceso de duración razonable¿, como incluso expresamente ya lo advierte el Proyecto de Ley de Código General del Proceso que hace tránsito en el Congreso de la República (Proyecto de Ley 196 ¿ 2011 C).

En efecto en dicho Proyecto de Ley de Código General del Proceso se indica que:

¿Artículo 2º. Acceso a la justicia. Toda persona o grupo de personas tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio de sus derechos y la defensa de sus intereses, con sujeción a un debido proceso de duración razonable¿.

Inventario de Procesos Jurisdicción Ordinaria

La siguiente gráfica muestra que la especialidad jurisdiccional con mayores inventarios de procesos es la ordinaria civil[4][4].

 

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Fuente: Corporación Excelencia en la Justicia.

Dentro de la Jurisdicción civil, los procesos ejecutivos son los más representativos:

 

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Fuente: Corporación Excelencia en la Justicia.

Los siguientes datos muestran la participación por tipo de proceso ejecutivo en el inventario judicial de las cuatro principales ciudades del país:

 

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Fuente: Corporación Excelencia en la Justicia.

2.2 Limitaciones presupuestales - Gasto en Justicia:

Las gráficas que siguen exponen cómo, en comparación con otros países de la Región, el gasto en justicia y la participación de este en el Producto Interno Bruto (PIB), del país es considerablemente bajo.

Gasto en Justicia como % del Gasto Público:

 

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Gasto en Justicia como % del PIB:

 

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Frente a indicadores de este tipo, el Estado no puede permanecer pasivo. Nos asiste el enorme desafío de mejorar sustancialmente el acceso a la justicia y superar la gravísima congestión judicial y para ser determinante, entre otras medidas, buscar recursos para el adecuado funcionamiento de la Rama Judicial.

2.3. Concentración de funciones jurisdiccionales en la judicatura 

Colombia tiene hoy una función jurisdiccional excesivamente concentrada en cabeza de los Jueces de la Republica, quienes incluso, continúan realizando trámites jurisdiccionales que bien podrían llevarse a cabo por empleados judiciales, autoridades administrativas, centros de conciliación, centros de arbitraje, abogados en ejercicio o notarios, con lo cual, se descargaría en buena medida la judicatura. Por ello, se hace imperativo darle funciones jurisdiccionales a otras entidades o sujetos y para ello, el Gobierno anunció desde hace un año, que la Reforma Constitucional a  la Justicia, que concomitantemente se presenta, prevé un gran cambio al artículo 116 de la Constitución Nacional.

La propuesta de Reforma Constitucional a la Justicia, pretende modificar el artículo 116 de la Constitución para ampliar, de manera significativa, la oferta de justicia, permitiéndoles a otras personas o entes ejercer funciones jurisdiccionales, en concreto a servidores judiciales diferentes a jueces y magistrados, notarios, centros de conciliación, centros de arbitraje y abogados en ejercicio, en este último caso como plan de choque por cinco (5) años prorrogables. Igualmente, se modificará este mismo artículo constitucional para introducir en el ordenamiento la figura del arbitramento obligatorio y será la ley la que defina qué conflictos deben ser obligatoriamente resueltos por un tribunal de arbitramento.

Una vez se apruebe la Reforma, ya no habrá lugar a dudas: los trámites o asuntos que más generen congestión, sean administrativos o jurisdiccionales, podrán trasladarse, ahora sí a través de leyes, a notarios, abogados en ejercicio, centros de conciliación y/o arbitramento, árbitros, entre otros.

Con esta Reforma, se pretende contribuir a la plena garantía del derecho de acceso a la Justicia. Sólo con la contribución de los notarios, por ejemplo, incrementaremos en 872 personas la oferta judicial, en 620 municipios de Colombia, aunado a 343 Centros de Conciliación, 125 Centros de Arbitraje, miles de empleados judiciales y miles de abogados en ejercicio. El éxito de esta apuesta está garantizada y tendremos en menos de lo que alguien pueda imaginarse, la justicia al día, fundamentalmente la civil, que es a donde más procesos llegan.

Como parte de esa política es fortalecer la rama judicial, los recursos derivados del arancel serán muy importantes para que, llegando menos procesos a la rama judicial esta mejore sus indicadores de eficiencia, pero sobre todo, preste justicia con calidad. No se trata de evacuar por procesos por evacuar. La resolución de las controversias, debe ir de la mano de la calidad en los fallos judiciales.

3. Ventajas de la Implementación del Arancel Judicial:

¿ Permite la financiación de buena parte de los gastos del Poder Judicial

Las experiencias vividas a nivel internacional, evidencian que el arancel judicial constituye un mecanismo que permite, de manera eficiente, obtener recursos para financiar los gastos de funcionamiento de la Administración de Justicia. En el caso argentino, por sólo citar un ejemplo, en el año 2003, se calcula que lo percibido por tasas judiciales representó casi un 15% del presupuesto de gastos para el Poder Judicial de ese país[5][5].

Para mayor ilustración, el siguiente cuadro muestra las sumas recaudadas por concepto de arancel en otros países de América y el porcentaje que representan en sus presupuestos judiciales.

País

Porcentaje en el Presupuesto Judicial

Bolivia

En el año 2003, representó el 10% del financiamiento del poder judicial boliviano.

Canadá

Varía en cada Estado, por ejemplo, en el año 2003, en el Estado de Alberta, las tasas judiciales representaron, aproximadamente, el 16,5% del presupuesto judicial.

Estados Unidos

Cada Estado tiene su presupuesto judicial propio, por ejemplo, en el Estado de Missouri, el importe de las tasas judiciales equivale a un 11% del presupuesto del poder judicial. Por su parte, en New Jersey, esta relación es del 9%.

Paraguay

Durante el año 2003, las recaudaciones por tasas judiciales representaron, aproximadamente, un 19% del financiamiento del poder judicial paraguayo.

Uruguay

Durante el año 2002, la recaudación por tasas judiciales representó, aproximadamente, un 6% del presupuesto de este poder del Estado.

 

Fuente: Informe: Financiamiento Privado de la Justicia: Las Tasas Judiciales. Centro de Estudios de Justicia de las Américas.

El cuadro anterior nos indica que, la participación del arancel en el presupuesto de la justicia es significativa. Obviamente, dependerá de la forma como está diseñado, a cuáles procesos se aplica y a cuáles no.

¿ Disminuye la litigiosidad en donde se demanda sin tener la razón o en donde se demanda temerariamente.

Ya desde 1936, el célebre procesalista italiano Francesco Carnelutti sostenía que ¿es admisible, entonces, la exigencia de una contribución como medio de contención del exceso de litigios...¿.

En similar sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina ha opinado que ¿El justiciable está obligado a pagar la tasa de justicia en caso de ser vencido (¿) toda vez que ella tiende a resarcir a la comunidad los gastos irrogados por un obrar no ajustado a derecho, desalentando la utilización indebida del acceso a la justicia, penalizando pecuniariamente a quien peticionó sin derecho poniendo en marcha una instancia judicial y, si ese fuera el caso, dilatando en el tiempo el cumplimiento de una obligación¿[6][6]. 

En efecto, el establecimiento de un arancel para los procesos judiciales, desestimula la presentación de acciones infundadas, poco serias o incluso temerarias por parte de los demandantes, pues, quien acude a la Administración de Justicia deberá utilizar su propio patrimonio para contribuir al funcionamiento de esta, obviamente, en unas tasas o porcentajes razonables que no impliquen violación del derecho de acceso a la justicia.

El arancel que hoy está previsto en Colombia, según su diseño, hace que solo se pague arancel cuando se obtiene un recaudo efectivo. De esta manera, quien demanda sin estar asistido de la razón o incluso, quien demanda temerariamente, genera despliegue injustificado del aparato judicial, pero no asume el pago de arancel judicial alguno. Pagan las costas y agencias en derecho del proceso, pero no el arancel judicial. El diseño es abiertamente equivocado.

 4. Antecedentes del proyecto de ley

El 19 de julio de 2007, el Congreso de la República aprobó el Proyecto de ley número 286 de 2007 Cámara, 023 de 2006 Senado, ¿por la cual se reforma la Ley 270 de 1996, Estatutaria de Administración de Justicia¿. Dicho Proyecto en su artículo 2°, modificatorio del artículo 6° de la Ley 270 de 1996, estableció la posibilidad de que el legislador fijara aranceles judiciales. 

Al momento de efectuar el control previo de esa Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, si bien la Corte Constitucional no tuvo reparos de orden constitucional a la figura del arancel, sí decidió declarar inconstitucional la estructura tributaria diseñada.

Sobre el particular, consideró:

¿(¿) el inciso primero del artículo 2º del proyecto, que hace una referencia genérica a los ¿aranceles judiciales que se fijen de conformidad con la ley¿, es una regulación que en sí misma no genera un vicio de constitucionalidad, por cuanto es plausible que el Legislador imponga ciertas restricciones al principio de gratuidad de la justicia, desde luego dentro del marco de la Constitución y de las normas que se integran a ella.

A juicio de la Corte, la existencia de aranceles judiciales no resulta per se incompatible con la Constitución, dado que corresponde a una suerte de excepción al principio general de gratuidad de la justicia que no afecta el acceso a esa función pública. En consecuencia, la Corte declarará la exequibilidad del inciso primero del artículo 2º del proyecto.

(¿)

Sin embargo, la Corte considera que algunos apartados del artículo sí deben ser declarados inexequibles, por cuanto (i) presentan un alto grado de indeterminación que hacen incomprensible la regulación en detrimento del principio de legalidad, (ii) afectan el derecho a la igualdad, y (iii) desconocen las reglas constitucionales para la determinación de la tarifa por autoridades distintas al Legislador¿.

Tal situación en el derecho norteamericano se conoce como la doctrina de la nulidad por vaguedad (Void-for-Vagueness Doctrine), según la cual una norma deviene en inconstitucional cuando ¿prohíbe o requiere la acción de un acto en términos tan vagos que los hombres de inteligencia común deben necesariamente adivinar su significado y difieren en cuanto a su aplicación¿ (¿)¿[7][7].

Ante la declaratoria de inexequibilidad referida, el Congreso de la República, tramitó y aprobó la Ley 1394 de 2010, norma por la cual se crea un arancel judicial para todos los procesos ejecutivos civiles, comerciales y contencioso administrativos cuando el monto de las pretensiones se haya estimado en una cifra igual o superior a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales.

Dicho arancel, fue concebido como una contribución parafiscal a cargo del demandante, destinada a sufragar los gastos para el funcionamiento e inversión de la Rama Judicial, descongestión de los despachos judiciales y la implementación de la oralidad en los procedimientos judiciales. Su administración se asignó al Fondo para la Modernización, Fortalecimiento y Bienestar de la Administración de Justicia.

Al respecto ha dicho la Corte Constitucional[8][8] que:

 ¿De este modo, no cabe duda, que el nuevo arancel reglamentado en la Ley 1394 de 2010, corresponde a una contribución parafiscal, como acerta damente lo precisó el legislador en el artículo 1º y que contrario a lo que sostienen los demandantes, no resulta por sí mismo contrario a los principios de gratuidad y de acceso a la administración de justicia, en la medida que se inscribe dentro del margen de excepciones a la aplicación de la gratuidad en la justicia, que no es un principio absoluto. Sobre esta base, el legislador, dentro de un amplio margen de configuración (arts. 150, numerales 11 y 12 y 338 C.P.), se encuentra facultado para imponer válidamente restricciones al principio de gratuidad de la justicia, en este caso, por vía de implementación del arancel judicial, siempre que en su reglamentación no se violen los principios constitucionales¿.

En esa línea, la Corte consideró que las características particulares atribuidas por el legislador al arancel judicial, llevan a descartar una violación de dichos principios, como quiera que el aludido gravamen persigue un fin constitucionalmente legítimo, como es el de contribuir a mejorar el funcionamiento del aparato judicial (art. 1º C.P.), el cual viene padeciendo problemas crónicos que han aumentado significativamente el atraso y la congestión en el sistema de justicia y para cuya solución es necesaria la consecución de recursos que desbordan la capacidad de asignar a la Rama Judicial, dada la escasez de ingresos públicos y la necesidad de invertir en otras áreas igualmente importantes. A la vez, presenta un margen de aplicación bastante reducido y sólo afecta a quien cuenta con recursos suficientes para acceder a la administración de justicia y no se cobra a quienes no cuentan con capacidad económica, porque se excluye a las personas de los niveles 1 y 2 del Sisbén y a quien solicite amparo de pobreza. Adicionalmente, en estricto sentido, el arancel judicial no viola el derecho de acceso a la administración de justicia, pues de acuerdo con su regulación, el particular no sufre ninguna restricción en el ejercicio del derecho de acción, como tampoco, en el desarrollo de la actuación procesal¿.

Durante el trámite legislativo de la referida ley, el Consejo Superior de la Judicatura solicitó a la Universidad Nacional ¿ Centro de Investigación para el Desarrollo¿CID-, un estudio de profundización para medir el monto de las pretensiones, estado de los procesos y partes procesales y estimar así las bases para la reglamentación de arancel judicial en los procesos contencioso administrativos, comerciales y civiles.

Dicho estudio arrojó los siguientes datos[9][9]:

Escenarios

Civiles

Administrativos

Total Recaudo

Escenario 1: 1%

$59.555.063.377

$61.976.238.773

$121 mil millones de pesos aprox.

Escenario 1: 2% a mayores de 100 millones

$13.178.155.830

$86.523.244.741

$100 mil millones de pesos aprox.

Escenario 2: 2%

$119.110.126.753

$123.952.477.545

$243 mil millones de pesos aprox.

Escenario 3: 2,5%

148.887.658.442

154.940.596.931

304 mil millones de pesos aprox.

Escenario 4: 1,5% y 2%

117.270.142.251

121.805.439.739

239 mil millones de pesos aprox.

Escenario 5: 1,5% y 2,5%

145.207.689.437

150.646.521.319

296 mil millones de pesos aprox.

Escenario 6: 2% y 1,5%

91.172.579.567

95.111.395.965

186 mil millones de pesos aprox.

Escenario 7: 2% y 2,5%

148.530.666.670

152.793.559.125

301 mil millones de pesos aprox.

Escenario 8: 2,5% y 1,5%

93.012.564.070

97.258.433.771

190 mil millones de pesos aprox.

Escenario 9: 2,5% y 2%

119.110.126.753

126.099.515.351

245 mil millones de pesos aprox.

Escenario 10: 1%

59.555.063.377

61.976.238.773

122 mil millones de pesos aprox.

 

Fuente: Universidad Nacional de Colombia, Centro de Investigaciones para el Desarrollo ¿CID-

En esa oportunidad, los cálculos realizados indicaban que la cifra recaudada por concepto de arancel sería de 200 mil millones de pesos aprox. ($0.2 billones de pesos), bajo el supuesto de que sólo se gravara, con una tarifa del 2%, los procesos civiles cuya cuantía superara los 100 millones de pesos. Dichos cálculos partían de la ba se de que la contribución parafiscal se debía cobrar al final de cada proceso judicial, una vez hubiese recaudo de las sumas pretendidas.

5. Problemas de la Ley Actual

Base Gravable del Arancel Judicial

El artículo 6° de la Ley 1394 de 2010, estableció que el arancel judicial debía calcularse sobre el valor total efectivamente recaudado por el demandante, es decir, que el hecho gravable se genera al final de cada proceso judicial y bajo la modalidad de recaudar el valor de las pretensiones. Tal disposición normativa presenta varios inconvenientes a saber:

¿ No hay relación entre el recaudo por parte del demandante victorioso y el desgaste del aparato judicial. El aparato judicial se desgasta igual, con recaudo o sin recaudo del demandante.

¿ Quien temerariamente demanda ante la justicia no paga arancel, pues como no prosperan sus pretensiones, no tiene sumas por recaudar. Por esta razón, a pesar de que existe un desgaste efectivo de la administración de justicia, no hay lugar a recaudo y mucho menos al cobro del arancel.

¿ Implica que quien está asistido de la razón y por ello obtiene la prosperidad de sus pretensiones y recaudo de lo cobrado, sea quien tenga que pagar el arancel, lo cual no es lógico porque el arancel judicial debe tenerse como una costa procesal más, a cargo de quien estuvo desprovisto de la razón y perdió el litigio.

¿ Facilita que las partes del proceso eludan el pago de la contribución parafiscal, pues estas, en ocasiones, con el fin de no sufragar el valor total del arancel, disfrazan la terminación de los procesos por pago, por la vía del desistimiento, desistimiento tácito, perención o simplemente abandono, acudiendo al cumplimento extrajudicial (pago) de las obligaciones objeto del proceso judicial, lo cual es prácticamente imposible de supervisar y controlar.

¿ Genera una carga operativa adicional para la Administración de Justicia, pues en caso de que el demandante no pague o pague parcialmente la contribución, aquella, en aras de obtener el arancel judicial, deberá  perseguir al evasor en un nuevo y engorroso proceso.

Estas son, en gran medida, las razones por las cuales de los 200 mil millones de pesos que pretendían obtenerse por concepto de arancel judicial, el recaudo ha sido insignificante. De acuerdo con pronunciamientos públicos del Consejo Superior de la Judicatura, los recaudos entre enero de 2011 y julio de 2011 tan sólo han arrojado la irrisoria suma de 350 millones de pesos y lo peor es que al finalizar el año, el recaudo que se espera no supera los 1.500 millones para todo el año 2011. La ineficiencia del diseño tributario es evidente, obviamente contrario al querer de todos quienes participaron en ese diseño. Esto nos lleva a reflexionar y a proponer una solución al problema, volviendo eficaz y significativo el recaudo vía arancel. No se trata de cambiar un diseño por cambiarlo, surge la necesidad de hacerlo.

6. Coincidencias del proyecto de ley con el estudio elaborado por la Universidad Nacional de Colombia

El proyecto de ley que se somete a consideración del honorable Congreso de la República guarda coincidencias con el estudio elaborado en el marco del Contrato 233 de 2008, celebrado entre el Consejo Superior de la Judicatura y la Universidad Nacional de Colombia. Este contrato que tuvo por objeto la realización de estudios orientados a examinar las posibilidades de reglamentación del arancel judicial en los procesos contencioso administrativos, comerciales y civiles[10][10]. Entre las coincidencias más importantes se resaltan:

1. La reglamentación permite incluir la mayor categorización de procesos posibles, a fin de no incurrir en una asimetría o falsa cobertura general del tributo y, en consecuencia, generar desigualdad.

2. Salvo las excepciones consagradas, se gravan todos los procesos sin importar su cuantía. Lo anterior por cuanto, la mitad de la congestión en los despachos está constituida por demandas con sentencias menores a $50 millones. En efecto, si uno de los objetivos del arancel judicial es dar señales a los usuarios que los incentiven a disminuir la congestión debe establecerse para toda demanda, inclusive las de valores bajos.

3. La tarifa del arancel judicial debe ser del 2%, está en la media, así como también lo está el ingreso que se puede recaudar.

4. Se propone desde el punto de vista de manejo práctico y técnico que no haya tarifas diferenciales para emitir con una serie de discusiones a propósito de cuándo se aplica una u otra tarifa, y así como filtraciones para escapar al régimen de distintos niveles tarifarios[11][11].

5. Más allá de las exclusiones contempladas en la Ley Estatutaria no tiene sentido técnico incrementar el número de exoneraciones, excepciones o exclusiones, debe mantenerse el cubrimiento universal. La Universidad sugiere que no debe hacerse ninguna exclusión porque ya hubo una serie de excepciones previstas en la Ley Estatutaria, y no tiene ningún sentido técnico incrementar el número de estas, y al carecerse de razones técnicas, esto implicaría un tratamiento arbitrario en un sentido negativo.

7. Modificaciones que introduce el proyecto de ley en relación con el actual arancel judicial

Teniendo en cuenta las razones expuestas en apartes precedentes de esta exposición de motivos, el Gobierno Nacional considera que es necesario realizar las siguientes modificaciones al diseño legal del arancel judicial:

¿ Sujeto pasivo del tributo

Se establece como sujeto pasivo del tributo al demandante inicial y al demandante en reconvención. De la misma manera, estará a cargo del llamante en garantía, del denunciante del pleito o del ad excludendum, es decir, de quien tenga pretensión propia. Para proteger del derecho de acceso a la justicia y no vulnerar, en consecuencia, a la Carta Política, se exonera del pago del arancel a aquellas personas que no cuentan con recursos económicos suficientes, como es el caso de quienes pertenecen al Nivel 1 y 2 del Sisbén o quienes soliciten el amparo de pobreza, en los términos establecidos en el Código de Procedimiento Civil

En el derecho comparado, por regla general, esta obligación recae, en principio, sobre quién inicia las actuaciones, con independencia de que pueda reclamarle a su contraria el reintegro de las sumas pagadas si es condenada en costas y que sea ella quien soporte en definitiva en la proporción que corresponde. Esto determina que la norma obliga en primer lugar al actor, pero establece la traslación jurídica si la contraparte debe afrontar una parte o el total de las costas[12][12].

En la legislación argentina este diseño normativo se encuentra consagrado en el artículo 9 de la Ley 23.898 de 1990, disposición que reza textualmente:

ARTÍCULO 9º. La tasa será abonada por el actor, por quien reconviniere o por quien promueva la actuación o requiera el servicio de justicia, en las siguientes formas y oportunidades:

a) En los casos comprendidos en los incisos a), b), c), d), y h) del artículo 4º, la totalidad de la tasa en el acto de iniciación de las actuaciones, sin perjuicio a su posterior reajuste al tiempo de practicarse la liquidación definitiva, si esta arrojase un mayor valor que el considerado al inicio, con exclusión de los incrementos por actualización e intereses devengados desde el pago inicial de la tasa;

b) En las quiebras o liquidaciones administrativas, se pagará la tasa antes de cualquier pago o distribución de fondos provenientes de la venta de los bienes. En los concursos preventivos, el pago se efectuará al notificarse el auto de homologación del acuerdo, o la resolución que declara verificados los créditos con posterioridad, en su caso.

En los supuestos precedentes el síndico deberá liquidar la tasa de justicia bajo la supervisión del Secretario.

c) En los procedimientos especiales de reinscripciones de hipotecas y prendas, y en los oficios librados a ese efecto por jueces de otras jurisdicciones, la totalidad de la tasa se pagará en el acto de iniciarse las actuaciones;

d) En los juicios sucesorios y en las protocolizaciones e inscripciones de testamentos, declaratorias de herederos e hijuelas extendidos fuera de jurisdicción nacional, en la oportunidad de la inscripción de la declaratoria de herederos, o del testamento aprobado judicialmente;

e) En los juicios de separación de bienes, cuando se promoviere la liquidación de la sociedad conyugal o se la instrumentare por acuerdo de partes, pudiendo cada cónyuge pagar la tasa por su cuota parte, sin que ello signifique extinguir la solidaridad frente al fisco;

f) En las peticiones de herencia, al determinarse el valor de la parte correspondiente al peticionario;

g) En los juicios derivados de las relaciones jurídicas vinculadas con el contrato de trabajo, la tasa será abonada una vez firme la sentencia de condena y la primera liquidación que deba practicarse;

h) En los casos del artículo 3º inciso g) la tasa deberá abonarse dentro del quinto día de recibidos los autos ante el Tribunal que entendiere en el recurso, previa intimación por cédula que se practicará en la forma y condiciones que fije la Corte Suprema de Justicia de la Nación, bajo el apercibimiento que señala el artículo 11 de esta ley.

Por su parte, el ordenamiento jurídico español sigue esta misma línea, pues en el artículo 35 de la Ley 53 de 2002 se establece como oportunidad para el pago del arancel o tasa judicial los siguientes momentos procesales:

¿ Interposición del escrito de demanda.

¿ Formulación del escrito de reconvención.

¿ Interposición del recurso de apelación.

¿ Interposición del recurso extraordinario por infracción procesal.

¿ Interposición del recurso de casación.

¿ Presentación de la petición inicial del procedimiento monitorio y del proceso monitorio europeo.

Así mismo, el artículo 4° de la Ley 669 de 1995 del Estado Puertorriqueño establece que el pago de las tasas judiciales se acreditará mediante estampi llas judiciales adheridas al primer escrito presentado (por lo general, demanda) ante los Juzgados y Tribunales o mediante instrumentos de control debidamente autorizados, sin cuyo requisito no se impulsará  trámite a las actuaciones, salvo las excepciones previstas en esa ley.

¿ Hecho Generador

Teniendo en cuenta las divergencias interpretativas que al interior de los Despachos Judiciales tiene la aplicación del artículo 4° de la Ley 1394 de 2010, se establece que este se genera en todos los procesos judiciales cuyas pretensiones recaigan sobre obligaciones de contenido dinerario. De esta manera, se clarifica el momento en que nace la obligación tributaria.

Tal y como lo ordena la Ley 1285 de 2009, ¿por medio de la cual se reforma la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia¿, se excluyen los siguientes procedimientos:

¿ Penales.[13][13]

¿ Laborales.[14][14]

¿ Contencioso laboral.[15][15]

¿ De familia.[16][16]

¿ De menores. [17][17]

¿ Juicios de control constitucional. [18][18]

¿ Acciones de tutela. [19][19]

¿ Demás acciones constitucionales (acción popular, acción de grupo, acción de cumplimiento). [20][20]

¿ Procesos contencioso administrativo.

Adicionalmente, están exoneradas de paga r en consideración al sujeto:

¿ Las personas jurídicas de derecho público.

¿ Las personas de escasos recursos cuando se decrete amparo de pobreza. [21][21]

¿ Las personas de los niveles de Sisbén 1 y 2.[22][22]

¿ Tampoco podrá cobrarse el arancel de que trata la presente ley al Colector de Activos Públicos -CISA-, cuando este intervenga como titular en procesos judiciales.[23][23].

¿ Base Gravable

Se establece como base gravable del tributo, las pretensiones dinerarias de la demanda.

Para evitar la elusión del arancel judicial derivado de la subvaloración de las pretensiones, se establece que el juez no podrá conceder al demandante una suma superior a la indicada en el juramento estimatorio. Con esta modificación, incluso, se termina de perfeccionar la muy conveniente modificación que la Ley 1395 de 2010 le introdujo al artículo 211 del Código de Procedimiento Civil, dándole alcance probatorio al juramento estimatorio en la cuantificación económica de las pretensiones y la consecuente sanción al demandante que las supervaloraba, lo que a la postre terminó en la subvaloración de las mismas con la salvaguarda de congruencia en las ya famosas frases ¿o la suma que resulte probada¿, ¿o una suma no menor a¿, entre otras argucias.

Con esta reforma, el demandante no podrá ni supervalorar ni subvalorar las pretensiones, cumpliéndose el propósito previsto en la Ley de Descongestión Judicial (Ley 1395 de 2010, pero también, el propósito de evitar la elusión del arancel judicial por la vía de la subvaloración de las pretensiones.

¿ Tarifa

En aras de que el arancel judicial no se convierta en una barrera de acceso a la administración de justicia, se mantiene en el dos por ciento (2%) la tarifa del tributo sobre el valor total de las pretensiones dinerarias de la demanda. La tarifa acogida en la Ley 1394 de 2010 es razonable y aquí se mantiene.

Así mismo, se elimina el sistema de tarifa diferencial prevista en la ley cuya derogatoria se pretende.

Sobre la viabilidad constitucional de cobrar anticipadamente el arancel judicial, la Corporación Excelencia en la Justicia ha explicado que en la Sentencia C-713 de 2008[24][24] la Corte Constitucional no pronunció nada al respecto, ¿en cambio, sí reiteró expresamente que los costos del proceso no afectan el principio de gratuidad, que en todo caso, no es absoluto. Los cobros anticipados en el proceso no se han entendido necesariamente como una limitación constitucional del acceso a la administración de justicia[25][25]¿.

Tampoco en la Sentencia C-368 de 2011[26][26] que declaró la exequibilidad de la Ley 1394 de 2010, cuya derogatoria se pretende, se hace expresa mención de la inconstitucionalidad de un arancel judicial cobrado de manera anticipada, pues en dicha providencia lo que se advierte es la reiteración de la constitucionalidad y beneficios del arancel judicial y se hace alarde de que este se cobra es al finalizar el proceso y dependiente del recaudo, sin que ello quiera decir, que el legislador, en uso de su configuración legislativa no pueda crear o diseñar otro mecanismo, forma o estructura para el arancel judicial. Dicho de otra manera, si bien la Corte Constitucional llama la atención sobre la bondad del cobro de la contribución al finalizar el proceso, también es cierto que de manera alguna ha manifestado esa Corporación, la inconstitucionalidad de su cobro al presentarse la demanda, pues ese no era el diseño que estaba cotejando con la luz de la Constitución Nacional.

8. El Arancel Judicial en el Derecho Comparado

Al revisar algunas de las legislaciones de los países que han implementado aranceles o tasas judiciales, se verifica que existe gran diferencia en el diseño de estos, pues su estructura legal depende de las condiciones propias de cada país y sus necesidades.

El siguiente cuadro muestra los rasgos distintivos del arancel judicial en Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Estados Unidos, Paraguay, Puerto Rico y Uruguay.

País

Materias en que se aplica

Actos o trámites que se gravan

Sujeto Pasivo

Tarifa

Cómo se cobra

Argentina

Civiles y Comerciales

Demanda

Demandante inicial y demandante en reconvención (permite que se traslade al vencido en juicio y tienen amparo de pobreza)

3% de lo demandado

Lo cobra directamente el Poder Judicial.

Brasil

Civiles y Comerciales. Se eximen los juicios penales, los recursos de hábeas data y hábeas corpus y los juicios de pequeñas causas.

Demanda

(Por la interposición de recursos debe cancelarse una tasa independiente)

Demandante (permite que se traslade al vencido en juicio a título de costas)

Estado de Amazonas: 9,5% de lo demandado Estado de Rio de Janeiro: 4,4% de lo demandado Estado de Sao Paulo: 1,1% de lo demandado

Depósito Bancario

Bolivia

Todas las materias, salvo la defensa del imputado en juicios penales.

Demanda y una tasa adicional por cada uno de los actos y trámites procesales.

Demandante y Demandado (al contestar la demanda) (tienen amparo de pobre za)

4% de lo demandado

Estampilla de impuesto que debe adherirse a la solicitud.

Estados Unidos 

Su Sistema Judicial lo conforman Cortes Federales y Estatales. Por ende, cada Estado posee la facultad de establecer las tasas judiciales que estime adecuadas. En general se encuentran exentas de este cobro las siguientes materias:

- Los juicios criminales.

- Los casos donde se reclaman exclusivamente alimentos.

- La interposición de recursos de hábeas corpus.

Demanda 1. Presentación y Contestación de demandas 2. Citaciones 3. Apelaciones  4. Interposición de cualquier recurso extraordinario.

Quien realiza el acto gravado o que solicita algún servicio del Tribunal. (Permite que se traslade al vencido en juicio a título de costas).

Permiten que se exonere del pago del arancel cuando el solicitante no tiene capacidad económica para cancelarlo.

US$150 (Promedio en el país)

El usuario debe realizar el pago en la Secretaría del Tribunal. Los pagos se pueden efectuar en efectivo, cheque o giro bancario.

Paraguay

Todas las materias, incluyendo las de familia y penales. Están exentos de arancel:

- Procesos donde el Estado es demandante.

- Procesos laborales

- Juicios por la Patria Potestad del Menor.

- Procesos de alimentos.

- Acciones de amparo (Acción de Tutela en Colombia).

- Las peticiones de hábeas corpus y hábeas data.

- La defensa en el fuero criminal.

Demanda

Demandante (permite que se traslade al vencido en juicio)

0.6% de lo demandado (si excede US$6.600)

Estampilla de Impuesto que debe adherirse a la solicitud.

Puerto Rico

Civiles y Comerciales. Están Exentos:

- Procesos de Alimentos.

-  Procesos de declaración de la paternidad

- La interposición de recursos de hábeas corpus

- Demanda.

- La primera alegación del demandado, sea contestación o una moción frente al tribunal de primera instancia.

- Citaciones.

- Embargos

- Interposición de recursos.

Quien realiza el acto objeto del gravamen o solicita algún servicio del tribunal.

Dependerá del acto o trámite específico. Por ejemplo, para la presentación de una demanda frente al Tribunal de Primera Instancia, o la contestación de la misma, se debe cancelar un arancel de 40 dólares. Por cada diligencia de emplazamiento, 4 dólares.

Compra de sellos de rentas internas para la Rama Judicial. Estos sellos deben ser adheridos por los secretarios y alguaciles al margen o al pie de los documentos o escritos.

Puerto Rico

Civiles y Comerciales. Están Exentos:

- Procesos de Alimentos.

-  Procesos de declaración de la paternidad

- La interposición de recursos de hábeas corpus

- Demanda.

- La primera alegación del demandado, sea contestación o una moción frente al tribunal de primera instancia.

- Citaciones.

- Embargos

- Interposición de recursos.

Quien realiza el acto objeto del gravamen o solicita algún servicio del tribunal.

Dependerá del acto o trámite específico. Por ejemplo, para la presentación de una demanda frente al Tribunal de Primera Instancia, o la contestación de la misma, se debe cancelar un arancel de 40 dólares. Por cada diligencia de emplazamiento, 4 dólares. Por cada escrito de apelación civil, 50 dólares.

Compra de sellos de rentas internas para la Rama Judicial. Estos sellos deben ser adheridos por los secretarios y alguaciles al margen o al pie de los documentos o escritos.

Uruguay

Civiles y Comerciales

Demanda y una tasa adicional por cada uno de los actos y trámites procesales.

Quien realice el acto o trámite objeto del gravamen.

El Timbre Palacio de Justicia tiene un valor de 221 uruguayos (8 dólares). El impuesto judicial oscila entre los 20 y 179 uruguayos (o sea, entre los 0,75 y 6 dólares, aproximadamente) dependiendo de la cuantía del juicio. La tasa de ejecución judicial corresponde al 1 % sobre el monto del capital e intereses objeto de la ejecución.

La Suprema Corte de Justicia emite y recauda los distintos valores judiciales.

 

Fuente: Centro de Justicia de las Américas.

El cuadro anterior ilustra de manera significativa que el diseño de arancel judicial que aquí se propone encuentra en el Derecho Comparado y concretamente en el de América, similitudes importantes con lo que se quiere con este Proyecto de Ley de Arancel y que son muy diferentes al diseño de arancel que previó el legislador en la Ley 1394 de 2010, que se pretende aquí reemplazar.

Entre las coincidencias más importantes se resaltan:

¿ Por regla general el arancel judicial se cobra en procesos de naturaleza civil y comercial. Así sucede en Argentina, Puerto Rico, Uruguay y Brasil. La mayoría de países exime a los juicios penales, los procesos de familia y los juicios en donde hay amparos de pobreza o figuras similares.

¿ Todos los países objeto de estudio cobran anticipadamente el arancel judicial (Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Estados Unidos de América, Paraguay, Puerto Rico y Uruguay).

¿ Por regla general deben pagar las tasas los actores o demandantes (es lo que sucede, por ejemplo, en Brasil), aunque también ello se hace extensivo en muchos casos a los demandantes reconvencionales (Argentina). En Ecuador , Estados Unidos, Puerto Rico y Uruguay, los demandados deben también pagarlas por el hecho de contestar la demanda. En los casos en que lo que se grava son trámites, como en Bolivia, Ecuador, Estados Unidos, la parte que efectúa o solicita el trámite debe pagarla[27][27].

¿ En todo caso, en algunos países se dispone expresamente que el litigante perdedor que deba pagar las costas del juicio debe también hacerse cargo de restituir a su contraparte el importe que haya pagado por concepto de arancel (Argentina, Brasil, Estados Unidos, Paraguay y Perú)[28][28], lo cual es elemental criterio de equidad y restablecimiento de derechos.

¿ La mayoría de los países han establecido beneficios de pobreza o de litigar sin gastos, lo que implica que las personas carentes de recursos quedan exentas de ellas (Argentina, Bolivia, Estados Unidos y Perú)[29][29], como también algunos temas, fundamentalmente los laborales y los penales.

¿ Los países, por regla general, establecen como base gravable el monto de lo demandado. Tal es el caso de Argentina, Bolivia y Ecuador.

Por todo lo expuesto anteriormente, someto a consideración del honorable Congreso de la República el presente proyecto de ley, que tiene como fin la generación de los recursos que, en un marco de equidad y eficiencia, permitan adelantar cuantas acciones sean necesarias para la descongestión, la implementación del sistema oral a nivel nacional y, en general, el fortalecimiento de la Administración de Justicia, estando lo aquí expuesto, como ha podido advertirse, a tono con el derecho comparado de países del hemisferio americano, quienes, en buena medida, han entendido también que debe haber arancel judicial y que este debe diseñarse de manera razonable.

De los honorables Congresistas,

Germán Vargas Lleras,

Ministro de Interior y de Justicia.

CÁMARA DE REPRESENTANTES

SECRETARÍA GENERAL

El día 27 de julio de 2011 ha sido presentado en este Despacho el Proyecto de ley número 019 con su correspondiente Exposición de Motivos. Por el Ministro del Interior y de Justicia, doctor Germán Vargas Lleras.

El Secretario General,

Jesús Alfonso Rodríguez Camargo.

 



 



[1][1] La Ley 1285 de 2009 reformatoria de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia denominó esta herramienta parafiscal: ¿arancel judicial¿.

 

< p class=MsoFootnoteText>[2][2] Corte Constitucional. Sentencia C ¿ 713 del 15 de julio de 2008. (M.P. Dra. Clara Inés Vargas Hernández).

 

[3][3] Caso Bayarri, párr.105; Caso Heliodoro Portugal, párr.148; Caso Valle Jaramillo y otros, Corte Interamericana de Derechos humanos.

 

[4][4] Congestión en la Jurisdicción Ordinaria. Corporación Excelencia en la Justicia. 2010.

 

[5][5] Alberdi, Juan Bautista. La tasa de justicia: el precio de la vigencia efectiva de los derechos. Buenos Aires.

[6][6] Ibídem.

 

[7][7] Corte Constitucional. Sentencia C-713 de 2008 citando a la Corte Suprema de los EEUU, caso Connally, Commissioner of Labor of Oklahoma, et al. v. General Construction Co. (1926), 269 U.S.  85, 391.

 

[8][8] Corte Constitucional. Sentencia C ¿ 368 del 11 de mayo de 2011. (M.P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).

 

[9][9] Ponencia para segundo debate al Proyecto de ley número 188 de 2009 Senado, 232 de 2008 Cámara, ¿por la cual se regula un arancel judicial¿.

 

[10][10]     Universidad Nacional de Colombia. De profundización para medir el monto de las pretensiones, estado de los procesos y partes procesales y estimar posibilidades para la reglamentación de arancel judicial en los procesos contencioso administrativos, comerciales y civiles. 2009.

 

[11][11]     Ibidem.

 

[12][12]     ALBERDI, Juan Bautista. La tasa de justicia: el precio de la vigencia efectiva de los derechos. Buenos Aires.

 

[13][13]     Ley Estatutaria de la Administración de Justicia (Ar-tículo 2° de Ley 1285 de 2001 que reformó el artículo 4° de la Ley 270 de 1996 y artículo 4° de la Ley 1394 de 2010).

 

[14][14]     Ibídem.

 

[15][15]     Ibídem.

 

[16][16]     Ibídem.

 

[17][17]     Ibídem.

 

[18][18]     Ibídem.

 

[19][19]     Ibídem.

 

[20][20]     Ibídem.

 

[21][21]     Ibídem.

 

[22][22]     Artículo 4° de la Ley 1394 de 2010.

 

[23][23]     Artículo 239 de la Ley 1450 de 2011 (Plan Nacional de Desarrollo).

 

[24][24]     Corte Constitucional. Sentencia C ¿ 713 del 15 de julio de 2008. (M.P. Dra. Clara Inés Vargas Hernández).

 

[25][25]     Propuesta de Ajuste al Modelo de Gestión de los Juzgados Civiles Municipales de Bogotá. Corporación Excelencia a la Justicia.

 

[26][26]     Corte Constitucional. Sentencia C ¿ 368 del 11 de mayo de 2011. (M.P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).

 

[27]< span lang=ES-TRAD>[27]     Vargas Viancos, Juan Enrique. Informe: Financiamiento Privado de la Justicia: Las Tasas Judiciales. Centro de Estudios de Justicia de las Américas.

 

[28][28]     Ibídem.

 

[29][29]     Ibídem.