PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE A LOS PROYECTOS DE LEY ACUMULADOS 161 DE 2008 SENADO, 188 DE 2008 SENADO

por la cual se dictan disposiciones relativas a la vigilancia y seguridad privada en Colombia; número 188 de 2008 Senado, por medio de la cual se regula el sector de la vigilancia y seguridad privada en Colombia y 285 de 2009 Senado, por la cual se crea el estatuto de la seguridad privada y se regula la prestación de este servicio por parte de particulares

Bogotá, D

Bogotá, D. C., 9 de diciembre de 2009

Doctor

JAVIER CACERES LEAL

Presidente

Honorable Senado de la República

Ciudad

Referencia: Informe de ponencia para segundo debate a los proyectos de ley Acumulados número 161 de 2008 Senado, por la cual se dictan disposiciones relativas a la vigilancia y seguridad privada en Colombia; número 188 de 2008 Senado, por medio de la cual se regula el sector de la vigilancia y seguridad privada en Colombia y 285 de 2009 Senado, por la cual se crea el estatuto de la seguridad privada y se regula la prestación de este servicio por parte de particulares.

Señor Presidente:

De acuerdo con el encargo impartido por el señor Presidente de la honorable Comisión Segunda de Relaciones Internacionales, Defensa y Seguridad Nacional, Comercio Exterior del Senado de la República, nos permitimos rendir el informe de ponencia para segundo debate de los Proyectos de ley números 161 de 2008 Senado, 188 de 2008 Senado, 285 de 2009 Senado acumulados y presentados por la honorable Senadora Marta Lucía Ramírez de Rincón, honorable Representante Nicolás Uribe Rueda, Senador Luis Elmer Arenas y otros; doctor Juan Manuel Santos Calderón, Ministro de Defensa.

I. HISTORIA DE LOS PROYECTOS

Los proyectos de ley fueron recibidos en la presente legislatura en la Secretaría General de Senado el 25 de septiembre de 2008, 11 de noviembre de 2008 y 14 de abril de 2009, respectivamente. Continuando con el trámite, la Comisión Segunda procedió a realizar el reparto a los Senadores ponentes.

En sesión del 28 de abril del año en curso, la Senadora Nancy Patricia Gutiérrez presentó proposición de acumulación de los proyectos.

En aras de garantizar transparencia y continuar con el proceso de concertación, así como de obtener la mayor información, inquietudes, sugerencias y recomendaciones, se realizaron Foros en las ciudades de Medellín y Bogotá. Los documentos y comentarios expresados por los empresarios y gremios en dichos foros reposan en la Secretaría General de la Comisión Segunda Constitucional Permanente de Relaciones Internacionales, Defensa y Seguridad Nacional, Comercio Exterior y Honores del honorable Senado de la República.

El texto para primer debate se aprobó en cinco sesiones de la Comisión Segunda los días 9, 10, 16, 17 y 18 de junio de 2009.

A.  ASPECTOS FUNDAMENTALES DEL PROYECTO DE LEY NUMERO 161 DE 2008 SENADO

Los autores de este proyecto de ley, explican el proyecto en mención y los alcances de sus propuestas por parte de la honorable Senadora Marta Lucía Ramírez y el honorable Representante Nicolás Uribe y otros, de la siguiente forma:

Licencia de funcionamiento de los servicios de vigilancia y seguridad privada:

¿Un grave problema que genera ilegalidad en la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada, lo constituye el exceso en la duración de los trámites para el otorgamiento de las licencias de funcionamiento, autorizaciones, credenciales y su renovación. Tal hecho va en desmedro de las empresas de vigilancia que ajustan su actuación a las normas y cumplen a cabalidad con los requisitos a que están obligados, es por esto que hemos consagrado un artículo que busca que los servicios de vigilancia y seguridad privada sepan con exactitud cuánto tiempo demorará la Superintendencia en otorgar la licencia de funcionamiento o su renovación.

Por otra parte es necesario que el Gobierno reglamente lo concerniente a la expedición de credenciales, pues nada impide que la Superintendencia pueda por acto administrativo motivado estipular las reglas, numeración y demás aspectos referidos a las credenciales, y que las empresas sean las encargadas de imprimir las mismas, por lo cual estipulamos que en el término de tres meses posteriores a la promulgación de la presente ley, el Gobierno Nacional por intermedio del Ministerio de Defensa Nacional reglamentará lo relativo a la credencial de identificación del personal directivo vigilante, escolta y tripulante, y tal reglamento indicará si la credencial la expide directamente la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada o esta autorizará a los interesados por medio de acto administrativo debidamente motivado, a proveerse de la misma, dentro de los lineamientos expuestos por el acto administrativo que así lo disponga.

De igual manera consagramos un término de vigencia indefinido de las licencias de funcionamiento para los servicios de vigilancia y seguridad privada y para las credenciales para asesores, consultores o investigadores, debido a que en la actualidad los servicios de vigilancia se ven afectados por la demora en los trámites ante la Superintendencia de V igilancia y Seguridad Privada, pues a pesar de haber cumplido a cabalidad los requisitos, no alcanzan a obtener la renovación de su licencia. Por otra parte para la Superintendencia resulta excesivo, ante la cantidad de servicios registrados, revisar cada 5 años la documentación de las personas naturales o jurídicas que prestan servicios de vigilancia y seguridad privada, lo anterior sin perjuicio, por supuesto, de la facultad que tiene esta entidad de revisar permanentemente que los servicios de vigilancia se adecuen en un todo al cumplimiento de las normas legales y reglamentarias a que deben sujetar su actuar.

Si bien es cierto que el problema de la ilegalidad y la informalidad en la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada ha aumentado la percepción de inseguridad en este sector, no es menos cierto que hay motivos transversales que contribuyen en alguna medida a esta ilegalidad. Ya reseñamos cómo el excesivo tiempo para expedir las licencias por parte de la Superintendencia contribuye a este problema, y sin ser una excusa sí ayuda a la inestabilidad y a la competencia desleal. En aras de poder abonar mecanismos para erradicar este problema, hemos dispuesto o creado una especie de amnistía consistente en que quienes estén en la ilegalidad, puedan ajustar su actuar a la legalidad sin ser objeto de sanciones, para ello tendrán un término de seis meses para hacerlo¿.

Contrataciones públicas del servicio de vigilancia y seguridad privada:

Por lo reseñado en este proyecto de ley, hemos visto cómo a nivel mundial el sector de la vigilancia y la seguridad privada provee ingentes recursos y es una verdadera fuente de empleo, no obstante el arribo de grandes empresas multinacionales, si bien puede contribuir a mejorar la oferta de servicios, puede también incidir en la eliminación progresiva de la oferta netamente nacional, por ello es necesario buscar mecanismos que protejan, en igualdad de condiciones de calidad, a la oferta nacional, con capital nacional y con socios nacionales. En este mismo sentido se busca proteger a la oferta local de la nacional.

De igual manera es usual en las entidades oficiales en los pliegos de co ndiciones o términos de referencia, exigir valores agregados para dar un mayor puntaje a los proponentes o exigir valores agregados como requisitos de la contratación, lo cual estimula la violación de las tarifas, motivo por el cual en este proyecto se prohíbe esta práctica¿.

Derechos del personal operativo y deberes de los servicios de vigilancia y seguridad privada:

¿El proyecto que presentamos busca mediante disposiciones de carácter legal, imponer a los servicios de vigilancia y seguridad privada ciertos deberes generales y obligaciones para con los vigilantes, guardas de seguridad y escoltas, como por ejemplo la exigencia de la capacitación, la dotación de calzado y vestido de labor y los uniformes, sin que se permita a las empresas descontar de las remuneraciones de los vigilantes, guardas de seguridad y escoltas suma alguna por tales conceptos, así mismo entregar al personal operativo los comprobantes de pago del salario y las prestaciones sociales legales, así como las copias de los recibos de pago a los sistemas de seguridad social integral y los aportes parafiscales.

Un factor esencial consiste en que deben garantizarles y brindarles las herramientas necesarias con el objeto de que puedan concurrir el día de las votaciones a las elecciones de los cargos o corporaciones públicas de elección popular con el objeto de ejercer su derecho al voto.

Es necesario definir y delimitar las características y las funciones que desarrolla el personal de los servicios de vigilancia y seguridad privada que compone su personal operativo, así mismo delimitar claramente el carácter laboral de su vinculación.

En el país vemos con total preocupación cómo los sitios o puestos de trabajo de los vigilantes y guardas de seguridad no están provistos de condicion es mínimas sanitarias y locativas, por ello urge las personas jurídicas y entidades oficiales que contraten servicios de vigilancia y seguridad privada, satisfagan los aspectos locativos del puesto de trabajo en donde desarrolla la labor el vigilante o guarda de seguridad y los materiales de la higiene en el mismo. Para el efecto mantendrán las áreas del servicio en condiciones suficientes en espacio y salubres; dotándolas de un cuarto de baño, el cual disponga de lavamanos, servicios sanitarios y material de aseo básico. El Ministerio de la Protección Social deberá supervisar permanentemente el cumplimiento de esta obligación.

El país recibe y agradece la política de seguridad democrática como un verdadero avance del país que ha permitido en gran medida la reactivación económica, social y un clima de inversión favorable. Al desarrollo de esta importante política ha contribuido de manera significativa el apoyo de la ciudadanía a través de las redes de apoyo y colaboración, como corolario del principio de solidaridad que anima el espíritu de nuestra Carta Política. En desarrollo de lo dispuesto por el Plan Nacional de Desarrollo en su capítulo de Política de Defensa y Seguridad Democrática, se establecieron acciones para enfrentar las amenazas a la ciudadanía. Es ahí donde las Redes de Apoyo y Solidaridad Ciudadana de los servicios de vigilancia y seguridad privada se articulan con la Seguridad Democrática.

Estas redes fueron creadas por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 3222 de 2002 en todo el país, con el propósito de enlazar los servicios de Vigilancia y Seguridad Privada con la Policía Nacional, como estrategia para prevenir y evitar la comisión de delitos. Por ello es necesario seguir estimulando estos mecanismos y en aras de tal objetivo la información ágil, veraz y oportuna que permita prevenir, evitar y disminuir la realización de hechos punibles, en especial los relacionados con el terrorismo, y que sea suministrada por el personal operativo de los servicios de vigilancia y seguridad privada, será recompensada a quien provea la información con una suma que establecerá el Ministerio de Defensa Nacional, la cual oscilará entre cinco (5) y diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Un importante aspecto de nuestro proyecto lo constituye el Auxilio de Jornada de Vigilante, que creamos en este proyecto de ley y el cual no constituye salario, pues no es una suma que reciba el vigilante para su beneficio, o para aumentar su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones. Esta suma, consistente en una cuarta parte de un salario mínimo mensual legal vigente, no se da como retribución del servicio, sino para que el guarda de seguridad pueda desempeñar mejor sus funciones.

Por último la expedición por parte del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, del certificado sobre antecedentes judiciales no tendrá ningún costo para el personal operativo de los servicios de vigilancia y seguridad privada, el cual está compuesto por los vigilantes, guardas de seguridad, supervisores, escoltas, tripulantes, operadores de medios tecnológicos y manejadores caninos. Ello porque el país debe buscar adaptarse a las nuevas tecnologías que permitirán en aras de evitar los trámites, tener un archivo o base de datos que obvien el costo de este certificado, y en este sentido un primer paso lo debemos dar para el personal operativo de la vigilancia y la seguridad privada. Y para finalizar hemos establecido el Día Nacional del personal operativo de los servicios de vigilancia y seguridad privada el cual corresponderá a la fecha de sanción de la presente ley y será conocido como el Día Nacional del Vigilante¿.

Régimen sancionatorio:

¿Con la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, y en hora buena, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada fue dotada de personería jurídica y se creó una contribución a favor de la misma que tendrá por objeto cubrir los costos y gastos que ocasione su funcionamiento e inversión, la cual estará a cargo de las personas naturales o jurídicas y los servicios sometidos a su control, inspección y vigilancia que se encuentran señalados en el artículo 4° del Decreto-ley 356 de 1994. Es decir que ahora la Superintendencia cuenta con más y mejores herramientas para ejercer sus funciones, por lo cual nuestro proyecto en armonía con lo anterior consagra que esta entidad podrá en todo momento consultar los archivos de la Policía Nacional y de otros organismos de seguridad del Estado y cualesquiera otras entidades públicas o privadas que puedan tener información relevante para la labor de inspección, vigilancia y control de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y adoptará las medidas necesarias, cuando se determine que las circunstancias que dieron lugar a la concesión de una licencia de funcionamiento o credencial hubieren variado, o que una persona natural o jurídica se encuentre prestando servicios de vigilancia y seguridad privada sin licencia de funcionamiento o encontrándose esta vencida.

Uno de los aspectos más importantes del presente proyecto de ley lo constituye el Régimen Sancionatorio y para el efecto estamos modificando en su integridad el Título VI del actual estatuto, buscando castigar la ilegalidad en la prestación de los servicios, la ilegalidad en la adquisición de los servicios y generando mecanismos efectivos para controlar, reprimir y garantizar la aplicación de las normas estatuidas a favor de los trabajadores vigilantes, guardas de seguridad y escoltas. No dejamos de lado, como debe ser, las herramientas tendientes a combatir también a las empresas que prestan servicios de manera legal pero que no cumplen las diferentes normas a las que deben sujetar su actuar.

Por lo anterior dentro del ámbito de aplicación del presente proyecto de ley y en aras de dotar a la Superintendencia de las herramientas que en la actualidad no tiene, consagramos que esta entidad impondrá medidas cautelares y sanciones administrativas a las personas naturales o jurídicas que realicen actividades exclusivas de los vigilados sin contar con la debida autorización, a las personas naturales, jurídicas o entidades oficiales que contraten servicios de vigilancia y seguridad privada con empresas que no tengan licencia de funcionamiento, o que la misma se halle vencida y a los vigilados que infrinjan las disposiciones establecidas en el Decreto-ley 356 de 1994, a sus reglamentos y demás normas que se deriven del mismo, sin perjuicio de las acciones penales o civiles que correspondan. En el actual estatuto, a los ilegales solo les puede imponer la Superintendencia medidas cautelares¿.

Instituciones educativas de formación en seguridad privada:

¿Las Instituciones de formación en Seguridad Privada enmarcadas dentro de las nuevas políticas educativas del Estado, y por su característica especial, deben modernizar y mejorar los programas de acuerdo con las necesidades y demandas del sector productivo, garantizando mayor cobertura, pertinencia, flexibilidad y servicios de calidad que contribuyan a la competitividad nacional e internacional.

La reforma al sistema educativo en Seguridad Privada, debe partir pues, de una visión amplia y abarcadora de la situación social, económica y productiva y los desafíos del régimen político nacional e internacional. El mundo está expe rimentando transformaciones aceleradas que demanda cambios en los ámbitos anteriores.

Las necesidades de protección de las personas, empresas y comunidades a raíz del incremento del terrorismo y la delincuencia, exigen personas con verdaderas competencias para cumplir con esas necesidades; así como el avance de la tecnología, exige personas preparadas en el Sector.

Así como se visualiza la prestación de multiservicios de seguridad, es posible que una apertura en los sistemas de educación en campos relacionados con la seguridad, sea de gran beneficio para el sector.

La generación de unos 170.000 empleos en seguridad tendría un alto impacto socioeconómico si estos pudieran mejorar su calidad mediante un sistema educativo abierto e incluyente. La capacitación actual está motivada casi exclusivamente por las credenciales. El título de idoneidad del estudiante debe refrendarse periódicamente siendo la única actividad, profesión u oficio que tiene esta característica.

Los retos que ha tenido que enfrentar la Seguridad Privada en Colombia, es la de elaborar un Sistema de Capacitación que llene todas las expectativas del Gobierno, las empresas, los alumnos y los usuarios. Pero cada día la necesidad de la demanda y calidad de los servicios de seguridad, requiere de personal altamente formado y capacitado. La Seguridad Privada se encuentra en una búsqueda de un Sistema estable y estructurado de Formación y Capacitación eficaz, actualizado y eficiente.

La alta rotación de personal en las empresas es ocasionada por la ausencia de un futuro promisorio para el personal involucrado en la seguridad. Esta falla se cerraría con un sistema de educación de alta calidad y amplitud formativa y capacitadora, facilitando el aprendizaje permanente y a lo largo de toda la vida, con una metodología de formación Modular bajo el nuevo esquema de competencias laborales.

La Constitución Política de Colombia, en su artículo 26 nos dice: ¿Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley podrá exigir títulos de idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones. Las ocupaciones, artes u oficios que exijan formación académica son de libre ejercicio, salvo aquella que impliquen un riesgo social¿.

Los controles de requisitos son inefectivos, debiendo ser también de procesos y de resultados. Los programas, que demuestren ante un escrutinio de pares, coordinados por la Superintendencia, pueden ser avalados por esta. Sin evaluación, no hay referentes para saber cómo estamos cumpliendo con los objetivos definidos; se carece de los elementos para ubicar las razones y las causas de los éxitos y fracasos. Sin evaluación, no se dispone de la información sistematizada y pertinente para encontrar los correctivos y los estímulos necesarios para avanzar en la dirección definida. Sin evaluación se carece de elementos de comparación para medirnos con respecto a otros sistemas y modelos educativos.

Por otra parte, el Sector incursiona en el Sistema Nacional de Formación para el trabajo creando la Mesa Sectorial y apoyando el desarrollo de las Normas para el sector con fines de certificación, lo cual nos obliga a reevaluar nuestros procesos de formación frente a las normas aprobadas.

En el estudio de caracterización del sector, en el análisis de la matriz DOFA dentro de las relacionadas están: ¿los programas académicos los cuales requieren de una actualización debilidades tanto en ¿contenidos¿ como en intensidad para cumplir con los requerimientos de los clientes; y en las oportunidades es ¿Trabajar un nuevo modelo de formación por competencias¿.

En este sentido y sin perjuicio de las competencias propias de las Instituciones Educativas de formación en Seguridad Privada autorizadas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) promoverá y suscribirá convenios de cooperación especial con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, con los gremios constituidos legalmente en el Sector y con las Instituciones Educativas de formación en Seguridad Privada autoriz adas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, los cuales tendrán por objeto contribuir a la profesionalización del oficio del vigilante y el guarda de seguridad, atendiendo las necesidades específicas de capacitación y el desarrollo integral de competencias laborales sin costo alguno para los vigilantes y los guardas de seguridad¿.

B. ASPECTOS FUNDAMENTALES DEL PROYECTO DE LEY NUMERO 188 DE 2008 PRESENTADO POR EL GOBIERNO NACIONAL

El Proyecto de Ley de Vigilancia y Seguridad Privada que presentó el Gobierno a consideración del Congreso de la República se fundamenta en tres premisas básicas, tal como lo explica la exposición de motivos:

¿(i) Estimular el desarrollo empresarial y la generación de empleo, a través de la fijación de barreras de acceso al mercado y la simplificación de trámites y procedimientos y (ii) volcar nuevamente a la Supervigilancia hacia su verdadera vocación misional como ente de control, inspección y vigilancia sobre el sector y iii) mejorar los esquemas de protección laboral de los empleados del sector.

Sobre estos pilares la nueva norma, incorpora una nueva visión sobre las actividades del sector, diferenciando los departamentos de seguridad, y servicios comunitarios de seguridad privada, de las organizaciones de vigilancia privada.

Los primeros, responden a la necesidad de que particulares, dependiendo del nivel de riesgo certificado por agentes competentes, puedan proveerse a sí mismos su seguridad y se configuran en esta norma bajo un nuevo enfoque, estableciendo límites para su conformación en aras a ejercer un mayor control sobre los mismos. En este orden de ideas, solo podrán ser solicitados por parte de personas jurídicas ¿exceptuándose las empresas unipersonales ¿, con lo cual se busca la personalización de un ¿titular visible¿ que asuma los riesgos y las responsabilidades de las actividad que le son inherentes a su naturaleza.

Por otro lado, se redefinen los servicios comunitarios de seguridad privada, con el propósito de que las comunidades organizadas se puedan proveer su protección en determinados casos y solamente dentro del área urbana donde tienen asiento. Estos deberán cumplir con los requisitos exigidos por las normas sobre su conformación y operación, entre otras, el establecimiento de pólizas de seguros, capacitación, identificación, salarios, afiliación a las redes de apoyo, entre otros.

Respecto de las organizaciones de vigilancia privada, se definen como las personas jurídicas que con ánimo de lucro ejercen actividades de vigilancia para ser prestados a terceros.

Se establecen mayores barreras de acceso al mercado, con el ánimo de garantizar la calidad y eficiencia en las actividades que desarrollan, entre las que se destacan: el aumento del capital mínimo social para su conformación, se fijan requisitos especiales para las actividades que desarrollarán en sus diferentes modalidades y se exigen sistemas de autogestión.

El proyecto de ley, radicado por el Gobierno Nacional a través del señor Ministro de la Defensa Nacional consta de 140 artículos, por medio de los cuales se regula el sector de la vigilancia y la seguridad privada, estructurado de la siguiente manera:

TITULO I

¿ El Capítulo I se encuentra comprendido por las disposiciones generales de la n orma, tales como el objeto de la ley, la redefinición de los conceptos de vigilancia y de seguridad privada, la potestad discrecional del Estado, la clasificación de las actividades que comprende la vigilancia privada y sus modalidades.

¿ En el Capítulo II se describen los principios, deberes y obligaciones que deben cumplirse por parte de los actores del sector en desarrollo de sus actividades.

¿ En el Capítulo III se consagra la naturaleza jurídica de la Superintendencia, sus objetivos y funciones.

 TITULO II

Se especifican los requisitos comunes que se requieren para el licenciamiento de los esquemas de autoprotección y está comprendido por:

¿ El Capítulo I, define las organizaciones de seguridad privada y se establecen sus requisitos especiales habilitantes.

¿ El Capítulo II, define los servicios comunitarios de seguridad privada, identificando en cada uno sus requisitos especiales habilitantes.

TITULO III

< span lang=ES-TRAD style='font-size:11.5pt;line-height:120%; font-family:"Arial Narrow";color:black;mso-ansi-language:ES-TRAD'>¿ El Capítulo I, detalla los requisitos comunes que las organizaciones de vigilancia privada requieren para obtener el permiso de operación por parte del Estado.

TITULO IV

Contempla la clasificación de las organizaciones de vigilancia privada y los requisitos especiales que se deben cumplir para su autorización, de acuerdo con las actividades que cada una desarrolla así:

¿ Capítulo I, vigilancia humana

¿ Capítulo II, vigilancia electrónica

¿ Capítulo III, transporte de valores

¿ Capítulo IV, sistema de capacitación y entrenamiento en vigilancia y seguridad privada

¿ Capítulo V, actividades de producción, comercialización, distribución y arrendamiento de elementos destinados a la vigilancia y seguridad privada

¿ Capítulo VI, arrendamiento de vehículos blindados

¿ Capítulo VII, inscripción en el registro

¿ Capítulo VIII, consultoría y asesoría en vigilancia y seguridad privada

¿ Capítulo IX, en este, se definen las actividades de seguridad especializada y se consagra la posibilidad de que las organizaciones de vigilancia privada desarrollen estos nuevos mercados bajo delegación del Estado.

TITULO V

Mediante el cual, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, establece la facultad de regulación de los precios del mercado, a través de la fijación de unas tarifas mínimas determinadas para el desarrollo de las actividades de vigilancia privada.

TITULO VI

Se hace mención en este título, de los medios que los esquemas de autoprotección y las organizaciones de vigilancia privada pueden utilizar en el desarrollo de sus actividades, así:

¿ C apítulo I, armas de fuego, armas letales y no letales

¿ Capítulo II, animales

TITULO VII

Consagra la regulación del ingreso del capital extranjero a las organizaciones del sector de la vigilancia privada en Colombia.

TITULO VIII

Se relaciona con el monto y procedimiento de la contribución que deben cancelar los esquemas de autoprotección y las organizaciones de vigilancia privada.

TITULO IX

Establece el régimen de inhabilidades y la remoción de los administradores, representantes legales y coordinadores de seguridad, por parte del órgano de control.

TITULO X

Este título contiene las disposiciones sobre el régimen de intervención de las Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada a las organizaciones del sector.

TITULO XI

Consagra las funciones de inspección y control de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, comprende:

¿ Capítulo I, establece la potestad sancionatoria de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y los principios que garantizan el debido proceso en la administración.

¿ Capítulo II, determinación de las faltas.

¿ Capítulo III, determinación de las sanciones

¿ Capítulo IV, establece el procedimiento administrativo sancionatorio de la entidad

¿ Capítulo V, determinación de las medidas cautelares

¿ Capít ulo VI se ocupa de la caducidad.

¿ Capítulo VII, se ocupa del trámite de quejas y solicitudes.

TITULO XI

Disposiciones finales

TITULO XII

Consagra los artículos de tránsito legislativo de la norma vigente a la nueva que se expide¿.

Explicación del Proyecto de ley número 285 de 2009, presentado por el honorable Senador Luis Elmer Arenas:

Este proyecto de ley presentado ante la Secretaría General de Senado, inició trámite en comisión en el mes de abril, al cual se le nombraron ponentes por todas las bancadas representadas en la Comisión Segunda. El autor del proyecto lo justifica de la siguiente forma:

¿En la década de 1960 se presentan las primeras necesidades para que el sector privado coadyuvara en la prestación de los servicios de seguridad en algunas instituciones, particularmente en lo que tiene que ver con el transporte de valores.

En principio esta actividad estuvo controlada por la Policía Nacional a través de una célula creada en la Sijín o antiguo F2 en coordinación con el Departamento Administrativo de Seguridad ¿DAS¿, pero con el correr del tiempo y ante el surgimiento tanto de las necesidades del servicio como de la oportunidad de crear empresa, este control se trasladó al Ministerio de Defensa Nacional.

Fueron muchas las disposiciones que se dictaron en la medida en que las necesidades lo exigieron y las falencias que en la prestación del servicio se presentaron, entre otras la del uso y porte de uniformes e insignias y la forma de alimentar las bases de datos del personal que prestaba este servicio, pero solamente a partir de 1993 y en el marco regulatorio de la Constitución Nacional de 1991 se expide la Ley 61 de 1993, la cual le confiere al Presidente de la República facultades extraordinarias para, entre otras cosas; reglamentar todo lo concerniente a las actividades de vigilancia y seguridad privada y de armas, lo cual se hizo mediante el Decreto-ley 356 febrero de 1994.

La Ley 62 de 1993, crea la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, como entidad adscrita al Ministerio de Defensa Nacional, como el ente encargado de ¿ ejercer control inspección y vigilancia sobre todas las personas naturales y jurídicas que desarrollen actividades de vigilancia y seguridad privada y sus usuarios, de conformidad con lo establecido en la ley¿.

Después de 15 años de vigencia de la norma regulatoria y de la entidad de control el sector de la vigilancia y seguridad privada evolucionó, y el marco normativo y la entidad de control se quedaron cortos, sumado a que por la falta de claridad en las disposiciones se han creado marcos regulatorios adicionales que impiden el ejercicio práctico de estas actividades, no solamente por los niveles de corrupción que generaron sino por que en el afán de establecer controles se expidieron disposiciones que en vez de agilizar entraban¿.

Antecedentes del sector y de la entidad de control:

Conforme la exposición de motivos del Senador Luis Elmer Arenas y lo planteado en el proyecto del Gobierno, los antecedentes del sector y de la entidad de control son los siguientes, los cuales se copian de manera literal.

El sector de la vigilancia y la seguridad privada en Colombia tiene su inicio aproximadamente 40 años atrás cuando llegaron algunas empresas extranjeras a prestar algunos servicios y otras nacionales los prestaban de manera poco regulada. Los primeros intentos de formalización desde el punto de vista regulatorio se dieron en la década de los 60 bajo la tutela de la Policía Nacional (PONAL) y posteriormente en el Ministerio de Defensa (MDN), etapa que duró hasta el inicio de la década de los noventa[1][4].

Es a partir de 1993 y en el marco posterior a la expedición de la Constitución de 1991, cuando se desarrolla un marco regulatorio específico para este sector. La Ley 61 de este año, la cual le confiere al Presidente de la República facultades extraordinarias para, entre otras cosas; reglamentar todo lo concerniente a las actividades de vigilancia y seguridad privada y de armas fue complementada con la Ley 62 del mismo año, la cual crea la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Fue creada como entidad adscrita al Ministerio de Defensa Nacional, como el ente encargado de ejercer ¿¿control, inspección y vigilancia sobre todas las personas naturales y jurídicas que desarrollen actividades de vigil ancia y seguridad privada y sus usuarios, de conformidad con lo establecido en la ley¿[2][5].

Antes de la expedición de esta ley, el Ministerio de Defensa Nacional, se encargaba de expedir la reglamentación que regulaba la prestación de estos servicios. Como dato histórico, fueron el entonces Servicio de Inteligencia Colombiano ¿SIC¿ y posteriormente el DAS, a quienes les correspondió por primera vez desempeñar las labores de control sobre el sector.

Dentro de las primeras reglamentaciones en expedirse se encuentra la de los uniformes, por lo que en aquel entonces, la función de control se centraba esencialmente en alimentar y tener actualizada una base de datos con los servicios legales y verificar que estos cumplieran con las normas de utilización de uniformes y distintivos.

El Cuadro 1 ilustra la evolución del número de los servicios de este sector en los últimos años en Colombia hasta el 2007:

Cuadro 1

Evolución de los servicios de Vigilancia y Seguridad Privada en Colombia 1994-2007

 

Fuente: Caracterización ocupacional de la subárea de vigilancia y seguridad privada - SENA 2006 (Datos hasta 2005) / Datos 2006 y 2007 de la Supervigilancia.

 

Una vez creada la entidad de control, y en uso de las facultades extraordinarias, el Gobierno Nacional (GN) expidió en febrero de 1994 el Decreto-ley 356 de 1994, el cual es la norma general que con su desarrollo reglamentario es el marco legal que rige el sector hasta la fecha.

En términos generales el Decreto-ley 356 de 1994 establece:

(i) Los diferentes tipos de servicios de vigilancia y seguridad privada, como: empresas y cooperativas de vigilancia y seguridad privada, departamentos de seguridad, servicios especiales, servicios comunitarios de vigilancia y seguridad privada, servicios de capacitación y entrenamiento en vigilancia y seguridad privada, servicios de asesoría, consultoría e investigación en seguridad, fabricación instalación, comercialización y utilización de equipos para la vigilancia y seguridad privada y empresas blindadoras.

(ii) Para cada uno de los anteriores la norma establece los requisitos necesarios para su constitución y licenciamiento.

(iii) Así mismo, fija las modalidades y los medios para la prestación del servicio: sea humano, armas, med io canino, medio tecnológico, entre otros.

(iv) Establece las diferentes modalidades para la prestación y operación del servicio, como son: fija, móvil, escolta a personas, vehículos y mercancías;

(v) Señala igualmente los principios, deberes y obligaciones que rigen la prestación del servicio;

(vi) Igualmente se determina el régimen sancionatorio.

Después de 15 años de vigencia de la norma regulatoria y de la entidad de control el sector de la vigilancia y seguridad privada evolucionó y el marco normativo y la entidad de control deben adecuarse con el fin de poder ejercer un mejor y mayor control sobre un sector económicamente destacable, gran generador de empleos, pero que debe ser controlado por el Estado.

Situación actual del sector de la vigilancia y la seguridad privada:

Hoy en día el sector de la vigilancia y seguridad privada en Colombia se puede dividir en dos grandes grupos; los destinados a que personas naturales o jurídicas puedan ejercer su propia protección (departamentos de seguridad, servicios comunitarios y especiales) y los esquemas de vigilancia privada que derivan de su actividad un lucro comercial que son todos los demás.

Vale la pena mencionar varias cosas: primero que ya no estén servicios especiales vigentes en Colombia. Además que se hizo una depuración de información y además una estrategia de revisión de los departamentos de seguridad que a la fecha son un 40% menos qu e los que se tenían en el año 2006.

Otro punto a destacar es la aparición de arrendadoras de vehículos blindados cuya reglamentación es reciente y la separación de otros servicios de seguridad privada como son los departamentos de capacitación al interior de las empresas o departamentos de seguridad en refuerzo de las escuelas de capacitación para la preparación del personal asociado a estos servicios. Aparecen además las inscripciones en el registro que son las compañías que importan, comercializan y distribuyen equipos de seguridad y los consultores, asesores e investigadores como personas naturales.

Como resumen de los mismos se pueden observar los Cuadros 2 y 3 que muestran la distribución por tipo de servicios y la distribución regional de los mismos:

Cuadro 2

Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada Vigentes

 

Fuente: SuperVigilancia 2008 (Sedes Principales).

Si se analiza con cuidado el tema regional se puede observar la concentración de más del 60% de las sedes principales en Bogotá, seguido de Antioquia y Valle con un 8 y 9% respectivamente.

Es de anotar que estas cifras corresponden a las sedes principales de las empresas, pues la mayoría tienen agencias, sucursales o prestan servicios en las demás ciudades. El servicio de vigilancia privada es mayoritariamente urbano en los 25 principales centros urbanos de Colombia.

Cuadro 3

Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada Vigentes ¿ Regionales

 

CONSULTAR CUADRO EN ORIGINAL IMPRESO O EN FORMATO PDF

 

Fuente: Supervigilancia 2008 (Sedes Principales).

En lo que tiene que ver con el desempeño económico del sector, vale la pena anotar que durante el año 2007 el sector de la vigilancia privada o sea quienes venden el servicio recibió ingresos operacionales por 3.1 billones de pesos; por encima de sectores como el floricultor, bananero y el hotelero que registraron ingresos operacionales por 2, 1.2 y 0.8 billones de pesos, respectivamente; sectores económicos que son comparables entre sí por ser intensivos en mano de obra[3][6].

Al comparar los resultados de los ingresos operacionales del 2007 con los del año 2006, encontramos que el sector de la vigilancia y seguridad privada mostró un crecimiento del 25% en ingresos operacionales en el último año[4][7].

Dentro del conjunto de los servicios; las empresas armadas generaron ingresos operacionales en el año 2007, por 2.4 billones de pesos; empresas sin armas 165 mil millones; cooperativas 169 mil millones; transportadoras de valores 296 mil millones; empresas blindadoras y arrendadoras 91 mil millones y escuelas de capacitación 17 mil millones de pesos.

El Gráfico 1 muestra la comparación entre 2006 y 2007 de ingresos operacionales de los diferentes servicios de vigilancia privada.

Gráfico 1

Comparación de Ingresos Operacionales 2006-2007 [5][8]< /span>

 

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Más allá de los ingresos operacionales, cálculos de la Supervigilancia muestran que en el mismo periodo (2007), el sector presentó rendimientos sobre activos del 7,57% y sobre el patrimonio del 13,3%[6][9].

Por último dentro de este análisis, y según la clasificación del tamaño de las empresas por el total de activos, acogiendo los criterios que contempla la Ley 590 de 2000, encontramos que el sector de la vigilancia y la seguridad privada está conformada en un 8,2% en microempresas, 72,9% pequeñas empresas, 10,8% medianas empresas y 8,1% grandes empresas.

Si se analiza el Gráfico 2 se evidencia además la relación entre el tamaño del mercado y su participación en los ingresos:

Gráfico 2

Comparación del Tamaño de las empresas vs. Generación de Ingresos Operacionales

TOTAL SECTOR SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA[7][10]

 

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Fuente: Supervigilancia.

Además la vigilancia y la seguridad privada se ha convertido en uno de los sectores de mayor demanda de mano de obra dentro del conjunto de la economía nacional, comparable con sectores como el floricultor, bananero y hotelero, como quiera que en la actualidad existen 169 mil guardas de vigilancia privada que generan su sustento y el de sus familias en esta actividad, según las estadísticas que presenta la Policía Comunitaria ¿ DIPON¿.

Durante el año 2006 y tras una serie de situaciones que afectaron la confianza en la entidad de control, el Gobierno Nacional decidió, después de un estudio en el cual colaboraron el Ministerio de Defensa, el Programa de Renovación de la Administración Pública (PRAP) del Departamento Nacional de Planeación y el Departamento Administrativo de la Función Pública, expedir unos decretos de reestructuración.

Los Decretos 2355 y 2356 de 2006 tenían como propósito el de flexibilizar y profesionalizar la planta de personal e iniciar un proceso de modernización tecnológica buscando dotar a la Supervigilancia de los mecanismos y las herramientas de control, inspección y vigilancia, acordes con las nuevas realidades del sector y del rol de vigilancia y control que debía cumplir.

Estos decretos se pusieron en marcha en octubre de 2006. Paralelamente se revisó a la luz de la Política de Consolidación de la Seguridad Democrática el plan estratégico de la entidad el cual quedó plasmado en el documento ¿Plan Estratégico: Recuperando la Confianza Institucional 2006-2010¿, con el cual se inició el proceso de ajuste y modernización de la Supervigilancia en procura de enfrentar y superar las debilidades que afectaban el buen desempeño del ente de control.

El Plan Estratégico: Recuperando la Confianza Institucional 2006-2010 desarrolló todo un plan gerencial, que parte del reconocimiento del papel que le corresponde a la entidad dentro del Plan Nacional de Desarrollo: ¿Estado Comunitario Desarrollo para Todos 2006-2010¿.

En ese sentido, se estableció un nuevo plan con objetivos estratégicos que le permitiera a la Entidad complementar el proceso de reestructuración, al mismo tiempo de afrontar las debilidades estructurales de la Supervigilancia y responder de manera eficiente con las responsabilidades asignadas por el Gobierno Nacional.

Dentro de estos, los 3 grandes objetivos estratégicos fueron:

Fortalecimiento Financiero y Jurídico: En tal propósito La Superintendencia llevó a consideración del Congreso de la República, la aprobación de la cuota de contribución y de la personería jurídica. Esta entidad era la única de las Superintendencias que no tenía cuota de contribución y de manera responsable el Congreso aprobó la cuota de contribución y la personería jurídica a través de la Ley No. 1151 de 2007, por la cual se adoptó el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010. Esta cuota de contribución que es la forma en que los vigilados aportan recursos a la entidad posibilitará el fortalecimiento tecnológico y de recurso humano. A esta fecha se está terminando el proceso de recaudo cercano a los $ 7.000 millones de pesos.

Otro de los objetivos fue el fortalecimiento tecnológico cuya primera etapa se encuentra en curso.

Por último otro de los objetivos estratégicos que contempla el Plan Estratégico de la Supervigilancia, señala la necesidad de revisar el compendio de normas que regulan el sector y la urgencia de dotar a la entidad con las herramientas jurídicas y financieras que le permitan mejorar su actividad misional.

Es por ello que se decidió hacer un documento CONPES del sector, como el gran documento que definiera la política pública para la vigilancia y la seguridad privada, como un paso previo a la presentación de la Nueva Ley de Vigilancia y Seguridad Privada.

Así fue como el 9 de junio del año 2008 se aprobó el CONPES No. 3521 denominado: ¿Lineamientos de Política Pública para el sector de la Vigilancia y la Seguridad Privada en Colombia¿, en el cual el Gobierno Nacional hace nueve recomendaciones con el fin de incentivar el sector y fortalecer la labor de control de la Supervigilancia.

Una de las consideraciones que hace el CONPES, es la necesidad de que la Supervigilancia pueda, con la reserva del caso, compartir información con los organismos de inteligencia e investigación del Estado, que le permita en los proceso de licenciamiento y en el ejercicio del control, convalidar las actuaciones y antecedentes de sus vigilados.

Otra de las recomendaciones que se hacen, todas igual de importantes y trascendentes para el sector, señala la necesidad de presentar un proyecto de ajuste al marco normativo consagrado en el Decreto-ley 356 de 1994, conocido también como el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada, que incorpore además la visión que el Gobierno Nacional tiene de todo el sector y que precisamente está plasmado en el CONPES.

Por eso hoy, con la presentación de esta iniciativa, se concentran los esfuerzos hacia la presentación y sustentación de la nueva Ley de Vigilancia y la Seguridad Privada ante el honorable Congreso de la República.

Es importante resaltar que en el proceso de consolidación de la nueva Ley de Vigilancia y Seguridad Privada, y con el objeto de generar espacios para la participación y discusión de las diferentes propuestas, la Supervigilancia estableció un cronograma de encuentros y talleres regionales que se desarrollaron durante el último año.

En ese propósito se realizaron talleres regionales en Bogotá, Medellín, Pereira, Barranquilla, Bucaramanga, Villavicencio y Cali, en los que participaron más de 1.200 representantes del sector, entre gremios, empresarios, sindicatos, trabajadores y usuarios de los servicios.

De esta forma se han venido cumpliendo los objetivos estratégicos plasmados en el Plan Estratégico.

Redes de Apoyo y Solidaridad Ciudadana (RASC)

Estas redes tienen que ver con el papel que cumple la vigilancia privada dentro de la seguridad ciudadana, como instrumentos para la prevención y detección temprana de la comisión de delitos.

En efecto el Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, creó las redes de apoyo y solidaridad ciudadana, a través del Decreto 3222 de 2002, como mecanismo para que los más de 170 mil guardas estén conectados, en todas las ciudades del país con la Policía Nacional, suministrando información sobre hechos que pueden generar algún tipo de alertas, con lo cual en muchos casos la fuerza pública ha podido reaccionar de manera oportuna y evitar una serie de situaciones que atentaban contra la seguridad ciudadana.

Gráfico 3

Distribución de las Redes de Apoyo en el País

 

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Gracias a este ejercicio, ejemplarizante desde todo punto de vista del compromiso social y empresarial de estos empresarios, se han logrado evitar un sinnúmero de actos delincuenciales y terroristas, además que ha permitido el rescate de algunos secuestrados, al igual que se ha podido recuperar vehículos y mercancías robadas, entre otras.

Prospectiva del sector de vigilancia y seguridad privada

La decisión de ajustar el Decreto-ley 356 de 1994, se origina entonces en la necesidad de actualizar el marco normativo y ponerlo a tono con las nuevas tendencia del mercado y la demanda interna del servicio.

Hoy la realidad del país es otra, comparada a la de hace 14 años. Los resultados obtenidos a través de la Política de Consolidación de la Seguridad Democrática, han permitido restablecer los niveles de seguridad y de confianza pública en todo el territorio nacional, lo que a consideración del Gobierno Nacional, amerita una revisión profunda de los departamentos de seguridad.

Gráfico 4

Percepciones de Seguridad *

(2002-2006)

 

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* Porcentaje de empresarios que considera que los niveles de seguridad han mejorado Fuente: Encuesta de opinión ANDI, Cálculos Proexport

¿ Desarrollo del mercado y nuevos servicios

De otro lado, los avances tecnológicos y los nuevos sistemas de información y comunicación empiezan a marcar una nueva tendencia en la prestación del servicio, en el cual la operación a través de medios tecnológicos empieza a ganar un mayor espacio frente a los que operan con vigilancia humana.

Esta tendencia se ve reflejada en el crecimiento que han tenido las empresas de vigilancia sin armas en el último año que según la Oficina de Planeación de la Supervigilancia da cuenta de un aumento del 18%, mientras que las empresas armadas crecieron tan sólo el 16%.

En efecto, los avances en las telecomunicaciones han traído consigo un abanico de posibilidades y oportunidades de nuevos negocios, tales como: el monitoreo de activos fijos y móviles y otro tipo de servicios que integran una seria de servicios de distintas naturalezas en ¿safety¿.

Otro de los ejemplos, que da muestra de los cambios y las oportunidades de nuevos negocios, es el arrendamiento de vehículos blindados, movido en gran parte por el incremento de la inversión extranjera en el país, que ha sido, entre otros, uno de los factores que han llevado a que aumente la demanda de los servicios de la vigilancia y seguridad privada.

Por otro lado, la realidad del mercado y la demanda interna en Colombia, ha llevado a que se ofrezca el ¿empaquetamiento de servicios¿, es decir, que una misma empresa ofrezca y preste una serie de actividades relacionadas con la vigilancia privada.

Para tales efectos se ajustan las barreras de acceso, que permitan dentro de la multifuncionalidad garantizar la calidad en la prestación de los diferentes servicios. Quedan excluidas de esta las empresas transportadoras de valores, academias de capacitación, blindadoras y arrendadoras de vehículos blindados, quienes mantendrán su objeto único.

Posibilidad de acceso al capital extranjero en el sector:

Con los orígenes de la vigilancia privada en Colombia, hace aproximadamente unos 40 años, llegaron las empresas extranjeras a prestar algunos servicios de vigilancia privada, como en el caso las transportadoras de valores, entre otros[8][11].

De ahí que con la expedición del Decreto-ley 356 de 1994, se configurara un régimen de transición, que fijó que aquellas empresas constituidas con anterioridad al 11 de febrero de 1994 no podían aumentar su capital social extranjero y las nuevas no podrían conformarse con este.

Así, la citada reglamentación; se basó en establecer barreras de acceso al mercado como por ejemplo; que solamente pudieran ser sociedades limitadas; que no pudiera haber inversión extranjera con excepción de las transportadoras y otra serie de exigencias documentales que han volcado la operación de la SuperVigilancia a la verificación de estos requisitos formales, distrayéndola de su función de control, inspección y vigilancia.

No se tiene claridad sobre cuáles fueron las razones por las cuales el Decreto-ley 356 de 1994 estableció esas barreras de acceso solamente para las nuevas empresas que iniciaban su constitución, dejando habilitadas a aquellos que tenían sus empresas desde antes de 1994 ¿fecha de expedición de esta norma¿, lo cual ha generado un claro desequilibrio en las reglas de juego del sector[9][12].

Es así como hoy en día tenemos presencia de capital extranjero en el sector de la vigilancia y seguridad privada; en empresas de transporte de valores, pero también empresas de vigilancia y seguridad privada, todas lógicamente constituidas antes de 1994.

En tal sentido la nueva Ley de Vigilancia y Seguridad Privada contempla el ingreso de capital extranjero, con un doble propósito: el primero generar igualdad de condiciones que estimule la sana competencia y el segundo, crear fuentes alternas de recursos que promuevan el desarrollo empresarial.

En el corto y mediano plazo esto permitirá la renovación tecnológica y la generación de empleo calificado en el sector.

No obstante, como quiera que más del 90% del sector está constituido por micro, pequeña y mediana empresa, se contemplan una serie de mecanismos de protección empresarial a nuestros nacionales, tales como; límites a la conformación de capital extranjero, prohibición explicitas para la constitución de sucursales o agencias de empresas extranjeras en Colombia y protecciones a los empleos operativos de nuestros nacionales.

II. RESUMEN DE LAS PROPUESTAS PARA LA PONENCIA SEGUNDO DEBATE

Atendiendo la nueva realidad del sector y amparando el sentir de quienes participan en el mercado de la vigilancia y la seguridad privada, se propone la modificación de algunos temas estructurales a los diferentes proyectos inicialmente presentados ante la honorable Comisión Segunda del Senado, los cuales se determinan de la siguiente manera:

A. En relación con las facultades de la Superintendencia

¿ La Licencia de funcionamiento quedan indefinidas para la operación de las empresas de seguridad privada. Para los departamentos de seguridad, servicios comunitarios de seguridad privada y las organizaciones de vigilancia privada queda limitada. Para uso de ponentes, este tema ha generado discusión.

¿ Se mantiene la potestad discrecional en la SuperVigilancia para los medios, la autorización y la continuidad de los departamentos de seguridad, servicios comunitarios de seguridad privada y las organizaciones de vigilancia privada, dirigida a proteger la confianza ciudadana en organizaciones del sector como medio para garantizar la seguridad y el orden público.

Así mismo, se establece que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada evaluará el riesgo de los protegidos considerando la circunstancia de su profesión, oficio, cargo o actividad económica que desarrolla; también podrá tener en cuenta el nivel de tributación y el impacto de sus inversiones en el empleo formal.

¿ Se determina el régimen de intervención de la Supervigilancia con causales definidas taxativamente en la ley con el propósito de establecer si la organización de vigilancia privada debe ser objeto de liquidación o si es posible colocarla en condiciones de desarrollar su objeto social adecuadamente.

Para el cumplimiento de lo antes expuesto, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada tendrá un término perentorio, con el fin de tomar las medidas de salvamento de la organización de vigilancia privada, considerando la función social de la organización de vigilancia privada como generadora de empleo. El Gobierno Nacional reglamentará los procedimientos para dar aplicación al presente artículo.

¿ Se incluye en la ponencia un capítulo sobre tasas y contribuciones y medidas para la protección del mercado laboral, un capítulo especial sobre las medidas sancionatorias de carácter pecuniario y administrativo para los servicios de vigilancia que operen en forma irregular, buscando la sanción ejemplarizante para los que oper en por fuera de la legalidad.

B. En relación con las actividades de vigilancia privada

¿ Se redefinen y aclaran el objeto de los servicios comunitarios de seguridad privada, señalándose que los mismos operarán en forma exclusiva para viviendas urbanas. Así, se determina que los mismos no podrán conformarse por personas jurídicas sometidas al Régimen de Propiedad Horizontal establecido en la Ley 675 de 2001 o las leyes que la modifiquen o sustituyan.

En esta misma medida, previa la constitución del servicio comunitario de seguridad privada, se establece la obligación para la comunidad de realizar un estudio de mercado con el fin de determinar la viabilidad de la tercerización de las actividades de seguridad a desarrollar.

Se contempla también, la obligación para la comunidad organizada de inscribir el acta constitutiva de la persona jurídica y sus respectivas reformas, en el registro que llevan los Distritos y Municipios del País para dichos efectos, con el fin de que obtengan reconocimiento y sean oponibles a terceros.

¿ Se incluye la regulación de los asesores y consultores en vigilancia y seguridad privada.

¿ Se contempla la actividad de blindaje y de arrendamiento con objeto social único y exclusivo.

¿ Se establecen nuevas definiciones de equipos utilizados para el desarrollo de las actividades de vigilancia y seguridad privada, objeto de registro.

¿ Se fija el capital de las escuelas de capacitación y entrenamiento en vigilancia y seguridad privada, considerándose que la mencionada capacitación deberá ser altamente especializada.

Igualmente, se elimina la tarifa a cobrar por parte del Comité de Capacitación y Entrenamiento en Seguridad Privada a las escuelas.

¿ Se establece una nueva proporción para el uso de armas de fuego de defensa personal, que contempla una por cada vigilante en nómina.

Así mismo, se señala que los departamentos de seguridad podrán usar armas de fuego de defensa personal y de uso restringido de acuerdo con la proporción establecida. Para los departamentos de seguridad que tengan autorizada la modalidad de escoltas, de manera excepcional, podrá autorizarse una proporción diferente de armas al establecido previo estudio y justificación del riesgo.

C. En cuanto al sector y al mercado

¿ Se elimina la tarifa diferencial en los servicios de vigilancia y seguridad privada de los sectores residenciales.

¿ Se pretende considerar un régimen de ingreso de capital extranjero en el sector, atendiendo los niveles de participación del capital en el mercado, de tal suerte que no se genere abuso de posición dominante y la configuración de monopolios en una o varias organizaciones de vigilancia frente a otras.

¿ Se elimina el contrato de condiciones uniformes para la prestación de los servicios de vigilancia privada.

¿ Se amplía el Régimen de Transición de la ley con el fin de que las pequeñas y medianas empresas del sector se adapten a las normas sobre barreras de acceso al mercado.

¿ Se elimina la obligación de constituir un seguro de vida obligatorio para el personal operativo del sector, considerando que el mismo se encuentra regulado ya por el mercado a través de las compañías de prevención de riesgos y accidentes profesionales.

¿ Queda incluida la posibilidad que los vehículos utilizados para el desempeño de las actividades de vigilancia privada debidamente identificados, estarán exentos de la aplicación de las restricciones vehiculares en el lugar en donde estas se autoricen.

¿ Se incluye la regulación de la integración vertical patrimonial y de la posición dominante, mediante la cual se faculta al Gobierno Nacional para reglamentar las condiciones de competencia necesarias para evitar la conformación de monopolios, el abuso de posición dominante o conflictos de interés, de cualquiera de los actores del sector de la vigilancia y la seguridad privada.

¿ Se incluye una disposición que tiende a dar protección a la industria de la vigilancia y seguridad colombiana en los procesos de contratación adelantados por la administración pública.

D. Sobre la estructura de la Entidad de control

Ante las nuevas exigencias y retos que conlleva la expedición de la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada y a tono con el crecimiento del sector, se hace necesario dar continuidad al programa de fortalecimiento de la entidad de control, lo cual exige la revisión y el estudio de su estructura.

Reiteramos que al analizar el funcionamiento de los servicios de vigilancia en las regiones, se puede observar la concentración de más del 60% de las sedes principales en Bogotá, seguido de Antioquia y Valle con un 8 y 9% respectivamente.

Se precisa, que las cifras corresponden a las sedes principales de las empresas, pues la mayoría tienen agencias, sucursales o prestan servicios en las demás ciudades, lo cual exige la presencia institucional en las regiones en aras de cumplir en forma idónea con la actividad misional de la SuperVigilancia.

Dentro de este contexto se estudia la posibilidad de constituir sedes regionales que se estructurarían así:

¿ REGION EJE CAFETERO  SEDE PEREIRA

¿ REGION CARIBE                           SEDE BARRANQUILLA

¿ REGION PACIFICO                       SEDE CALI

¿ REGION ORIENTE Y                    SEDE CUCUTA

LLANOS ORIENTALES

Gráfica

Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada con presencia en el Territorio Nacional

 

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Fuente: Oficina Asesora de Planeación / Incluye Oficinas principales, agencias y sucursales.

III. PROCESO DE CONSTRUCCION DE LA PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE

El Senador Manuel Ramiro Velásquez Arroyave como Coordinador de Ponentes convocó el 11 de agosto pasado, mediante 355 correos electrónicos dirigidos a los Senadoras y Senadores de la Comisión Segunda de Defensa y sus asesores, a la Superintendencia, gremios, empresarios, asociaciones, academias y personas naturales que asistieron y/o intervinieron en todos los foros y sesiones de la Comisión, para que sobre el texto definitivo aprobado en primer debate del proyecto de ley, plantearan propuestas de modificación específicas sobre el articulado.

Ese mismo 11 de agosto se les envió a los destinatarios de los correos electrónicos el texto definitivo aprobado en primer debate, el que fue oficializado por el doctor Felipe Ortiz Marulanda como Secretario de la Comisión Segunda.

Los destinatarios de los correos fueron los siguientes:

covitec@une.net.co, gerenciageneral@expertosseguridad.com, clopez@satempi.com.co, ccorredor@atlas.com.co, asadmonseracis@une.net.co, gerencia@securityforcecol.com, gerencia@segurcol.com, monica.martinez@seguridaddecolombia.com, admononcormed@une.net.co, galaxiaseguridad@une.net.co, sedecol@sedecol.com, gerencia@seguridadpronta.com, optimaseguridad@hotmail.com, abetancura@leonisa.com, coomerca@une.net.co, jlondono4@comfama.com.co, asecovig@une.net.co, agenciamedellin@seguridadnacional.com, leonardo.aragon@pmintl.com, gerencia@metroalarmas.com, jhoyos@electrocontrol.com.co, gerenciageneral@segurtronic.com, sas@une.net.co, zgerencia@une.net.co, logemltda@yahoo.es, josemunera36@hotmail.com, metrodigital@une.net.co, g.general@securitycorp.com.co, juliana.alejo@hotmail.com, globaltec.eat@gmail.com, altecseguridad@gmail.com, jesusizasa@eleinco.com.co, gerenciasia@une.net.co, direccionsesla@une.net.co, gerenciamiro@une.net.co, dirgeneral@andevip.net, seguridadatempi@telesat.com.co, ppiedrahita@satempi.com.co, sistemas@atlas.com.co, rfquintero@atlas.com.co, bcardona@atlas.com.co, bcorrea@atlastransvalores.com.co, ibetancur@atlastransvalores.com.co, seguridadberna@co lomsat.net.co, gsvalle@emcali.net.co, jariel@gsvalle.com.co, atlasservicios@empcali.net.co, internacionaldeseguridadcali@flycom.net.co, josei@internacionaldeseguridad.com, microcom1@uniweb.net.co, ggeneral@microcomseguridad.com, sesur99@telecom.com.co, gerencia@seguridaddelsur.net, gerencia@seguridaddeoccidente.com.co, felipemolinares@hotmail.com, omegagerencia@uniweb.net.co, omegagercom@uniweb.net.co, secretaria@oncorcali.com, proviserltda@uniweb.net.co, segal@colombianet.net, seguridadshatter@yahoo.com, asistentegerencia@seguridadshatter.com, servagroltda@hotmail.com...más

¿basc antioquia¿ <direccion.antioquia@wbasco.org>, ¿Carolina Beltran¿ <carolina.beltran.moreno@hotmail.com>, ¿Daniel Felipe Lopez Sierra¿ <p-dlopez@minhacienda.gov.co>, guillermobotero@fenalco.com.co, torrescarolina@hotmail.com, roxana.duran@prosegur.com, gladys.vasquez@epm.com.co, leonardoluengas@fenalco.com.co, bolmos@supervigilancia.gov.co velsegc@uniweb.net.co, administracion@seguridadverns.com, gerencia@seguridadverns.com, seguridadvisionltda@yahoo.es, comercialbucaramanga@sevicolltda.com, infoseguridadexito@gmail.com, sepecolgerencia@etb.net.co, reyrojas0309@hotmail.com, sinsercol@sinsercol.com, serviconcel@supercabletv.net.co, servigtec@etb.net.co, gerencia@servigtec.com, servincobt@hotmail.com, serviryprotegersa@hotmail.com, sypsagerencia@hotmail.com, servisiondecolombia@yahoo.es, servisiondecolombia@hotmail.com, sevinltda@etb.net.co, asisgerenciasevin@etb.net.co, gerenciasevin@etb.net.co, solsegltda@gmail.com, rrhhsolseg@gmail.com, operacionsolse@gmail.com, nominasolseg@gmail.com, gerencia@tecniseg.com.co, dir.gestionhumana@tecniseg.com.co, toyorentacar@etb.net.co, ultraseguridad@une.net.co, rhumanoultra@etb.net.co, gerencia.general@universalsecurityrental.com, gerencia.comercial@universalsecurityrental.com, info@vipsecurityrentacar.com, gerencia@vipsecurityrentacar.com, marcelavegab@gmail.com, murielje@hotmail.com, vigicol@hotmail.com, muriglo@hotmail.com, gerenciageneral@vigsantaferena.com.co, servicioalcliente@vimarco.com, mirma_c@hotmail.com, dissel@une.net.co, avisec_pereira@yahoo.es, cootravir-ltda@une.net.co, coovipripei@telesat.com.co, arevaloi@telesat.com.co, estataldeseguridad@une.net.co, atoro@frisby.com.co, director.pereira@celar.com.co, gerencia@celar.com.co, secregerencia@ibg.com.co, gtefinanciera@panaca.com.co, vgfranco@atlas.com.co, gerenciageneral@seguridadnacionalltda.com...más

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nsamedellin@hotmail.com, asep@une.net.co, prosinynf@hotmail.com, direccionsesla@une.net.co, diomedessuescunc@hotmail.com, polyots@une.net.co, gerenciasia@une.net.co, lamorenita@une.net.co, ¿alvaro forero of. alexandra moreno¿ <avforero@yahoo.com>¿Anais Castro¿ <apcastro@cecilialopez.com>, ¿Andres¿ <andresfotero@yahoo.com>, ¿angelica of. galan¿ <angelicaber52@gmail.com>, ¿carmenza asesora senador dario angarita¿ <cbl@etb.net.co>, ¿christian of. HS alexandra moreno¿ <christian_riveros@hotmail.com>, ¿danilson¿ <danilsonbogota@hotmail.com>, ¿diego of. HS barriga¿ <alfondiego@hotmail.com>, ¿drmateus senadora luzelena¿ <letajismaavi@gmail.com>, ¿isabel cristina h.s. nancy patricia¿ <icristinaji@hotmail.com>, ¿Jorgito of. HS Manuel Enriquez¿ <jvilla128@hotmail.com>, ¿Juan Ricardo Senadora Cecilia Lopez¿ <jrgarnica@cecilialopez.com>, ¿Juan Bernal¿ <juanbernaln@hotmail.com>, ¿Juan Manuel Senador Galán¿ <vivelanuevapoliticagalan@gmail.com>, lalyta75@gmail.com, ¿ligia of. clopatofsky¿ <ligia85@gmail.com>, ¿Lola Almonacid¿ <lolita.almonacid@gmail.com>, ¿luifer¿ <locosamurai@gmail.com>, ¿luifer MRVA¿ <elfiscalizadormrva@hotmail.com>, ¿luis Estrada¿ <fiscalizador@une.net.co>, ¿Luisa Forero¿ <luisa.fforero@gmail.com>, ¿Luzelena Restrepo Betancur¿ <luzelena33@gmail.com>, ¿luzelena Restrepo¿ <joigmaca@yahoo.com>, ¿Manuel Velasquez¿ <progresista@hotmail.com>, ¿margarita of. alexandra moreno¿ <margarita_diago@yahoo.com>, ¿Mariela Trujillo¿ <mayemargarita@hotmail.com>, ¿Mariluz¿ <maznor@gmail.com>, ¿Matziel Castillo¿ <haditadelanoche@gmail.com>, ¿mauricio neira asesor senador barriga¿ <amneira73@yahoo.es>, ¿of HS cecilia lopez¿ <lore_gars42@hotmail.com>, ¿of senadora cecilia lopez¿ <lurdaneta@cecilialopez.com>, ¿of. cecilia lopez¿ <caobregon.18@gmail.com>, ¿of. cecilia lopez jesusbarreto¿ <jesubarr@gmail.com>, ¿of. HS piñacue¿ <arca691220@yahoo.es>, ¿of. HS piñacue¿ <nurb1967@yahoo.es>, ¿of. senador olano¿ <jaenmale@hotmail.com>, ¿paola of. clopatofsky¿ <paolaotoya@gmail.com>, ¿Rafael Asesor Manuel Rosero¿ <ragueralfa@hotmail.com>, ¿Regina Sequera¿ <xoulhoney@hotmail.com>, ¿senador clopatofsky¿ <clopatofskysenado@yahoo.com>, ¿senador manuel enriquez¿ <oficinamanuel1@yahoo.es>, ¿senador carlos barriga¿ <cbarrigasenador@yahoo.es&g t;, ¿senador piñacue¿ <jpinacue@yahoo.com>, ¿senador olano¿ <portelaolano@yahoo.com>, ¿senadora cecilia lopez¿ <magata69@yahoo.com>, ¿senadora alexandra moreno¿ <amorenopiraquive@hotmail.com>, ¿Senadora Luzelena Restrepo¿ <utlerbe@gmail.com>

De estos 355 correos electrónicos enviados, solo se recibió respuesta de 10:

¿ Mauricio Nicolás Sánchez Moñano Representante de los Arrendadores de Vehículos Blindados.

¿ Coronel Pablo Enrique Miranda de la Sociedad Administradores de Seguridad, SAS.

¿ Luis Javier García Correa, Gerente Empresa Logística Empresarial Segura Ltda.

¿ Basc

¿ Avisec Ltda.

¿ Gendarmes de Seguridad Ltda.

¿ Servigtec.

¿ Aseproteco

El lunes 24 de agosto fueron convocadas las doctoras Tatiana González Superintendente Delegada y Jenny Giraldo Asesora del Despacho del Superintendente, así como los demás asesores de los Senadores Ponentes, a una reunión en nuestra Comisión por el Asesor del Coordinador de Ponentes doctor Luis Fernando Estrada Sanín, en la cual se les entregaron las respuestas recibidas de solo 10 correos electrónicos. A esta reunión asistieron además el doctor Felipe Ortiz y el doctor Ricardo Arce.

En dicha reunión se le solicitó a la Superintendencia que sobre el texto definitivo aprobado en primer debate, cruzaran las propuestas de modificación o adición para conocer la posición del Gobierno Nacional-Superintendencia sobre dichas propuestas, así como los ajustes necesarios.

De igual manera se les entregó a los asesores de los Senadores Ponentes copia de 61 CONSTANCIAS-PROPOSICIONES presentadas por la Senadora Nancy Patricia Gutiérrez y los Senadores Darío Angarita, Jairo Clopatofsky, Juan Manuel Galán y Luis Elmer Arenas, las cuales quedaron anexas a las Actas de Primer Debate como compromiso para ser estudiadas la viabilidad de incluirlas en el texto del articulado para Segundo Debate.

El lunes 31 de agosto se reunieron nuevamente y revisaron el derrotero a seguir, con el compromiso de que por parte de la Superintendencia se tendría para el martes 1º de Septiembre en horas de la mañana el texto del articulado para segundo debate, con el fin de que los asesores de las Senadoras y los mismos Senadores iniciaran el proceso de estudio del articulado, con el fin de que los Ponentes tuvieran toda la información sobre la propuesta para estructurar la ponencia para segundo debate.

El mismo lunes 31 de agosto se reunieron a las 2:15 de la tarde los citados asesores de los Senadores de la Comisión Segunda para informarles sobre el trámite que se ha venido ejecutando bajo la directriz del coordinador de Ponentes Se nador Manuel Ramiro Velásquez Arroyave. Asistieron a esta reunión los siguientes Asesores:

Carolina Ospina Gutiérrez Asesora Senador Olano Portela Rodríguez.

Diego Velásquez Asesor Senador Carlos Emiro Barriga.

Lucía Martínez Asesora Senador Manuel Enríquez Rosero.

Camilo Mendoza Asesor Senador Juan Manuel Galán.

Isabel Cristina Jiménez Asesora Senadora Nancy Patricia Gutiérrez.

José Ignacio Matéus Asesor Senadora Luzelena Restrepo.

Ligia Andrea López y Andrés Felipe Asesores Senador Jairo Clopatofsky

Maye Margarita Asesora Senador Mario Barón.

Carmenza Betancur López Asesora Senador Darío Angarita.

Posteriormente, el día 15 de septiembre de 2009, la Comisión Segunda del Senado de la República realizó una sesión informal, donde se invitó al señor Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada como a los gremios y empresarios, entre ellos Andevip, Consitec, Mesa Distrital Ciudadana de Propiedad Horizontal, Escort Security, Bac, Universal Security, Fenalco y Servisión de Colombia, entre otros. En esta sesión se los Ponentes y demás Senadores de la Comisión Segunda, escucharon las observaciones y propuestas respecto a esta iniciativa, las cuales harían llegar a través del correo electrónico del Doctor Felipe Ortiz Secretario General de la Comisión, para ser consideradas en la ponencia para segundo debate.

IV. NUEVAS PROPUESTAS-PLIEGO DE MODIFICACIONES SOBRE EL TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE

Las modificaciones aparecen en negrilla, cursiva y subrayadas. El texto que no aparece resaltado, corresponde al texto igual aprobado en primer debate. Se reordenó la numeración por eliminación, fusión y/o adición de varios artículos, quedando 154 artículos definitivos para Segundo Debate, frente a 141 artículos del Primer Debate.

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO I

Artículo 1º. Definiciones. Con el fin de inter pretar el marco de esta ley, se aplican las siguientes definiciones:

a) Vigilancia y Seguridad Privada. Aquellas actividades de protección de carácter preventivo y disuasivo, así como la producción, comercialización y distribución de bienes destinados a la seguridad, la consultoría y asesoría en vigilancia y seguridad privada, el entrenamiento de personal de vigilancia y seguridad privada, tendientes a la disminución de los riesgos relacionados con la vida y los bienes. Estas actividades solo pueden ser ejercidas por los departamentos de seguridad, los servicios comunitarios de seguridad privada y las entidades de seguridad privada, definidas en esta ley.

b) Departamentos de Seguridad. Aquellas dependencias creadas al interior de personas jurídicas públicas o privadas, tendientes a prevenir o detener perturbaciones a la seguridad y tranquilidad en lo relacionado con su vida y sus bienes.

c) Entidades de Seguridad Privada. Aquellas personas jurídicas que desarrollen, con ánimo de lucro y de trabajo asociado, actividades de vigilancia privada en el territorio nacional.

d) Vigilancia Humana. La actividad de vigilancia presencial que realiza un guarda de seguridad en un lugar o lugares determinados con el propósito de prevenir y detectar la ocurrencia de eventos que atenten contra las personas y los bienes protegidos de acuerdo con los términos del contrato suscrito con los usuarios del servicio.

e) Servicio Comunitario de Seguridad Privada. Aquel servicio que constituye una persona jurídica conformada por la comunidad, con el objeto de proveer protección exclusiva a sus miembros y a sus bienes, dentro del área donde tienen asiento.

f) Vigilancia Electrónica. La actividad de supervisión remota de activos fijos y activos móviles a través de cualquier medio o plataforma tecnológica de telecomunicaciones, con el fin de prevenir y detectar la ocurrencia de eventos que atenten contra los bienes amparados bajo la órbita del contrato suscrito por los abonados al servicio.

g) Transporte de Valores. La actividad que comprende el transporte, manejo y custodia de valores.

h) Guardas de Seguridad: La denominación agrupa a todas aquellas personas destinadas al desarrollo de las actividades de vigilancia y de seguridad privada, vinculados mediante una relación laboral o estatutaria y/o reglamentaria por las entidades de seguridad privada, los departamentos de seguridad y los servicios comunitarios de seguridad privada, Pueden entre otros clasificarse en:

1. Escoltas: Son aquellos que acompañan armados a una persona, vehículos o bienes con el fin de proveerles protección. El lugar en donde desarrollan su actividad, depende del desplazamiento de la persona o bienes bajo su custodia.

2. Vigilantes: Quienes brindan protección presencial a personas y bienes en un lugar o lugares determinados.

3. Manejadores Caninos: Persona capacitada en el manejo y control de los caninos, cuya finalidad es brindar protección a personas y bienes en un lugar o lugares determinados.

4. Supervisor de Seguridad: Es aquella persona capacitada en vigilancia y seguridad privada, que dirige actividades relacionadas con su desarrollo.

i) Protegidos: Son todas aquellas personas que se acogen a la protección de otras.

j) Abonados: Son los usuarios que cuentan con conexión a los medios ofrecidos por las entidades de seguridad privada que desarrollan actividades de vigilancia electrónica.

k) Usuarios: Persona natural o jurídica que se beneficia con la prestación de una actividad de vigilancia o seguridad privada, bien como propietario de los bienes objeto de protección, o como receptor directo del servicio.

l) Estudio de Seguridad: Comprende el análisis de la investigación que se realiza sobre las contingencias y riesgos, debilidades y vulnerabilidades a los cuales se encuentra expuesta una persona natural o jurídica en función de sus actividades, para prever las amenazas que puedan afectar su integridad personal y/o patrimonial. La evaluación de dichos riesgos comprende la determinación de las consecuencias de su ocurrencia y la intensidad de sus efectos. Este estudio debe abarcar la inspección formal y detallada de: la instalación física y sus sistemas de seguridad; la seguridad de las operaciones; los puntos críticos y el manejo seguro de la información.

m) Red de Apoyo y Solidaridad Ciudadana: Es el conjunto de actividades organizadas, canalizadas y lideradas por la Policía Nacional, con la finalidad de captar información sobre hechos, delitos o conductas que afecten o puedan afectar la tranquilidad y seguridad, aprovechando los recursos técnicos y humanos que poseen las personas naturales o jurídicas que desarrollan actividades de vigilancia o de seguridad privada.

n) Centro de Depósito: Lugar donde se integra el control de las actividades de movimiento, custodia y manejo de valores, logrando de esta forma mayor eficiencia en la prestación de las actividades relacionadas con el transporte de valores.

ñ) Vehículo Blindado: Se entiende por aquel cuya carrocería está fabricada o acondicionada con elementos o materiales cuya finalidad es garantizar la máxima protección y seguridad a los ocupantes y bienes transportados contra el efecto de la acción de armas letales.

o) Valor: Es el grado de utilidad de los bienes, expresado en términos monetarios, tomando en cuenta las cualidades que determinan su aprecio.

p) Mercado Primario: Se consideran aquellos activos de primera mano, nuevos o recién creados.

q) Mercado Secundario: El conjunto de transacciones de activos en las que simplemente el activo cambia de poseedor.

r) Consultoría y Asesoría: Entiéndase por consultoría y asesoría en seguridad privada, las actividades para la investigación e identificación de problemas relacionados con políticas, organización, procedimientos y métodos que busquen propender por la protección de los intereses empresariales y el logro de los objetivos definidos en el estatuto para la vigilancia y la seguridad privada.

Artículo 2º. Objeto. La presente ley t iene por objeto establecer el marco jurídico del sector de la vigilancia y la seguridad privada.

Artículo 3°. Las obligaciones derivadas del ejercicio de las actividades de vigilancia privada son de medio y no de resultado.

Artículo 4°. Los socios de las entidades de seguridad privada podrán ser personas naturales y/o jurídicas.

Artículo 5°. El Servicio Comunitario de Seguridad Privada no tendrá ánimo de lucro y no podrá suministrarse a terceros distintos de los miembros de la persona jurídica prestadora del servicio.

Artículo 6°. Prohibición. Los departamentos de seguridad, servicios comunitarios de seguridad privada y las entidades de seguridad privada, no podrán constituirse por empresas unipersonales o sociedades comerciales que posean como accionista una sola persona natural.

Artículo 7°. Autorización para el desarrollo de las actividades de vigilancia y seguridad privada. Para el desarrollo de las actividades definidas en la presente ley, se deberá obtener autorización para operar otorgada por el Estado a través de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por esta entidad.

Artículo 8°. Potestad Discrecional. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada dirigida a proteger la confianza pública en las entidades del sector como medio para garantizar la seguridad ciudadana y el orden público, con base en la potestad discrecional, determinará los medios, la autorización y la continuidad de los Departamentos de Seguridad, y Servicios Comunitarios de vigilancia y seguridad privada.

Artículo 9º. Clasificación de las actividades de seguridad privada.

1. Vigilancia humana.

2. Vigilancia electrónica, excepto la prestada directamente por el INPEC en cumplimiento de su misión.

3. Transporte de valores.

4. Capacitación y entrenamiento.

5. Producción, comercialización y distribución de blindajes para la seguridad privada.

6. Arrendamiento de vehículos blindados.

7. Consultoría y asesoría en vigilancia y seguridad privada.

8. Servicios Comunitarios de Seguridad Privada.

Parágrafo. Los servicios de Seguridad Privada deberán informar por escrito a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, el cambio de ubicación de las instalaciones, dentro de los quince (15) días siguientes al cambio de domicilio.

Artículo 10. Medios para la Prestación de las Actividades. Las actividades definidas en el artículo anterior, podrán prestarse con apoyo de los siguientes medios: 

1. Armas de fuego

2. Animales.

3. Monitoreo de alarmas y supervisión remota de activos móviles.

4. Las demás que se autoricen por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada para el desarrollo de estas actividades.

Parágrafo 1°. En todo caso, cualquier ampliación o cambio de medios no prohibidos por las normas vigentes, será autorizada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, previa justificación de la necesidad de su utilización, siempre que sean equiparables a la amenaza. Cuando se trate de armas de fuego, municiones o explosivos, obliga un concepto escrito, previo y favorable expedido por la Dirección del Departamento de Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos del Ministerio de Defensa, o quien haga sus veces.

Parágrafo 2°. Cualquier medio diferente a las armas o a los caninos, con el que se preste el servicio de seguridad privada, se deberá cotizar y cobrar a los precios que para el efecto establezca el Gobierno Nacional.

Parágrafo 3°. La violación a la presente disposición dará lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en la presente ley, tanto para quien los preste, como para el usuario de dicho servicio.

CAPITULO II

Principios, deberes y obligaciones

Artículo 11. Las entidades de seguridad privada, los departamentos de seguridad y los servicios comunitarios de seguridad privada desarrollarán sus funciones teniendo en cuenta los siguientes principios, deberes y obligaciones:

1. Acatar la Constitución y la ley.

2. Respetar los derechos fundamentales y libertades de la comunidad.

3. Las actividades de vigilancia y seguridad privada tendrán carácter preventivo y disuasivo, y no podrán desarrollar conductas reservadas a la Fuerza Pública.

4. Actuar de manera que se fortalezca la seguridad y la confianza ciudadana en las actividades que desarrollan.

Artículo 12. Todas las entidades vigiladas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada de que trata la presente ley, están en la obligación de acreditar y garantizar para sus trabajadores, el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes de orden laboral y de trabajo asociado.

CAPITULO III

De la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

Artículo 13. Naturaleza jurídica. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada es un organismo de carácter técnico del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, con personería jurídica y autonomía administrativa, financiera y presupuestal.

Artículo 14. Objetivos. A la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada le corresponde ejercer el control, inspección y vigilancia en el sector de la vigilancia y seguridad privada y en el desarrollo de sus actividades. En especial le corresponde el cumplimiento de los siguientes objetivos:

1. Asegurar la confianza ciudadana en el sector y en el desarrollo de las actividades de vigilancia y seguridad privada en todo el territorio nacional.

2. Asegurar que las entidades que desarrollan actividades de vigilancia y seguridad privada mantengan niveles de eficiencia técnica y profesional en el desarrollo de sus obligaciones, mediante el establecimiento de estándares y parámetros que permitan su medición.

3. Adoptar políticas de inspección y vigilancia dirigidas a verificar el cumplimiento de la normatividad vigente, así como permitir y estimular el desarrollo tecnológico y profesional en el sector de la vigilancia y la seguridad privada.

4. Organizar y vigilar el sistema de seguridad privada con el fin de coordinar las actividades del Estado y de los particulares, para lo cual debe desarrollar actividades de direcci ón, programación, ejecución, supervisión y evaluación.

5. Orientar, controlar y regular el servicio de vigilancia y seguridad privada en las instituciones del Estado colombiano.

Artículo 15. Funciones de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, además de las funciones señaladas en la ley, y en el reglamento, cumplirá las siguientes:

1. Asesorar al Gobierno Nacional en la formulación de la política en materia de vigilancia y seguridad privada.

2. Colaborar con los organismos de seguridad y entidades del Estado, en el diseño y el desarrollo de planes y programas de seguridad ciudadana.

3. Expedir las autorizaciones para el desarrollo de las actividades de vigilancia y de seguridad privada, así como las disposiciones relacionadas con los medios utilizados por los vigilados.

4. Llevar un registro y ejercer el control sobre los medios que se emplean en el desarrollo de las actividades de vigilancia y seguridad privada.

5. Implementar y adminis trar un sistema de información detallado, respecto de las entidades que desarrollan actividades de vigilancia y seguridad privada, que permita mantener permanentemente informada a la ciudadanía sobre estas y sus obligaciones.

6. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes que regulan las actividades de vigilancia y seguridad privada.

7. Ejercer el control sobre el desarrollo y operación de las actividades de vigilancia y seguridad privada.

8. Verificar el desarrollo de las actividades definidas en esta ley, por parte de personas jurídicas.

9. Coordinar con las entidades del Estado, el apoyo en el desarrollo de sus funciones de inspección y control.

10. Adelantar las investigaciones y diligencias necesarias conforme a la ley, por infracciones a las normas que regulan las actividades de vigilancia y seguridad privada, e imponer los correctivos y sanciones del caso, según la reglamentación aplicable.

11. Imponer medidas cautelares a las personas naturales o jurídicas y de servicios comunitarios de seguridad privada, que realicen actividades exclusivas de los vigilados sin contar con la debida autorización por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Quienes incumplan esta norma serán sancionados, previa la imposición de una medida cautelar que suspenda en forma inmediata el desarrollo de la actividad contratada.

12. Imponer sanciones a las personas naturales o jurídicas que contraten actividades de vigilancia privada con personas naturales o jurídicas o servicios comunitarios de seguridad privada y que no tengan autorización para operar por parte de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, así como a aquellas que contraten esos servicios de forma irregular, inclusive con personas autorizadas por la Superintendencia.

13. Verificar el incumplimiento de la normatividad vigente en materia de seguridad y vigilancia privada y en los casos que proceda, imponer sanciones a quienes incurran en la realización de dichas irregularidades.

14. Atender en segunda instancia las peticiones de quejas y reclamos de la ciudadanía sobre las actividades de vigilancia y seguridad privada desarrolladas por los vigilados.

15. Conocer y adelantar las medidas que considere pertinentes sobre las denuncias relacionadas con el ejercicio de las actividades de vigilancia y seguridad privada, por personas naturales o jurídicas o servicios comunitarios de seguridad privada no autorizadas.

16. Establecer los procedimientos y reglas para la intervención técnica y/o administrativa de personas jurídicas o servicios comunitarios de seguridad privada que desarrollan actividades de vigilancia y seguridad privada, sea para su liquidación o administración a través de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, y de acuerdo a las causales taxativamente definidas en la presente ley.

Artículo 16. De las Funciones Permanentes de Policía Judicial de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. En cumplimiento del mandato legal para las entidades públicas que ejerzan funciones de vigilancia y control, y sobre el marco de las funciones permanentes de Policía Judicial, de manera especial dentro de su competencia, y por disposición del artículo 202, numeral 4 del Código de Procedimiento Penal, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación de esta ley deberá suscribir un convenio interinstitucional con las autoridades competentes y de manera especial con la Fiscalía General de la Nación para que los servidores públicos a quienes la ley señala de esta superintendencia, conozcan, asuman y apliquen el Manual de Procedimientos para la Cadena de Custodia establecida por la Fiscalía General de la Nación y cumplan estrictamente las actividades que se despliegan con el fin de verificar la ocurrencia de una posible conducta punible e iniciar la recopilación de la información general para su confirmación.

TITULO II

DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD Y SERVICIOS COMUNITARIOS DE SEGURIDAD PRIVADA

CAPITULO I

Normas comunes

Artículo 17. Licencias de funcionamiento. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, con base en la potestad discrecional dirigida a proteger la confianza pública en las entidades del sector como medio para garantizar la seguridad ciudadana y el orden público, estará facultada para negar o conceder a los departamentos de seguridad y servicios comunitarios de seguridad privada, licencia de funcionamiento para operar hasta por un término de cinco (5) años prorrogables por términos iguales.

Artículo 18. Infraestructura. Los departamentos de seguridad y servicios comunitarios de Seguridad Privada deberán contar con la infraestructura y medios adecuados para su funcionamiento y desarrollo, cuyas condiciones obligatorias serán establecidas y divulgadas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada dentro de los sesenta (60) días siguientes a la publicación de la presente ley.

Artículo 19. Uniformes y Distintivos. Los guardas de seguridad de los servicios comunitarios, de los departamentos y entidades de seguridad privada, deberán portar un uniforme que los identifique, cuyo uso será obligatorio y con características diferentes a los de la Fuerza Pública y otros cuerpos oficiales armados. Las empresas se identificarán por los escudos, gorros, apliques y numeración de las placas que se les asignen. En todo caso, en la parte posterior de las camisas de los uniformes deberá tener la leyenda ¿seguridad privada¿ en un tamaño no inferior al 10% del total de la parte posterior de la camisa. Estas y demás características serán establecidas y divulgadas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada dentro de los sesenta (60) días siguientes a la publicación de la presente ley.

Parágrafo. El uniforme a que se refiere el presente artículo debe ser suministrado por los titulares de los departamentos de seguridad y servicios comunitarios, atendiendo lo dispuesto en las normas laborales sobre dotación del personal.

Artículo 20. Identificación. Los departamentos de seguridad y servicios comunitarios, deberán identificar a los guardas de seguridad a su cargo, para lo cual expedirán los documentos de acuerdo con los lineamientos que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada establezca para dichos efectos dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación de la presente ley.< /i>

Artículo 21. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual. Las entidades de seguridad privada deberán constituir una póliza de responsabilidad civil extracontractual, que cubra los riesgos de su operación. Esta no podrá ser inferior al capital mínimo exigido para el desarrollo de la actividad de vigilancia privada que desarrolle, la cual deberá ser expedida por una compañía de seguros legalmente autorizada y conservar su vigencia durante el término concedido en la autorización para operar.

Parágrafo 1º. Cuando se trate de vigilancia humana que utilice en su operación armas de fuego y letales, el valor de la póliza deberá ser de dos mil (2.000) salarios mínimos legales mensuales.

Parágrafo 2º. Cuando se trate de entidades arrendadoras de vehículos blindados, estas deberán suscribir y mantener por cada vehículo autorizado, póliza de vehículos contra todo riesgo, que incluya el amparo de Responsabilidad Civil Extracontractual.

Parágrafo 3º. Los departamentos de seguridad, deberán constituir una póliza de responsabilidad civil extracontractual, que cubra los riesgos de su operación, la cual no podrá ser inferior a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Parágrafo 4º. La póliza que deberán co nstituir los servicios comunitarios no podrá ser inferior a doscientos cincuenta (250) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Artículo 22. Afiliación Red de Apoyo y Solidaridad Ciudadana. Los departamentos de seguridad y servicios comunitarios deberán afiliarse a la Red de Apoyo y Solidaridad Ciudadana, de acuerdo con las normas que establezcan dicho procedimiento.

Dentro de los treinta (30) días siguientes a la expedición de la licencia de funcionamiento o de su prórroga, los departamentos de seguridad y servicios comunitarios deberán enviar por escrito a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada copia de la referida afiliación a la Red.

CAPITULO II

Departamentos de Seguridad

Artículo 23. Definición. Aquellas dependencias creadas al interior de personas jurídicas, públicas o privadas, tendientes a prevenir o detener perturbaciones a la seguridad y tranquilidad en lo relacionado con su vida y sus bienes.

Artículo 24. Requisitos para Trámite de la Licencia. En concordancia con el artículo 17 de la presente ley, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada podrá expedir licencia de funcionamiento para operar en el territorio nacional a los departamentos de seguridad, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos y documentos:

1. Solicitud dirigida a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en la cual se informe como anexos, los siguientes:

a) Certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica solicitante expedido por la entidad correspondiente cuya vigencia no sea inferior a treinta (30) días calendario.

b) Copia del documento de identidad del representante legal y del certificado judicial vigente, así como de todos y cada uno de los miembros de la junta directiva.

c) Copia del documento que contenga la decisión de crear los departamentos de seguridad, tomada por el más alto órgano de dirección de la persona jurídica solicitante.

d) Fundamentos de su constitución, la cual se sustentará con el envío correspondiente del estudio de seguridad, efectuado por la Policía Nacional.

e) Nombre de los protegidos y del supervisor de los departamentos de seguridad, con copia de sus cédulas de ciudadanía y de los certificados judiciales vigentes.

f) Presupuesto estimado y consolidado para su funcionamiento.

g) Dirección de domicilio, ciudad, departamento, correo electrónico, números telefónicos, página web.

h) Sustentación personal de la solicitud, ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

2. Adjuntar copia de la consignación efectuada en el banco autorizado por la Superintendencia de Vigilancia, por concepto del trámite solicitado, según la tasa fijada para tal efecto y de acuerdo con las condiciones establecidas.

Parágrafo 1°. El supervisor de los departamentos de seguridad, deberá tener vínculo contractual con cualquiera de las personas jurídicas que hacen parte del grupo beneficiario. Copia del documento que lo vincula, deberá anexarse como requisito.

Parágrafo 2°. Dentro de los sesenta (60) días siguientes al otorgamiento de la autorización indefinida, el representante legal deberá enviar a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, los siguientes documentos:

1. Balance de Prueba

2. Certificación sobre afiliación de los guardas de seguridad a un Sistema de Seguridad Social y a una caja de compensación familiar.

3. Copia de la resolución de aprobación del Reglamento Interno de Trabajo expedido por el Ministerio de la Protección Social.

4. Certificados de cancelación de aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o a las entidades que hagan sus veces.

5. Resolución sobre autorización de horas extras expedida por el Ministerio de la Protección Social, en caso de ejecutarlas.

6. Copia de la certificación de vinculación a la Red de Apoyo de la Policía Nacional.

Parágrafo  3º. La escritura pública de constitución y/o documento privado de una sociedad de Seguridad Privada, en ningún caso obliga a conceder la licencia de funcionamiento.

Artículo 25. La Superintendencia de Seguridad Privada establecerá la cantidad y características de las armas con las que se prestará el servicio.

Artículo 26. Operación. Los departamentos de seguridad podrán operar con vigilancia humana y vigilancia electrónica y pueden utilizar en el desarrollo de su objeto, los medios establecidos en la presente ley.

Artículo 27. Grupos beneficiarios. Los departamentos de seguridad pueden ser constituidos por personas jurídicas que hagan parte de un grupo empresarial o que son subordinadas de una misma matriz, previa autorización de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

Las personas jurídicas que conforman el grupo beneficiario serán responsables del cumplimiento de las obligaciones derivadas de los departamentos de seguridad, no obstante deberán designar al titular de la licencia de funcionamiento quien presentará la solicitud de constitución.

CAPITULO III

Servicio Comunitario de Seguridad Privada

Artículo 28. Definición. Aquel servicio que constituye una persona jurídica conformada por la comunidad, con el objeto de proveer protección exclusiva a sus miembros y a sus bienes, dentro del área donde tienen asiento.

El servicio comunitario de seguridad privada no tendrá ánimo de lucro y no podrá suministrarse a terceros distintos de los miembros de la persona jurídica prestadora del servicio.

Parágrafo 1º. Previa a la constitución de la persona jurídica contemplada en el presente capítulo, la comunidad deberá realizar un estudio de mercado con el fin de determinar la viabilidad de la tercerización de las actividades de vigilancia privada.

Parágrafo 2º. La comunidad deberá inscribir el acta constitutiva de la persona jurídica y sus respectivas reformas, en el registro que llevarán los Distritos y Municipios del País para dichos efectos, con el fin de que obtengan reconocimiento y sean oponibles a terceros.

Artículo 29. Miembros. Los miembros deberán ser personas naturales o jurídicas, residentes o propietarios de vivienda urbana en el área de operación del servicio, agrupados bajo una organización con personería jurídica.

Parágrafo. El servicio comunitario de seguridad privada, podrá conformarse por personas jurídicas sometidas al régimen de propiedad horizontal establecido por la Ley 675 de 2001 o las normas que la modifiquen o sustituyan.

Artículo 30. Titular del servicio. La persona jurídica y los miembros que la constituyen, serán solidariamente responsables del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la prestación del servicio. 

Artículo 31. Requisitos para Trámite de la Licencia. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, podrá expedir licencia de funcionamiento al servicio comunitario de seguridad privada, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos y documentos: 

1. Dirección del lugar de prestación del servicio, ciudad, departamento, localidad o comuna, barrio, correo electrónico, números telefónicos, página web.

2. Certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica que prestará el servicio, cuya expedición no sea superior a treinta (30) días.

3. Determinación del número de unidades de vivienda urbana beneficiarias del servicio y el número de los guardas de seguridad.

4. Presupuesto estimado y consolidado para su funcionamiento.

5. Presentar estatutos de constitución y reformas si las hubiere.

6. Copia del estudio de mercado realizado por la comunidad para determinar la viabilidad de la tercerización de las activida des de vigilancia privada.

7. Descripción de los medios a emplear en su operación y justificación de su uso.

8. Pruebas documentales que acrediten el cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley, sobre infraestructura de los departamentos de seguridad y servicios comunitarios de seguridad privada.

9. Copia al carbón de la consignación efectuada en el banco autorizado por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, por concepto del trámite solicitado, según la tasa fijada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada fijada para tal efecto.

10. Copia de la solicitud de inscripción en la Red de Apoyo de la Policía Nacional.

Artículo 32. Operación. El servicio comunitario de seguridad privada puede operar con vigilancia humana y vigilancia electrónica y utilizar en el ejercicio de su actividad los medios establecidos en el artículo 12 de la presente ley, exceptuándose el uso de armas de fuego y armas letales. 

TITULO III

ENTIDADES DE SEGURIDAD PRIVADA

CAPITULO I

Normas Comunes

Artículo 33. Autorización para la Operación de las Entidades de Seguridad Privada. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, con base en la potestad discrecional dirigida a proteger la confianza pública en las entidades del sector como medio para garantizar la seguridad ciudadana y el orden público, estará facultada para negar o conceder a las entidades de seguridad privada la autorización para otorgar licencias con carácter indefinido.

Artículo 34. Uniformes y distintivos. Los guardas de seguridad de las entidades de seguridad privada deberán portar un uniforme que los identifique, cuyo uso será obligatorio y con características diferentes a los de la Fuerza Pública y otros cuerpos armados del Estado, cuyas características serán establecidas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

Parágrafo. El uniforme a que se refiere el presente artículo debe ser suministrado por las entidades de seguridad privada, atendiendo lo dispuesto en las normas laborales sobre dotación del personal.

Artículo 35. Identificación. Las entidades de seguridad privada deberán identificar al personal a su cargo, para lo cual expedirán los documentos para ello, de acuerdo con los lineamientos que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada establezca para dichos efectos durante los treinta (30) días siguientes a la publicación de esta ley.

Artículo 36. Infraestructura. Las entidades de seguridad privada autorizadas, deberán contar con la infraestructura adecuada para su funcionamiento y medios para su desarrollo.

Artículo 37. Razón Social. La razón social de las entidades de seguridad privada, deberá ser diferente a la de los organismos del Estado y no podrá estar en contraposición de las normas sobre propiedad industrial.

Artículo 38. Capital Social. El capital social de las entidades de seguridad privada podrá estar representado en dinero o en especie, no obstante los aportes en especie deberán estar representados en activos operacionales.

Artículo 39. Agencias y Sucursales. Las entidades de seguridad privada podrán establecer sucursales o agencias dentro del territorio nacional, informando por escrito a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada dentro de los treinta (30) días siguientes a su apertura y adjuntado el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio correspondiente.

Parágrafo. El Gobierno Nacional reglamentará las condiciones técnicas y de infraestructura mínima necesaria con que deben contar las Agencias y Sucursales, dentro de los 30 días siguientes a la publicación de la presente ley.

Artículo 40. Seguros. Las entidades de seguridad privada deberán constituir una póliza de responsabilidad civil extracontractual, que cubra los riesgos de su operación, cuyo valor asegurado no podrá ser inferior al capital mínimo exigido para el desarrollo de la actividad de vigilancia privada que desarrolle, la cual deberá ser expedida por una compañía de seguros legalmente autorizada y conservar su vigencia durante el término concedido en la autorización para operar.

Cuando se trate de vigilancia humana que utilice en su operación armas de fuego y letales, el valor de la póliza deberá ser de dos mil (2.000) salarios mínimos legales mensuales.

Cuando se trate de entidades arrendadoras de vehículos blindados, deberán suscribir y mantener por cada vehículo autorizado una póliza de vehículo contra todo riesgo, que incluya el amparo de responsabilidad civil extracontractual acorde con lo dispuesto en el artículo 76 de la presente ley.

Artículo 41. Cambio e Inclusión de Nuevos Socios, Trabajadores Asociados, Liquidación y Venta. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada autorizará el cambio e inclusión de socios, liquidación y venta de las entidades de segu ridad privada de que trata la presente ley. En este último caso, la autorización solamente se requerirá para los asociados del nivel directivo, tales como miembros del consejo de administración, la junta de apelaciones y vigilancia, así como a los representantes legales.

Artículo 42. Deber de Información. Las entidades de seguridad privada deberán comunicar a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada cualquier modificación de sus estatutos, de toda variación que sobrevenga en la conformación de su capital y/o su patrimonio.

TITULO IV

CLASIFICACION DE LAS ENTIDADES DE SEGURIDAD PRIVADA

CAPITULO I

Vigilancia Humana

Artículo 43. Definición. La actividad de vigilancia humana presencial que realiza un guarda de seguridad en un lugar o lugares determinados con el propósito de prevenir y detectar la ocurrencia de eventos que atenten contra las personas y los bienes protegidos de acuerdo con los términos del contrato suscrito con los usuarios del servicio.

Artículo 44. Operación de la Actividad. Podrán desarrollar la actividad de vigilancia humana, las entidades de seguridad privada que obtengan autorización de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente ley.

Artículo 45. Capital. Las entidades de seguridad privada que ofrezcan vigilancia humana, deberán contar con un capital social pagado de mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de su constitución el cual deberá mantenerse actualizado antes del 30 de mayo de cada año. 

CAPITULO II

Vigilancia Electrónica

Artículo 46. Definición. La actividad de supervisión remota de activos fijos y activos móviles a través de cualquier medio o plataforma tecnológica de telecomunicaciones, con el fin de prevenir y detectar la ocurrencia de eventos que atenten contra los bienes amparados bajo la órbita del contrato suscrito por los abonados al servicio.

Parágrafo. La actividad de vigilancia electrónica podrá así mismo ser desarrollada para la supervisión de personas, sin perjuicio de los derechos consagrados en la Constitución Nacional.

Artículo 47. Operación de la Actividad. Podrán desarrollar la actividad de vigilancia electrónica, las entidades de seguridad privada que obtengan autorización de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente ley.

Artículo 48. Capital. Las entidades de seguridad privada que pretendan ofrecer vigilancia electrónica, deberán contar con un capital social pagado no inferior a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de su constitución, el cual deberá mantenerse actualizado antes del 30 de mayo de cada año.

Artículo 49. Estándares Mínimos Requeridos para el Desarrollo de la Actividad. Las entidades de seguridad privada autorizadas para desarrollar actividades de vigilancia electrónica, deberán contar con los siguientes componentes:

a) Centros de Monitoreo, los cuales deberán ser adecuados para realizar la supervisión remota de los activos fijos y móviles.

b) Protocolos de Operación que contengan procedimientos que se orienten a garantizar la calidad de los servicios que se ofrecen, los cuales sin perjuicio de lo que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada regule en desarrollo de este artículo, deberá contener como mínimo: Determinación de los requisitos habilitantes para los instaladores de los equipos; capacitación a usuarios; esquema de reacción a los eventos.

c) Sistema de Reporte de Eventos con una estructura de comunicaciones que permita difun dir la información en forma oportuna y suficiente, tanto a los abonados como las autoridades competentes.

Así mismo, deberán mantener en tiempo real una copia de seguridad de los datos o imágenes provenientes de los medios tecnológicos utilizados por: el tiempo, condiciones de custodia y reserva de la información que defina la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

Artículo 50. Servicios Complementarios a la Actividad de Vigilancia Electrónica. Las personas jurídicas que desarrollan actividades de vigilancia electrónica, podrán prestar servicios complementarios a la vigilancia electrónica utilizando la misma infraestructura tecnológica y plataforma de telecomunicaciones desarrollada para dicha actividad y que deriven beneficios tangibles añadidos a los abonados, a partir de la generación de economías de escala y reducción de costos para los mismos. El Gobierno Nacional reglamentará la materia.

Parágrafo. Los servicios complementarios se prestarán sin perjuicio de los títulos habilitantes y permisos que se requieren para la prestación de los servicios de telecomunicaciones.

CAPITULO III

Transporte Multimodal de Valores

Artículo 51. Definición. La actividad que comprende el transporte, manejo y custodia de valores.

Artículo 52. Operación de la Actividad. Tendrán objeto social único las entidades de seguridad privada, que se constituyan para el desarrollo de la actividad de transporte terrestre multimodal, manejo y custodia de valores, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente ley.

Artículo 53. Capital. Las entidades de seguridad privada que se constituyan para la prestación de servicios de transporte multimodal de valores, deberán acreditar un capital social pagado no menor a cinco mil (5.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de su constitución el cual deberá mantenerse actualizado antes del 30 de mayo de cada año.

Artículo 54. Estándares Mínimos Requeridos para el Desarrollo de las Actividades. Las entidades de seguridad privada autorizadas para desarrollar actividades de transporte multimodal de valores, deberán contar con los siguientes componentes:

a) Instalaciones adecuadas para el desarrollo de las actividades de guarda, custodia, proceso y demás relacionadas con el servicio de transporte multimodal de valores y manejo de efectivo. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada podrá verificar el cumplimiento de los estándares de seguridad de acuerdo con las condiciones de mercado.

b) Protocolos de operación, que contengan procedimientos que se orientan a garantizar la calidad de los servicios que se ofrece.

c) Vehículos adecuados, especialmente adaptados para la operación de transporte multimodal de valores. Dichos vehículos cumplirán las características de identificación que establezca la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

Artículo 55. Registro. Los vehículos que utilicen las entidades de seguridad privada para el transporte multimodal de valores, deberán ser registrados ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

Artículo 56. Póliza de Seguro. Las entidades de seguridad privada, cuya actividad sea el transporte multimodal de valores, adicionalmente a los seguros establecidos en el artículo 40 de la presente ley, deberán contar con las pólizas de seguros que amparen los riesgos que se originan en el desarrollo de la actividad de transporte, manejo y custodia de valores.

Artículo 57. Transporte Aéreo Nacional de Valores. El transporte aéreo nacional de valores se realizará únicamente por empresas aéreas de transporte público no regular, que cuenten con permiso de operación vigente otorgado por parte de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil o la entidad que haga sus veces, siempre y cuando se encuentren autorizadas por la Superintendencia de Vigilancia Privada. El transporte aéreo de valores será ejecutado por aeronaves aptas para la operación, que puedan acceder a los distintos lugares del terr itorio nacional donde haya la necesidad de prestar el servicio, con los más altos estándares de seguridad aérea.

Las empresas transportadoras de valores terrestres deberán celebrar contratos escritos con los operadores aéreos de transporte público no regular, para el transporte de valores en el territorio nacional, sin que en ningún caso puedan existir personas intermediarias.

Las personas que vayan a bordo de las aeronaves realizando la custodia de los valores, estarán exentas del pago de la tasa aeroportuaria.

Parágrafo. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada reglamentará lo relacionado con la prestación de este servicio.

Artículo 58. Definición de Empresas de Logística. Se entiende por Entidades de Logística, las actividades de seguridad y acomodación de aglomeraciones, desarrolladas con el propósito de evitar situaciones de calamidad, desastre y/o emergencia. Como también, aquellas pertinentes a la formulación de respuestas para prevenir y detectar la ocurrencia de eventos que atenten contra las personas y bienes protegidos de acuerdo con los términos del contrato suscrito con los usuarios del servicio.

Artículo 59. Objeto de la actividad. Podrán desarrollar servicios logísticos, las entidades que obtengan autorización de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente ley.

Parágrafo. Las entidades de logística no podrán hacer uso de armas de fuego o letales en el ejercicio de sus actividades de seguridad y acomodación de aglomeraciones.

Artículo 60. Capital. Las empresas de logística que ofrezcan servicios de seguridad, deberán contar con un capital social pagado de mil (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de su constitución el cual deberá mantenerse actualizado antes del 30 de mayo de cada año.

Artículo 61. Estándares mínimos requeridos para el desarrollo de la actividad. Las Empresas de Logística autorizadas para desarrollar actividades de seguridad deberán contar con los siguientes componentes: a. Las Empresas de Logística deberán estar registradas ante la Cámara de Comercio y tener autorización para su funcionamiento de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, y tener previsto como parte de su objeto, como actividad principal, la vigilancia, acomodación y seguridad en aglomeraciones de público. Dicho registro deberá hacerse con antelación no inferior a 6 meses a la realización de la aglomeración en la cual prestará su servicio. b. Todas las entidades que prestan Servicios de Logística deberán cumplir con un protocolo general que garantice los estándares mínimos de calidad y eficiencia en el cumplimiento de su actividad.

Artículo 62. Capacitación y profesionalización del personal logístico. Las capacitaciones para las empresas de logística tendrán por objeto contribuir a la profesionalización del oficio. Atendiendo las necesidades específicas de capacitación en temas de defensa personal, reacción rápida, trabajo en conjunto con las autoridades, primeros auxilios, profesionalización y desarrollo integral de competencias laborales.

Artículo 63. Faltas. Están sujetas a las sanciones previstas en el presente Estatuto, las Empresas de Logística sometidas a la vigilancia de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada que en ejercicio de sus actividades se mantengan en la informalidad.

CAPITULO IV

Sistema de capacitación y entrenamiento  en vigilancia y seguridad privada

Artículo 64. Conformación. Créase el Sistema de Capacitación y Entrenamiento en Vigilancia y Seguridad Privada, el cual estará compuesto por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, por el Comité de Capacitación y Entrenamiento en Vigilancia y Seguridad Privada y por las Escuelas de Capacitación y Entrenamiento en Vigilancia y Seguridad Privada autorizadas como tales por la mencionada Superintendencia.

Artículo 65. Objetivo. El Sistema de Capacitación y Entrenamiento en Vigilancia y Seguridad Privada tiene como objetivo el aseguramiento en la calidad y eficiencia de la educación en relación con el personal operativo, directivo y docente de las entidades de seguridad privada, mediante la adopción e implementación de las metodologías académicas necesarias que conduzcan a la dignificación del oficio del guarda de seguridad y que se articulen con la cadena productiva de la vigilancia y seguridad privada en términos de rentabilidad, economía y optimización del mercado laboral.

Artículo 66. De las escuelas de capacitación y entrenamiento en vigilancia y seguridad privada. Las escuelas de capacitación y entrenamiento en vigilancia y seguridad privada, previa autorización para operar expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, son las personas jurídicas encargadas de impartir el entrenamiento y capacitación altamente especializada en dichos aspectos al personal operativo y directivo de las entidades de seguridad privada, siempre que medie el cumplimiento de las condiciones establecidas en la presente ley y en las normas que la desarrollen.

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada podrá otorgar autorización para operar por quince (15) años prorrogables, previo concepto del Comité de Capacitación y Entrenamiento en Vigilancia y Seguridad Privada para lo cual los interesados deben acreditar, con su solicitud, el cumplimiento de los requisitos generales contemplados en la presente ley y de los especiales que a continuación se describen:

1. Documento en el que se refleje el plan de estudios del establecimiento académico, la metodología, estructuración y desarrollo de los contenidos programáticos a ser impartidos por la respectiva escuela de capacitación y entrenamiento en vigilancia y seguridad privada.

2. Demostración de que se cuenta con instalaciones y medios académicos y tecnológicos idóneos para el logro de los objetivos académicos planteados en el plan de estudios.

3. Contar con el cuerpo docente suficiente para responder a los objetivos de capacitación y entrenamiento en vigilancia y seguridad privada.

4. Contar con un plan de bienestar académico para los estudiantes.

5. Documento en el que se contenga el estimado de presupuesto asignado a cada programa que garantice la viabilidad financiera en su desarrollo.

Parágrafo 1°. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada determinará, mediante acto administrativo, los lineamientos teóricos y prácticos de los planes de estudio y de los contenidos programáticos y fijará unos criterios mínimos razonables de calidad administrativa y misional en la capacitación y entrenamiento en vigilancia y seguridad privada, de oficio o a partir de las recomendaciones que al efecto remita el Comité de Capacitación y Entrenamiento en Vigilancia y Seguridad Privada.

Parágrafo 2°. Las escuelas de capacitación y entrenamiento en vigilancia y seguridad privada podrán contar con sucursales, previa autorización de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, la cual podrá ser expedida siempre y cuando dichas sucursales cumplan con todos los requisitos contemplados en el presente artículo.

Parágrafo 3°. La formación y entrenamiento a que se refiere este artículo, en ningún caso podrá versar sobre organización, instrucción o equipamiento a personas en tácticas, técnica o procedimientos de la fuerza pública o terroristas, so pena de la aplicación de las sanciones previstas en las normas respectivas.

Parágrafo 4°. Las escuelas de formación y entrenamiento podrán dictar cursos de capacitación y entrenamiento para formar guardas en las distintas especializaciones de seguridad, apoyándose en entidades gubernamental es como la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, el INPEC y la Superintendencia de Seguridad Privada.

Artículo 67. Capital. Las entidades de seguridad privada que pretendan ofrecer capacitación y entrenamiento en vigilancia y seguridad privada, deberán contar con un capital social pagado no inferior a seiscientos (600) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de su constitución el cual deberá mantenerse actualizado antes del 30 de mayo de cada año.

Artículo 68. Del Comité de Capacitación y Entrenamiento en Vigilancia y Seguridad Privada. Créase el Comité de Capacitación y Entrenamiento en Vigilancia y Seguridad Privada, el cual tendrá por objeto asesorar y coordinar, a través de la participación de los miembros de los subsectores del sector de la vigilancia, trabajadores y entidades oficiales e instituciones académicas, la evaluación del cumplimiento de los objetivos y estructuración de los programas académicos de las escuelas de capacitación y entrenamiento, su evolución, transformación y adecuación a la dinámica propia de las actividades de vigilancia y seguridad privada.

Artículo 69. Funciones del Comité de Capacitación y Entrenamiento en Vigilancia y Seguridad Privada. Además de las que le sean asignadas en los desarrollos normativos a la presente ley, el Comité de Capacitación y Entrenamiento en Vigilancia y Seguridad Privada tendrá las siguientes funciones:

1. Asegurar el cumplimiento de las condiciones mínimas en términos de calidad y pertinencia por parte de los programas que se ofrecen en diferentes módulos de capacitación en cualquiera de sus niveles y modalidades de prestación del servicio.

2. Evaluar y emitir conceptos sobre la calidad de los programas ofrecidos por las entidades encargadas de la capacitación en vigilancia y seguridad privada, desarrollando actividades que consoliden una cultura de la calidad en este subsector, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

¿ Duración de cada programa en el sistema definido para tal fin.

 ¿ Capacidades que acrediten la idoneidad del personal.

¿ La idoneidad del personal docente.

¿ La pertinencia de los contenidos curriculares, de acuerdo con las pautas establecidas.

¿ Organización de las metas y actividades académicas.

¿ Metodología.

¿ Criterios de evaluación y formación.

¿ Recursos f ísicos tales como: medios educativos, estructura académico-administrativa.

3. Asesorar y participar en el desarrollo de las propuestas de modificación de la normatividad del sector que se adelanten para la construcción, mantenimiento y operación de las escuelas de capacitación y entrenamiento en vigilancia y seguridad privada con el fin de lograr el adecuado funcionamiento dentro de los parámetros de legalidad, eficiencia, transparencia, fomentando el mejoramiento continuo en la calidad de los servicios de vigilancia y seguridad privada.

4. Coordinar la fijación de políticas que propendan por el establecimiento de estándares de alta calidad en la prestación del servicio.

5. Coordinar con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada la elaboración de las políticas del subsector de las escuelas en vigilancia y seguridad privada y su coherencia con las estrategias institucionales, para integrar los objetivos, líneas de acción y estrategias del sector.

6. Asesorar, proponer, elaborar y someter a consideración los ciclos, niveles, pensum académico y contenido de los programas que propendan por el desarrollo del conocimiento de las habilidades, destrezas y competencias del personal de los servicios de vigilancia y seguridad privada que conforman.

7. Asesorar en el diseño de los perfiles de formación integral para el personal a capacitar.

8. Velar por la satisfacción de la demanda del mercado y las necesidades del sector, así como la calidad en la educación, mediante el ejercicio de las funciones de verificación y evaluación de los organismos que tienen a su cargo la capacitación en vigilancia y seguridad privada, sin perjuicio de las funciones de inspección, vigila ncia y control de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

9. Asesorar en el diseño e implementación de las estrategias de seguimiento, control, evaluación y mejoramiento de las políticas de capacitación adoptadas tendientes a la consecución de los objetivos propuestos.

10. Velar porque la capacitación a impartir por las escuelas de capacitación y entrenamiento permita generar nuevas formas de agregar valor al desempeño de la labor de vigilancia y seguridad privada y desarrollar aptitudes que se constituyan en herramientas que aseguren la prestación del servicio en términos.

11. Recopilar información que permita diagnosticar, conocer y evaluar el entorno, las necesidades cambiantes del sector de la vigilancia y seguridad privada y de la ciudadanía en general.

12. Velar por el cumplimiento de la ley y las normas que rigen el sector y sus actividades.

Parágrafo. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada expedirá el reglamento de conformación y de funcionamiento del Comité de Capacitación y Entrenamiento en Vigilancia y Seguridad Privada.

CAPITULO V

Blindaje y arrendamiento de vehículos blindados

Artículo 70. Definición de Vehículo Blindado o con Protección Antibalas. Es el automotor cuya carrocería está fabricada y/o acondicionada en todas o algunas de sus partes por diferentes materiales, con el fin de garantizar la máxima protección y seguridad a los ocupantes y bienes transportados, contra el efecto de la acción de armas de fuego, explosivas o mecánicas.

Artículo 71. Actividades de Blindaje. Son actividades de blindaje, las siguientes:

1. Fabricación, producción, adecuación, ensamblaje y/o implementación de equipos, elementos, bienes, productos o automotores blindados.

2. Venta de equipos, productos o automotores blindados.

3. Mantenimiento.

4. Comercialización de vehículos blindados para la Seguridad Privada

Parágrafo. Las características técnicas mínimas y máximas de los diferentes tipos de blindaje, así como aquellas que corresponden a la ejecución de las actividades citadas en este artículo, para tal fin el Gobierno Nacional dentro de los 30 días a la expedición de la presente ley establecerá las características correspondientes sobre este particular.

Artículo 72. Capital. Las entidades de seguridad privada, que se constituyan para el desarrollo de las actividades de blindaje elementos, productos o automotores blindados, deberán acreditar un capital no menor a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de su constitución, el cual deberá mantenerse actualizado antes del 30 de mayo de cada año.

Artículo 73. Licencia. Además del cumplimiento de los requisitos generales establecidos en la presente ley, las entidades de seguridad privada que tengan por objeto el desarrollo de actividades de blindaje de equipos, elementos, productos o automotores blindados a través de la fabricación o adecuación de los tipos de blindajes, deberá acreditar los siguientes requisitos especiales ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada:

1. Documento que contenga la descripción del sistema de mantenimiento y garantía de los equipos, bienes, productos o automotores blindados ofrecidos a los clientes.

2. Contar con una política de ingreso y de conocimiento de clientes, la cual así mismo deberá aplicarse a aquellos que adquieran sus vehículos mediante el arrendamiento financiero con opción irrevocable de compra.

Artículo 74. Vehículos blindados ante el tránsito. Los propietarios de vehículos blindados están obligados a registrar esta característica de blindaje en la tarjeta de propiedad del automotor, ante las entidades de tránsito y entregar a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada fotocopia del registro en la tarjeta de propiedad.

Artículo 75. Definición de Arrendamiento de Vehículos Blindados. Es la actividad desarrollada por las entidades de seguridad privada que tiene por objeto único y exclusivo el arrendamiento de automotores blindados, previa autorización de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, acreditando los requisitos contemplados en esta ley.

Parágrafo. Las entidades de seguridad privada que desarrollen la actividad de vigilancia humana, podrán ofrecer el arrendamiento de vehículos blindados únicamente para complementar los servicios que tercerizan.

Artículo 76. Capital. Las entidades de seguridad privada que tengan por objeto único y exclusivo el arrendamiento de automotores blindados, deberán acreditar un capital no menor a ochocientos (800) salarios mínimos legales mensuales vigentes el cual deberá mantenerse actualizado antes del 30 de mayo de cada año.

Artículo 77. Autorización para Operar. Además del cumplimiento de los requisitos generales establecidos en la presente ley, las entidades de seguridad privada que tengan por objeto el arrendamiento de automotores blindados deberán acreditar ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada la política de admisión y de conocimiento de clientes.

Artículo 78. Registro de Vehículos. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada autorizará: 

a) El registro de los vehículos blindados que sean adquiridos en mercado secundario por particulares no vigilados por esta entidad. 

b) El registro de los vehículos blindados que sean adquiridos en mercado secundario por un particular, mediante un contrato de arrendamiento financiero con opción irrevocable de compra.

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, establecerá, dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación de esta ley, los requisitos necesarios que deben atenderse para el registro de vehículos ante la entidad.

Parágrafo 1°. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada expedirá credencial a los vehículos de seguridad objeto de arrendamiento, en la que conste esta característica y se evidencie en la tarjeta de propiedad, así como el nivel de blindaje, placa del vehículo, color, número de motor, número de chasís y número de serie, credencial que debe portarse permanentemente en el automotor.

Parágrafo 2°. Los vehículos destinados a la prestación de servicios de arrendamiento, deberán mantener en todo momento una póliza de seguro de automóviles contra todo riesgo, expedida por una empresa aseguradora debidamente acreditada en Colombia, que cubra los riesgos propios de su uso.

Artículo 79. Servicios Adicionales. Las entidades de seguridad privada que desarrollan actividades de arrendamiento de vehículos blindados, podrán desarrollar dentro de su objeto, el arrendamiento de otro tipo de vehículos u otros bienes muebles.

Parágrafo. A partir de la vigencia de la presente ley, queda terminantemente prohibido a empresas o personas sin autorización de la Superintendencia de Seguridad Privada, la prestación de servicios de arrendamiento de vehículos blindados. En caso de incurrir en esta expresa prohibición, la Superintendencia de Seguridad Privada impondrá las multas y las medidas cautelares del caso, y por su parte la Policía Nacional procederá al decomiso del vehículo, el cual será trasladado al patio único de tránsito.

Artículo 80. Estándares Mínimos para el Desarrollo de sus Actividades. Para garantizar su idoneidad, las entidades de seguridad privada autorizadas para arrendamiento de vehículos blindados, deberán contar con los siguientes componentes:

a) Acreditar la propiedad de los vehículos destinados al arrendamiento, o que sobre los mismos, medie contrato de leasing debidamente suscrito.

b) Contar con instalaciones adecuadas y un número plural de vehículos que garanticen la operación.

CAPITULO VI

Inscripción en el registro

Artículo 81. Las personas naturales o jurídicas que realicen actividades de fabricación, importación, exportación, comercialización, instalación o arrendamiento de equipos destinados a la vigilancia y la seguridad privada, deberán registrarse por escrito ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

Artículo 82. Equipos. Serán objeto de registro por parte de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, los siguientes equipos, entre otros: 

a) Equipos de detección. Son todos aquellos materiales y/o equipos para descubrir la presencia de armas u otros elementos portados por las personas.

b) Equipos de visión o escucha remotos. Son todos aquellos materiales y/o equipos que se emplean para observar o escuchar lo que sucede en lugares remotos.

c) Equipos de seguridad bancaria. Son todos aquellos materiales y/o equipos que se emplean para proteger instalaciones, valores, dineros, joyas, documentos y demás elementos de custodia de las entidades bancarias o similares.

d) Equipos o elementos ofensivos. Son todos aquellos equipos o elementos fabricados para causar, amenazar o causar lesión o muerte a las personas.

e) Equipos para prevención de actos terroristas. Son todos aquellos equipos y/o materiales utilizados para detectar, identificar y manejar explosivos o elementos con los que se pueden causar actos terroristas.

f) Equipos de rastreo y localización de vehículos y personas y mercancías.

g) Elementos de detección, como sensores infrarrojos, detectores de incendio, de humedad, de calor, de temperatura etc.

h) Unidades de control o páneles de alarma, que controlen sistemas de seguridad.

i) Sistemas de activación por llave o automáticos que generen una señal de alarma.

j) Circuitos cerrados de televisión y todos sus componentes como cámaras, monitores, domos, controladoras, grabadoras análogas y digitales.

k) Sistemas de señalización para evacuación o alarmas de incendio.

Parágrafo. Los equipos que la ley y demás normatividad vigente señale como de seguridad nacional, sólo y únicamente podrán ser importados y comercializados para la Fuerza Pública, Fiscalía General de la Nación y los demás organismos de seguridad del Estado.

Artículo 83. Uso de Equipos. El uso de los equipos de que trata el artículo anterior puede ser personal e institucional. La transferencia de la propiedad o cualquier operación que afecta la tenencia de estos equipos deberá ser reportada a la empresa vendedora y a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, indicando el nuevo propietario y la utilización y ubicación de los mismos.

Artículo 84. Registro de Compradores y Usuarios. Las personas naturales o jurídicas que realicen actividades de fabricación, importación, exportación, comercialización, instalación o arrendamiento de equipos para la vigilancia y la seguridad privada deberán elaborar y mantener un registro, cuyos requisitos serán los que establezca la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

Así mismo, las personas naturales o jurídicas autorizadas deberán expedir una tarjeta distintiva de usuario, donde se indique los datos personales del mismo, y la persona o empresa que suministró el equipo.

Artículo 85. Información a la Autoridad Competente. Las personas de que trata el artículo 81 de esta ley, tienen la obligación de suministrar a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada o a la autoridad competente, la descripción por escrito de los equipos relacionados en el artículo anterior, el nombre y país del fabricante, el certificado de constitución de la empresa que los representa en Colombia, así como la dirección de la casa matriz en el exterior.

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, podrá objetar y ordenar la suspensión de la venta al público de los equipos o elementos que puedan atentar contra la seguridad ciudadana y la defensa nacional.

Artículo 86. Limitaciones. Por razones de seguridad pública, el Gobierno Nacional discrecionalmente podrá limitar el ejercicio de estas actividades.

CAPITULO VII

Consultoría y Asesoría en Seguridad Privada

Artículo 87. Definición. Entiéndase por consultoría y asesoría en seguridad privada, las actividades para la investigación e identificación de problemas relacionados con políticas, organización, procedimientos y métodos que busquen propender por la protección de los intereses empresariales y el logro de los objetivos definidos en el estatuto para la vigilancia y la seguridad privada.

Parágrafo Las actividades de consultoría y asesoría en seguridad privada, podrán ser desarrolladas por personas naturales o jurídicas debidamente acreditadas ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada no ejercerá vigilancia y control sobre aquellas entidades sin ánimo de lucro que dentro del marco de su objeto social, tengan por finalidad facilitar y agilizar el comercio exterior mediante el aseguramiento y confiabilidad de la cadena logística.

Artículo 88. Personas Jurídicas. Las personas jurídicas que pretendan desarrollar servicios de consultoría y asesoría en seguridad privada, deberán acreditarse ante el Colegio Nacional de Consultores, Asesores e Investigadores de Vigilancia y Seguridad Privada para desarrollar servicios especializados tales como: investigaciones privadas, peritajes y dictámenes descritos en la Ley 906 de 2004, estudios de seguridad física, estudios de confiabilidad para la selección de personal, auditorías de seguridad, poligrafía, diseño de programas en seguridad Integral, interventorías en los contratos de seguridad, evaluaciones de riesgo personal, panoramas de riesgo, supervisión y control de procesos, comprobaciones de lealtad, conferencias en seguridad y otras actividades inherentes a la prevención y administración del riesgo a nivel corporativo.

Artículo 89 . Personas Naturales. Los profesionales que deseen desarrollar servicios en consultoría y asesoría en seguridad privada, deberán estar acreditados ante el Colegio Nacional de Consultores, Asesores e Investigadores en V igilancia y Seguridad Privada, para prestar servicios que no requieran de una infraestructura administrativa y operacional, tales como: Análisis integral de riesgos, diseños de estrategias y esquemas de seguridad; estudios de seguridad física; inspecciones de seguridad, conferencias en seguridad, asesoría en trámites legales, manejo de crisis, análisis de documentos, desempeño como directivo de cualquier organización en el área de seguridad y la asesoría para implementación de cualquier certificación en gestión de riesgo y seguridad, siempre que dicha certificación no tenga por finalidad facilitar y agilizar el comercio exterior mediante el aseguramiento y confiabilidad de la cadena logística conforme lo establece el parágrafo del artículo 87 de esta ley¿.

Artículo 90. Los Oficiales Generales y Superiores de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en uso de buen retiro y los ex alumnos del Curso Integral de Seguridad y Defensa Nacional, Cidenal, de la Escuela Superior de Guerra podrán acreditarse como consultores y asesores, de acuerdo a los requisitos y parámetros que establezca el Gobierno Nacional dentro de los sesenta (60) días siguientes a la publicación de la presente ley.

Artículo 91. Del Colegio Nacional de Consultores, Asesores e Investigadores en Vigilancia y Seguridad Privada. Créase el Colegio de Consultores, Asesores e Investigadores de Vigilancia y Seguridad Privada, el cual tendrá por objeto coordinar y realizar la acreditación de los Consultores, Asesores e Investigadores de la Vigilancia y Seguridad Privada, así como velar por la calidad y experiencia propia de las actividades de vigilancia y seguridad privada. El Consejo de Consultores, Asesores e Investigadores estará integrado por: (i) El Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada; (ii) El Superintendente Delegado para la Operación de los Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada; (ii) Un Representante de los Gremios del Sector de la Vigilancia y Seguridad Privada; (iii) Un Profesional en Administración de la Seguridad; (iv) Un Especialista en Consultoría y/o Asesoría con más de diez (10) años de experiencia comprobada, un representante de los ex alumnos del curso CIDENAL, un representante de los Oficiales Generales y Superiores de las Fuerzas Armadas en uso de buen retiro, un representante de los Oficiales Generales y Superiores de la Policía Nacional en uso de buen retiro.

Parágrafo. Las funciones, principios, deberes y procedimiento para el funcionamiento del presente Consejo de Consultores, Asesores e Investigadores será reglamentada por el Gobierno Nacional dentro de los noventa (90) días siguientes a la publicación de la presente ley.

CAPITULO VIII

Actividades de Seguridad Especializada

Artículo 92. Definición. Se entiende por actividades de seguridad especializada aquellas que actualmente son desarrolladas por el Estado y que pueden ser delegadas a los servicios de vigilancia privada, tales como seguridad en espectáculos públicos y protección a altos dignatarios.

TITULO V

TARIFAS

Artículo 93. Tarifas. La Superintend encia de Vigilancia y Seguridad Privada, regulará los precios del mercado a través de la fijación de unas tarifas mínimas determinadas para el desarrollo de las actividades de vigilancia privada, que deberán garantizar como mínimo, la posibilidad de reconocer a los trabajadores del sector, el salario mínimo legal mensual vigente, las horas extras, los recargos nocturnos, prestaciones sociales, los costos operativos inherentes al servicio y demás prestaciones de ley, más el ¿AIU¿ (administración, imprevistos y utilidad), de los servicios de vigilancia y seguridad privada

TITULO VI

 MEDIOS UTILIZADOS PARA EL EJERCICIO DE LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

CAPITULO I

Armas

Artículo 94. Permisos. Los permisos de porte o tenencia de armas de fuego de uso personal y restringido deberán expedirse a nombre de la persona jurídica titular de los departamentos de seguridad o a nombre de las entidades de seguridad privada autorizadas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, a los cuales se les permita el uso de este medio.

Artículo 95. Proporción. Las entidades de seguridad privada podrán usar armas de fuego de defensa personal en la proporción de una por cada vigilante o escolta en nómina.

CAPITULO II

Animales

Artículo 96. Actividades de Vigilancia y Seguridad Privada Utilizando Animales como Medio para su Desarrollo. Las entidades de seguridad privada, los departamentos de seguridad y los servicios comunitarios de seguridad privada podrán desarrollar las actividades que le son propias, con el apoyo de animales adiestrados para tales efectos.

Las condiciones, definiciones, las clases de animales y en general las disposiciones que se refieren al uso de este medio, serán establecidas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

Parágrafo. Las entidades de seguridad privada, los departamentos de seguridad y los servicios comunitarios de seguridad privada autorizados para operar con este medio, podrán arrendar y/o sub contratar sus servicios con otras entidades de seguridad privada.

Artículo 97. Autorización. Las entidades de seguridad privada, los departamentos de seguridad y los servicios comunitarios de seguridad privada que pretendan desarrollar su actividad con la utilización del medio animal, deberán obtener autorización de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada,

TITULO VII

REGIMEN DE REPRESENTANTES LEGALES Y ADMINISTRADORES

Artículo 98. Inhabilidades y remoción de administradores, representantes legales y supervisores de seguridad. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada estará facultada para remover a los administradores, representantes legales y supervisores de seguridad vinculados a los departamentos de seguridad y servicios comunitarios de seguridad privada y a las entidades de seguridad privada que este bajo el control de la Entidad, únicamente en los siguiente eventos:

a) Cuando se demuestre que los departamentos de seguridad y los servicios comunitarios de seguridad privada y de las entidades de seguridad privada estén siendo utilizados para otros fines diferentes a su naturaleza, o en provecho propio.

b) Cuando se desconozcan y se compruebe por parte de la autoridad competente el desconocimiento de los derechos laborales de sus trabajadores.

c) Cuando se desconozcan las normas tendientes a prevenir el lavado de activos y la financ iación del terrorismo.

d) Cuando sea renuente a enviar información financiera y administrativa a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

Parágrafo. Quienes por las causas citadas sean removidos de sus cargos, quedarán inhabilitados para el ejercicio de los mismos, por un término hasta de cinco (5) años.

Artículo 99. Régimen cooperativo. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada estará facultada para remover los administradores, miembros del consejo de administración, juntas de vigilancia, o los órganos que hagan sus veces, representantes legales, revisor fiscal y/o asociados de las cooperativas que desarrollen actividades de vigilancia privada en los siguientes eventos:

a) Cuando se demuestre que los recursos de las cooperativas están siendo utilizados para otros fines diferentes a su naturaleza, o en provecho propio.

b) Cuando se demuestre que existe violación de los derechos de los cooperados.

c) Cuando se demuestre que existe violación al régimen especial cooperativo.

d) Cuando se demuestre que la información suministrada por la cooperativa para el registro de los órganos de administración y vigilancia y revisores fiscales no se encuentra conforme a las normas legales y estatutarias que lo reglamentan.

e) Cuando sea renuente a enviar información financiera y administrativa a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

f) Cuando se desconozcan las normas tendientes a prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

En los eventos citados, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada podrá convocar nuevas elecciones de los órganos de administración y vigilancia.

Parágrafo. Quienes por las causas citadas sean removidos de sus cargos, quedarán inhabilitadas para el ejercicio de los mismos, por un término de cinco (5) años.

Artículo 100. Inhabilidades. Adicional a lo establecido en los artículos precedentes, no podrán ser administradores, representantes legales y supervisores de seguridad miembros del consejo de administración, juntas de vigilancia o los órganos que hagan sus veces, quienes sean socios de otras sociedades dedicadas a las actividades de vigilancia y seguridad privada con independencia de si concurren o no en el mismo mercado.

TITULO VIII

REGIMEN DE LA CONTRIBUCION Y TASAS

CAPITULO I

De la contribución

Artículo 101. Contribución por control, inspección y vigilancia. Las entidades de vigilancia privada, los departamentos de seguridad y los servicios comunitarios de seguridad privada, que por su naturaleza o por las actividades que desarrollan estén sometidas a control, inspección y vigilancia de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, deberán pagar anualmente una contribución que tendrá por objeto cubrir los costos y gastos que ocasione el funcionamiento e inversión de la entidad durante el respectivo periodo. Dicha contribución tendrá los siguientes elementos:

1. Hecho Generador: Constituye hecho generador la vigilancia que ejerce la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada sobre las personas jurídicas que señala la presente ley.

2. Base Gravable: La base gravable de la contribución que deberán pagar los departamentos de seguridad, los servicios comunitarios de seguridad privada y las entidades de vigilancia privada, están determinadas de la siguiente manera:

a) Para las entidades de vigilancia privada, la base gravable estará constituida de la siguiente manera: para las sociedades que tengan representado su capital en acciones, la base gravable será el capital social suscrito; y para las demás formas societarias, por la totalidad del capital social suscrito y pagado;

b) Para las Transportadoras de Valores, la base gravable estará constituida de la siguiente manera: para las sociedades que tengan representado su capital en acciones, la base gravable será el capital social suscrito; y para las demás formas societarias, por la totalidad del capital social suscrito y pagado;

c) Para las cooperativas de vigilancia, la base gravable estará constituida por los aportes sociales;

d) Empresas dedicadas a la fabricación, instalación y comercialización de blindajes, la base gravable será la totalidad de los ingresos brutos recibidos durante la vigencia anterior;

e) Empresas que ejerzan la actividad de arrendamiento de vehículos blindados, la base gravable será la totalidad de los ingresos brutos que se perciban por concepto de dicha actividad durante la vigencia anterior;

f) Escuelas de capacitación, la base gravable será la totalidad de los ingresos brutos recibidos durante la vigencia anterior.

g) Para los departamentos de seguridad y los servicios comunitarios de seguridad privada la base gravable será el valor total de los salarios y prestaciones sociales del personal que presta funciones de seguridad y/o protección, sin incluir los aportes efectuados al sistema de seguridad social, al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar.

2. Sujeto Activo: La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada recaudará la contribución a que se refiere el presente artículo.

3. Sujetos Pasivos: Son sujetos pasivos de la contribución a que se refiere el presente artículo, todas aquellas personas jurídicas vigiladas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, según se define en esta ley.

4. Tarifa: La tarifa de la contribución que se crea en el presente artículo será fijada anualmente mediante resolución por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Para calcularla, atenderá a los siguientes criterios:

a) Se tendrá en cuenta el total del presupuesto de funcionamiento e inversión de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada para el período anual respectivo. El valor a recaudar será este monto deducidos los excedentes de la vigencia anterior.

b) De acuerdo con el número de personas jurídicas que vigila la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y teniendo en cuenta la información que las mismas provean con respecto a sus ingresos brutos anuales, deberá calcularse un porcentaje que sobre dichos ingresos deben pagar tales personas como contribución, de tal manera que el recaudo sea igual a lo calculado según el literal a).

c) Para la fijación de la tarifa, esto es, el porcentaje sobre los ingresos brutos de las personas jurídicas vigiladas, se deberá tener en cuenta el factor diferencial entre:

- Las entidades de vigilancia privada

- Los departamentos de seguridad

- Los servicios comunitarios de seguridad privada

d) Las personas jurídicas deberán suministrar la información que exija la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad privada para la determinación y liquidación de la contribución.

e) En ningún caso el monto de la contribución podrá exceder el 2% de la respectiva base gravable.

f) La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada establecerá anualmente los porcentajes y montos máximos de la contribución a cargo de sus vigilados con el tope establecido en el literal anterior.

g) El monto de la contribución podrá ser pagado en varias cuotas, según lo disponga la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada para el res pectivo periodo.

Parágrafo 1°. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada podrá liquidar directamente la contribución o establecer sistemas de autoliquidación, caso en el cual podrá efectuar una revisión y, de encontrar inexactitudes, requerirá al contribuyente para que efectúe las correcciones a que haya lugar y liquide los intereses moratorios respectivos.

En el caso de autoliquidación, si en el término de respuesta al requerimiento el contribuyente no acoge las glosas planteadas, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada proferirá liquidación oficial. Cuando el contribuyente no haya declarado ni pagado, se le podrá enviar un emplazamiento para que declare y si continua con la omisión de esta obligación se expedirá la correspondiente liquidación oficial.

En todo caso, si se opta por la liquidación privada de la contribución o si se trata de liquidaciones oficiales en el sistema de autoliquidación, procederá el recurso de reconsideración dentro del mes siguiente a la notificación del respectivo acto.

Parágrafo 2°. En lo no previsto por este artículo, los procedimientos administrativos de determinación y liquidación oficial de la contribución se regirán por lo establecido en el Estatuto Tributario.

Parágrafo 3°. Las sumas por concepto de contribuciones que no se cancelen en los plazos fijados por la Superintendencia, causarán los mismos intereses de mora aplicables al impuesto de renta y complementarios.

Parágrafo 4°. La liquidación y pago oportuno de la contribución o cuotas que estén vencidas, son requisito necesario para la aprobación de cualquier licencia y demás trámites que adelanten los obligados ante la Superintendencia.

Artículo 102. Liquidación de contribución para obligados que no han reportado información. Independientemente de las sanciones que procedan por el no suministro oportuno de la información requerida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada para la liquidación de la contribución, cuando un obligado no reporte los datos requeridos en las fechas señaladas, se podrá liquidar la contribución sobre la suma que resulte más alta entre el doble del promedio de la base que aplique para el grupo al cual pertenece el obligado que no ha reportado o el monto reportado el año inmediatamente anterior incrementado por el IPC.

Artículo 103. Inspecciones y solicitudes de información. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada podrá ejercer funciones de inspección de libros de contabilidad para determinar las bases gravables y podrá solicitar a particulares y otras entidades públicas la información necesaria para efectuar los cruces de información que se requieran en su labor de revisión de la información relacionada con la liquidación de la contribución.

Si un particular no suministra esta información o no permite las inspecciones respectivas podrá ser sancionado con multas sucesivas de un (1) SMLMV hasta que cese la omisión o renuencia.

CAPITULO II

De las tasas a favor de la Superintendencia

Artículo 104. Autorización. Se autoriza a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada el cobro de tasas por la expedición de autorizaciones o licencias, así como las inscripciones en el registro de la entidad que sean solicitadas en ejercicio de sus funciones de control, inspección y vigilancia, en los términos de la presente ley.

Artículo 105. Elementos de las tasas. De acuerdo con lo previsto en el artículo 338 de la Constitución Política, las tasas a favor de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada tendrán los siguientes elementos:

a) Sujeto activo: El sujeto activo de las tasas autorizadas por la presente ley es la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el monto obtenido por su recaudo es un ingreso propio de la entidad.

b) Sujeto pasivo: Es la persona natural o jurídica solicitante de la licencia o credencial o quien se establezca como responsable de la expedición misma.

c) Hecho Generador: El hecho generador de las tasas a favor de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada será la prestación de cualquiera de los siguientes servicios:

1. El otorgamiento o prórroga de autorizaciones o licencias a los departamentos de seguridad y los servicios comunitarios de seguridad privada.

2. El otorgamiento o prórroga de autorizaciones o licencias de funcionamiento a las entidades de vigilancia privada, sucursales o agencias de las mismas, que desarrollen actividades de vigilancia humana o electrónica, transporte de valores, capacitación y entrenamiento en seguridad privada, blindaje de equipos, elementos, productos o automotores, a través de la fabricación o adecuación de los tipos de blindajes, y el arrendamiento de vehículos blindados.

c) El otorgamiento o prórroga de la autorización o licencia a las entidades de vigilancia y los departamentos de seguridad y los servicios comunitarios de seguridad privada, que pretendan desarrollar su actividad con la utilización del medio animal.

d) La inscripción o renovación en el registro de las personas naturales o jurídicas que realicen actividades de fabricación, importación, comercialización, instalación o arrendamiento de equipos destinados a la vigilancia y la seguridad privada y los consultores, asesores e investigadores como personas naturales.

e) El otorgamiento o prórroga de las demás licencias o las inscripciones en el registro que la presente ley consagre como obligatorias.

Artículo 106. Determinación del monto a pagar. Para la determinación del monto a pagar por concepto de las tasas a favor de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, se seguirán las siguientes reglas:

1. Autoridad administrativa facultada para establecer la tarifa. De conformidad con el inciso 2° del artículo 338 de la Constitución, el Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada es la autoridad administrativa autorizada para establecer las tarifas o el monto a pagar por los servicios prestados por la entidad, de acuerdo con el método y el sistema para la determinación del costo de los servicios y la forma de repartirlo entre los usuarios que se establece en la presente ley.

2. Sistema. Para la cuantificación de los costos de los servicios mencionados en el artículo anterior se efectuará una valoración económica para su valoración y ponderación, teniendo en cuenta los insumos, manejo de bases de datos, acceso a otros sistemas de información, su montaje, los factores de financiación, operación, tecnificación, modernización, administración, mantenimiento, sostenimiento, reparación, actualización, provisiones, cobertura, ampliación de servicios, capacitación, seguridad del sistema de la información, de su flujo y demás gastos asociados, incluyendo las inversiones necesarias para garantizar la continuidad y mejora del servicio.

3. Método. El Superintendente de Vigilancia y Seguri dad Privada adoptará las siguientes pautas técnicas para determinar las tarifas de los servicios:

a) Cuantificación de los materiales, suministros y demás insumos tecnológicos y de recurso humano, utilizados para el montaje, administración, capacitación, mantenimiento, reparación y cobertura de los servicios. Cuando alguno de los procedimientos deba contratarse con terceros, se considerará el valor del servicio contratado;

b) Cuantificación de la financiación, construcción, manejo de bases de datos, acceso a otros sistemas de información, tecnificación y modernización, ampliación de servicios, actualización, alianzas estratégicas, herramientas, provisiones, sostenimiento y demás gastos asociados;

c) Cuantificación y valoración de los recursos necesarios para garantizar plenamente la prosecución de un servicio adecuado, consolidado, oportuno y suficiente para los usuarios de acuerdo con las funciones que cumple la entidad;

d) Estimación de la cantidad promedio de utilización de los servicios generadores de la tasa.

4. Para determinar el monto a pagar por los servicios descritos en el artículo anterior, se tendrá en cuenta el sistema a que se refiere el numeral 2 y será el resultado de dividir la suma de los valores obtenidos de acuerdo con los literales a), b) y c) del numeral 3 del presente artículo por la cantidad promedio de utilización descrita en el literal d) del mismo numeral.

Artículo 107. Precios por otros servicios. No quedan cobijados por la presente ley los precios por otros servicios que voluntaria mente se soliciten a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

TITULO IX

DE LAS PROTECCIONES AL EMPLEO Y AL MERCADO NACIONAL

Artículo 108. Capital extranjero. A excepción de las cooperativas que desarrollan actividades de vigilancia privada, las entidades de vigilancia privada podrán contar con capital extranjero en su composición social en los porcentajes y con la gradualidad que establece el Gobierno Nacional.

Parágrafo 1°. No podrá ingresar capital extranjero al sector de la vigilancia privada a través de la inversión extranjera de portafolio.

Parágrafo 2°. Se prohíbe la constitución de entidades de vigilancia y seguridad privada de origen extranjero dentro de los diez años siguientes a la promulgación de la presente ley.

Artículo 109. La participación de capital extranjero en una entidad de vigilancia y seguridad privada, no podrá ser superior al cuarenta y nueve por ciento (49%) del capital social.

Parágrafo. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada podrá solicitar la información que considere necesaria a otras entidades de carácter público o privado, nacionales o extranjeras y al propio solicitante del trámite, con el fin de establecer la procedencia del capital y las condiciones específicas de la operación, y evaluará siempre la conveniencia y oportunidad de otorgar o no la respectiva autorización.

Artículo 110. Prohibición de establecimiento directo. Las sociedades extranjeras dedicadas a las actividades de vigilancia privada definidas en la presente ley sólo podrán actuar en el mercado nacional a través de la adquisición de participaciones de las organizaciones de vigilancia privada colombianas previamente constituidas. Por lo tanto, dichas sociedades no podrán participar en el capital y organizaciones de vigilancia privada constituidas y autorizadas con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, sino hasta pasado diez (10) años de dicha fecha, y/o establecer sucursales o agencias de manera directa en cualquier tiempo.

Artículo 111. Fusiones y Escisiones: Las funciones y las escisiones efectuadas entre organizaciones de vigilancia y seguridad privada serán autorizadas previamente por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada según el reglamento que dicha entidad expida para tal fin, el cual tendrá en cuenta lo determinado en el presente capítulo respecto del ingreso de capital extranjero al mercado nacional.

Artículo 112. Empleo Nacional. El personal operativo, los docentes, en el caso de las escuelas de capacitación en entrenamiento de vigilancia y seguridad privada, y los representantes legales de las organizaciones de vigilancia y seguridad privada serán de nacionalidad colombiana.

Artículo 113. Contrato de Condiciones Uniformes. Con el fin de velar por la protección de los derechos de los usuarios, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada determinará las condiciones mínimas de los contratos bajo los cuales las organizaciones de vigilancia privada se comprometen a desarrollar las actividades de vigilancia privada.

Artículo 114. Reciprocidad Comercial. Para el caso de ingreso del capital extranjero directo se dará aplicación al Principio de Reciprocidad sobre la base de equidad y conveninencia nacional conforme lo dispuesto en el artículo 226 de la Constitución Política.

TITULO X

FUNCIONES DE INSPECCION Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

CAPITULO I

Potestad sancionatoria y principios

Artículo 115. Titularidad de la Potestad Sancionatoria. El Estado es el Titular de la potestad sancionatoria en materia de vigilancia y seguridad privada y la ejerce, sin pe rjuicio de las competencias legales de otras autoridades, a través de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, quien podrá determinar mediante reglamento los procedimientos y criterios de fijación de las multas en todos aquellos casos no previstos expresamente en la presente ley.

Artículo 116. Principios. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada en la aplicación de las sanciones administrativas orientará su actividad siguiendo los siguientes principios:

Legalidad: En la interpretación de las normas del proceso sancionatorio, el funcionario competente deberá tener en cuenta, la prevalencia de los principios rectores del derecho administrativo, el cumplimiento de las garantías debidas a las personas que en él intervienen y la aplicación de las normas que rigen la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad privada.

Debido Proceso: La actuación administrativa que surta la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada debe ser el resultado de un proceso donde el investigado haya tenido la oportunidad de expresar sus opiniones e igualmente presentar y solicitar las pruebas que demuestren sus derechos, con la plena observancia de las disposiciones que regulan la materia, respetando en todo caso los términos y etapas procesales descritas.

Doble Instancia: Toda resolución mediante la cual se imponga una sanción, deberá tener la posibilidad de ser apelada.

Economía: Se propenderá por que los procedimientos se adelanten en el menor tiempo posible y con la menor cantidad de gastos para quienes intervengan en el proceso, que no se exijan más documentos y copias de aquellos que sean estrictamente necesarios.

Eficacia: Con ocasión, o en desarrollo de este principio la administración removerá todos los obstáculos de orden formal evitando decisiones inhibitorias.

Imparcialidad: La Superintendencia se propone asegurar y garantizar los derechos de todas las personas que intervienen sin ninguna discriminación por consiguiente se dará el mismo tratamiento a todas las partes.

Derecho a la defensa: Durante la investigación el investigado (persona natural o jurídica), tiene derecho a la defensa material. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada tendrá en cuenta los descargos que hagan las personas a quienes se les formuló pliego de cargos y la contradicción de las pruebas allegadas regular y oportunamente al proceso administrativo sancionatorio.

Proporcionalidad: La sanción debe corresponder a la gravedad de la falta cometida.

Presunción de inocencia: Toda persona natural o jurídica respecto de la cual se inicie investigación, se presume inocente hasta tanto no se demuestre lo contrario.

 Carácter ejemplarizante de la sanción: la sanción que se imponga debe estar encaminada a persuadir a los demás representantes legales, socios o funcionarios o empleados del mismo servicio de vigilancia y seguridad privada vigilado en el que se incurrió en falta y demás servicios vigilados por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, de abstenerse de vulnerar la norma que dio origen a la sanción.

Artículo 117. Criterios para graduar las sanciones administrativas. Las sanciones por faltas administrativas a que se hace mención en esta ley, se graduarán atendiendo los siguientes criterios, en cuanto resulten aplicables:

1. Los antecedentes del infractor.

2. La naturaleza y efectos de la falta.

3. Las justificaciones objetivas de los prestadores del servicio.

4. Dimensión del daño o peligro a los intereses jurídicos tutelados por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

5. El grado de perturbación en la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada.

6. Las circunstancias de los hechos que dieron lugar a la falta.

7. La reincidencia en la comisión de la falta.

8. La resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora o de inspección de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

9. La utilización de medios fraudulentos en la comisión de la falta.

10. El grado de culpabilidad con que se hayan desatendido los deberes o se hayan inaplicado las normas legales pertinentes.

11. La renuencia o desacato a cumplir con las órdenes impartidas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

12. La situación económica del sancionado.

13. El reconocimiento o aceptación expresa que haga el investigado sobre la comisión de la infracción antes de la imposición de la sanción a que hubiere lugar.

CAPITULO II

De las faltas

Artículo 118. Faltas. Se considera falta en materia de vigilancia y seguridad privada toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en la presente ley, y en especial las siguientes:

a) No prestar el servicio conforme a las condiciones exigidas por la normatividad vigente en vigilancia y seguridad privada.

b) Incumplir los deberes o las obligaciones consagradas en la normatividad vigente en vigilancia y seguridad privada.

c) Ejecutar actos que resulten violatorios de la normatividad de vigilancia y seguridad privada vigente al momento de la infracción, de los estatutos sociales o de cualquier norma legal a la que estos en ejercicio de sus funciones deban sujetarse.

d) Incumplir las normas, órdenes, requerimientos o instrucciones que expida la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada en ejercicio de sus atribuciones, cuando dicho incumplimiento constituya infracción a la ley.

e) Autorizar o no evitar debiendo hacerlo, actos que resulten violatorios de la normatividad vigente, de los estatutos sociales, o de normas o instrucciones que expida la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada en el ejercicio de sus atribuciones.

Parágrafo. Las personas naturales o jurídicas, cualquiera que sea su naturaleza, que contraten servicios de vigilancia de manera irregular, estarán sujetas a las sanciones previstas en esta ley.

Artículo 119. Clasificación de las faltas. Las faltas se clasifican en:

1. Muy Graves

2. Graves

3. Leves

Artículo 120. Faltas Muy Graves. Constituyen faltas gravísimas, las siguientes:

1. Vulnerar o atentar contra los derechos humanos consagrados en la Constitución Política y los tratados o Convenios Internacionales suscritos y ratificados por Colombia.

2. Portar o tener armas que hayan sido establecidas como prohibidas o que sin serlo, no cuenten con la respectiva autorización; todo ello sin perjuicio de las sanciones como la incautación o decomiso de las armas establecida en el Decreto 2535 de 1993 y demás normas que lo adicionen o modifiquen.

3. Utilizar, tener o portar armas de uso restringido por el Estado.

4. Utilizar las armas alteradas, sin el permiso de la autoridad militar competente.

5. Falsificar, alterar o corregir permisos correspondientes al porte o tenencia de armas de fuego, sin perjuicio de las demás sanciones penales por comisión de hechos punibles.

6. Falsificar o alterar el permiso, licencia o credencial que deba expedir la Superintendencia de Seguridad Privada.

7. Prestar servicios a terceros no autorizados u ofrecer la prestación de los mismos con propósitos ilegales, o lucrativos cuando ello no esté expresamente autorizado en la respectiva licencia de funcionamiento.

8. Desarrollar acciones ofensivas o constituirse en organizaciones de choque o enfrentamiento contra organizaciones criminales.

9. Permitir que los servicios de Seguridad Privada puedan ser utilizados, como instrumento para la realización de actividades delictivas.

10. Expedir Constancias y/o diplomas de capacitación falsos, adulterar su contenid o, o expedirlos sin haber ofrecido el entrenamiento y capacitación correspondiente.

11. Emplear a cualquier título, uniformes con características sustancialmente similares a los de la Fuerza Pública, que generen confusión en la ciudadanía u obstruyan la acción de la Fuerza Pública

12. Haber sido sancionado en un mismo año con tres o más faltas graves mediante resolución debidamente ejecutoriada.

13. Haber sido condenado cualquiera de los socios, representantes legales y/o administradores de las entidades de seguridad privada, departamentos de seguridad o servicios comunitarios, con pena privativa de la libertad por delitos contra la seguridad pública, contra la seguridad del Estado, contra la administración pública, contra la fe pública, contra el patrimonio económico, delitos contra la libertad individual y otras garantías, delitos contra la vida e integridad personal, delitos contra personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario, sin perjuicio del ejercicio de la facultad discrecional prevista en esta ley.

En todos los casos aquí señalados, los servicios vigilados serán sancionados con la cancelación de la licencia o del correspondiente permiso otorgado por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

Artículo 121. Faltas Graves. Son faltas graves las siguientes:

1. No suministrar dentro de las setenta y dos (72) horas hábiles siguientes la documentación solicitada en el momento de la práctica de la visita de inspección.

2. Instalar, acondicionar, enajenar, importar o arrendar equipos, elementos o automotores blindados sin exigir al interesado la autorización previa expedida por la Superintendencia.

3. Impartir programas de capacitación y entrenamiento en Seguridad Privada sin informar previamente a la Superintendencia de Seguridad Privada sobre el contenido que van a desarrollar los mismos, los medios a utilizar, el personal que será capacitado o el lugar en el cual se impartirá la capacitación.

4. Abandonar el servicio contratado sin previo y oportuno aviso al usuario. 

5. Prestar los servicios de escoltas en los departamentos de seguridad en un número superior al asignado por la Superintendencia de Seguridad Privada.

6. Desarrollar u ofrecer servicios de Seguridad Privada, en modalidades no autorizadas por la Superintendencia de Seguridad Privada.

7. Prestar el servicio de Seguridad Privada con medios no autorizados.

8. Destinar las armas autorizadas a título personal para uso de los servicios de Seguridad Privada.

9. Utilizar los servicios de Seguridad Privada como medio de coacción para cualquier fin.

10. Negarse a recibir las visitas de inspección ordenadas por la Superintendencia de Seguridad Privada.

11. Utilizar los vehículos del servicio para transportar personas que estén directa e indirectamente relacionadas con actividades al margen de la ley, cuando haya sido informado previamente.

12. Entregar automotores blindados a los propietarios o usuarios a cualquier título que no acrediten la autorización correspondiente expedida por la Superintendencia de Seguridad Privada.

13. Permitir la participación de capital social y socios no autorizados por la Superintendencia de Seguridad Privada, como lo dispone la presente ley o las normas que la modifiquen, aclaren o adicionen.

14. No informar a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada la apertura de agencias y/o sucursales.

15. No atender los requerimientos hechos por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

16. Haber sido sancionado en un mismo año con dos o más faltas leves.

17. Ofrecer servicios complementarios, valores o servicios agregados a los servicios con armas de fuego o con cualquier otro medio tecnológicos gratuitos por valores irrisorios.

Parágrafo. Las personas naturales o jurídicas, de cualquier naturaleza pública o privada, que en calidad de usuarios, contraten servicios de seguridad privada, con empresas que no tengan licencia de funcionamiento, que la misma se encuentre vencida o que pague menos de las tarifas establecidas por el Gobierno Nacional o, que pague precios irrisorios por los valores o servicios agregados a los servicios con armas de fuego o con cualquier otro medio humano, serán sancionados con multa de cien (100) a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales.

Artículo 122. Faltas Leves. Son faltas leves las siguientes:

1. No emplear las armas de acuerdo con el uso autorizado en los respectivos permisos, o no portar la fotocopia autenticada del permiso que las ampara.

2. No mantener permanentemente actualizados los seguros. 

3. No tener afiliados a los trabajadores al Sistema General de Seguridad Social. 

4. No tener el capital social suscrito y pagado en su totalidad. 

5. Expedir constancias de capacitación sin el cumplimiento de la intensidad académica y horaria señalada por la Superintendencia de Seguridad Privada. 

6. No llevar control de las armas con permiso de tenencia y/o porte. 

7. No tener el personal operativo con el uniforme registrado y aprobado por la Superintendencia de Seguridad Privada.

8. No reportar, ni actualizar la información que deba contener el registro de actividades de fabricación, importación, instalación, comercialización o arrendamiento de equipos para la Seguridad Privada.

9. No elaborar el registro de compradores y usuarios de equipos o elementos para la Seguridad Privada, de conformidad con lo establecido en la presente ley.

10. No tener seguridad para las armas (armerillo empotrado, caja fuerte, cuarto seguro, etc.).

11. No tener debidamente acreditado al personal del servicio de seguridad, cuando la credencial haya sido expedida por la Superintendencia.

12 . No enviar a la Superintendencia de Seguridad Privada antes del 30 de abril de cada año, los estados financieros del año inmediatamente anterior, certificado por el representante legal y el contador o revisor fiscal.

13. No efectuar los descargos ante la Industria Militar o la entidad competente de las armas extraviadas.

14. No practicar en forma permanente la supervisión en los puestos de servicio. 

15. Ofrecer servicios complementarios, valores o servicios agregados a los servicios con armas de fuego o con cualquier otro medio tecnológicos gratuitos por valores irrisorios.

16. No realizar los traspasos de los vehículos blindados ante la autoridad de tránsito competente.

17. Utilizar el vehículo blindado sin el correspondiente permiso expedido por la Superintendencia. 

18. Cualquier otra violación de las obligaciones consagradas en la presente ley y no definida expresamente como falta muy grave o falta grave, conforme los artículos anteriores.

CAPITULO III

De las sanciones

Artículo 123. Sanciones. Las siguientes son las sanciones de carácter administrativo que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada puede imponer; sin perjuicio de las que establezcan normas especiales:

a) Amonestación o llamado de atención; si hay lugar, se fijará un plazo perentorio para corregir las faltas leves encontradas por la Superintendencia;

b) Multa Pecuniaria. Cuando se trate de conductas previstas como faltas graves, la multa podrá ser hasta de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Cuando se trate de conductas previstas como faltas leves, la multa podrá ser hasta de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes;

c) Suspensión de la licencia de funcionamiento o credencial hasta por seis (6) meses prorrogables por otros seis (6) si no fueron subsanados los hechos materia de sanción;

d) Cancelación de la licencia de funcionamiento o del permiso otorgado por el Estado o de las credenciales respectivas;

e) Clausura de sucursales o agencias;

f) Toma de posesión en organismos de vigilancia para la administración o para la liquidación, cuando las sanciones previstas en los numerales descritos, no sean efectivas o perjudiquen indebidamente a terceros.

CAPITULO IV

Procedimiento Administrativo Sancionatorio

Artículo 124. Etapas del Proceso. El proceso sancionatorio de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada se surtirá de la siguiente manera:

Inicio de la Actuación. La actuación administrativa para determinar la comisión de infracciones podrá iniciarse de oficio, por informes recibidos de terceros, mediante la práctica de visitas administrativas de inspección, vigilancia y control, por traslado de otras autoridades, por quejas o informes de personas naturales o jurídicas y en general, por cualquier otro medio que ofrezca credibilidad.

Etapa Preliminar. Después de iniciada la actuación administrativa, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada podrá ordenar visitas de inspección al organismo investigado, a fin de corroborar los hechos que fueron informados en su momento.

Formulación de Cargos. Si el funcionario competente considera que los hechos investigados constituyen una posible falta, formulará los cargos correspondient es a los presuntos infractores mediante auto motivado que deberá notificarse personalmente en los términos del Código Contencioso Administrativo y contra el cual no procede recurso alguno.

El auto de formulación de cargos deberá contener una síntesis de los hechos constitutivos de las posibles infracciones, de las pruebas allegadas hasta ese momento y de las normas que se estiman infringidas.

Término de Traslado del Auto de Formulación de Cargos. El término de traslado del acto de formulación de cargos a los presuntos infractores será de diez (10) días contados a partir del día siguiente a su notificación. Durante dicho término el expediente respectivo estará a disposición de los presuntos infractores en las dependencias del funcionario que hubiere formulado los cargos.

El traslado es la única oportunidad en que los presuntos infractores pueden presentar los descargos que consideren pertinentes. Durante este término podrán solicitar la práctica de pruebas, aportarlas u objetar las obtenidas antes de la formulación de cargos;

Período Probatorio. Las pruebas solicitadas se decretarán cuando sean conducentes, pertinentes y eficaces para el esclarecimiento de los hechos materia de investigación.

Se aceptarán las aportadas si llenan los anteriores requisitos. Se denegarán las que no los cumplan y se ordenarán de oficio las que se consideren pertinentes, mediante acto motivado que señalará el término para su práctica, el cual no podrá exceder de treinta (30) días, prorrogables por otros treinta (30) si existe una debida justificación. La práctica de las pruebas comenzará a realizarse después de transcurridos cinco (5) días desde la fecha de notificación por comunicación del acto respectivo.

Recursos contra el Acto de Pruebas. Contra el acto que deniegue total o parcialmente las pruebas solicitadas procede únicamente el recurso de reposición, ante el funcionario que lo dictó, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de su notificación. Contra el que decrete todas las pruebas solicitadas no procederá ningún recurso; tampoco procederá ningún recurso en relación con las pruebas decretadas de oficio.

Valoración Probatoria. Las pruebas se valorarán en su conjunto conforme a las reglas de la sana crítica, atendiendo la naturaleza administrativa de la infracción, la índole objetiva de la responsabilidad correspondiente y los propósitos perseguidos por el régimen sancionatorio.

Recursos en Vía Gubernativa Contra la Resolución Sancionatoria. Contra la resolución que imponga cualquier sanción procederán los recursos de reposición ante el Superintendente Delegado para el Control y el de apelación, ante el Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, el cual deberá interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación con el lleno de los requisitos legales establecidos en el Código Contencioso Administrativo.

Notificación. Si la persona a quien debe hacerse la notificación, no se encontrare o no pudiere, por cualquier motivo, recibir la notificación, esta se practicará mediante entrega que el notificador haga al empleado que lo reciba de copia auténtica del acto administrativo y sus anexos.

En lo no previsto en este artículo y en general en el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada, la interposición y trámite de los recursos se sujetará a lo previsto en el Título II del Libro 1 del Código Contencioso Administrativo.

Parágrafo. Cuando hubiere documentos relacionados con una misma actuación y que hagan alusión a una determinada organización antes de proferir resolución sancionatoria, se hará con todos un solo expediente al cual se acumularán, de oficio o a petición de interesado, cualesquiera otros que se tramiten y tengan relación íntima con él para evitar decisiones contradictorias.

CAPITULO V

De las medidas cautelares

Artículo 125. Medidas Cautelares. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada podrá imponer las siguientes medidas cautelares a las personas naturales o jurídicas que realicen o contraten actividades de vigilancia y seguridad privada de manera irregular, lo cual no obsta para adelantar los respectivos procesos sancionatorios:

A quienes desarrollen actividades exclusivas de los vigilados sin contar con la debida autorización; es decir, sin licencia de funcionamiento, así:

Ordenar para que se suspenda de inmediato tales actividades, bajo apremio de multas sucesivas hasta por 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes cada una, mientras persista esta situación.

Terminación rápida y progresiva de los contratos o servicios desarrollados ilegalmente, mediante intervención especial de la Superintendencia, que garantice eficazmente los derechos de terceros de buena fe.

A los vigilados que infrinjan lo dispuesto en la presenta ley:

a. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada podrá remover a los administradores, representantes legales y supervisores de seguridad miembros del consejo de administración, juntas de vigilancia o los órganos que hagan sus veces vinculados a las entida des de seguridad privada, departamentos de seguridad y servicios comunitarios de seguridad privada, bajo el control de la entidad, cuando se afecte la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada o se desconozcan las garantías laborales de los trabajadores del sector, además de los casos previstos en el Título IX de la presente ley.

Ordenar para que se suspendan de inmediato tales actividades, bajo apremio de multas sucesivas hasta por 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes cada una, mientras persista esta situación.

Terminación rápida y progresiva de los contratos o servicios desarrollados ilegalmente, mediante intervención especial de la Superintendencia, que garantice eficazmente los derechos de terceros de buena fe.

3. A las personas que contraten servicios de vigilancia de forma irregular:

Orden para que suspendan de inmediato las actividades contratadas en forma irregular.

Terminación rápida y progresiva de los contratos o servicios ejecutados de forma irregular, mediante intervención especial de la Superintendencia, que garantice eficazmente los derechos de terceros de buena fe.

Parágrafo 1°. Las medidas cautelares y de intervención que en ejercicio de sus funciones adopte la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, serán de aplicación inmediata. Contra ellas únicamente procede el recurso de reposición y su interposición no suspenderá la ejecutoriedad del acto administ rativo.

Parágrafo 2°. En los eventos que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada determine que debe protegerse la confianza pública, la seguridad ciudadana o el orden público de una entidad de seguridad y vigilancia privada diferente a los Departamentos de Seguridad, podrá interponer a la misma una medida cautelar consistente en la suspensión de la Licencia de Funcionamiento hasta por seis (6) meses, cuyo recurso se resolverá en el efecto devolutivo.

CAPITULO VI

De la caducidad

Artículo 126. Caducidad. La facultad que tiene la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada para imponer sanciones caducará en tres (3) años contados de la siguiente forma:

a. En las conductas de ejecución instantánea, desde el día de su consumación;

b. En las conductas de ejecución permanente o sucesiva, desde la fecha de realización del último acto, y

c. En las conductas omisivas, desde cuando haya cesado el deber de actuar.

Cuando en una misma actuación administrativa se investiguen varias conductas, la caducidad de la facultad sancionatoria de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada se contará independiente para cada una de ellas.

Artículo 127. Reserva. Las actuaciones que se surtan dentro de los procesos administrativos sancionatorios que adelante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada tendrán el carácter de reservadas frente a terceros. Las sanciones no serán objeto de reserva una vez ejecutoriadas.

CAPITULO VII

De las quejas y solicitudes

Artículo 128. Trámite. Las peticiones, quejas, y demás solicitudes que presenten tanto los guardas de seguridad como los usuarios de los servicios, deberán ser atendidas y resueltas en forma oportuna por las entidades de seguridad privada, los departamentos de seguridad y servicios comunitarios de seguridad privada que desarrollen las actividades descritas en la presente ley, quienes tomarán las medidas que sean necesarias en el caso de que alguno de sus dependientes se vea involucrado por acción o por omisión, en hechos que atenten contra los bienes o personas a las cuales se brindan vigilancia o protección.

Artículo 129. Conocimiento de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada de acuerdo con el procedimiento que establezca para ello, atenderá en segunda instancia las peticiones de quejas y reclamos de los guardas de seguridad y de la ciudadanía sobre las actividades de vigilancia y seguridad privada desarrolladas por los vigilados.

Parágrafo 1°. Sin perjuicio de lo señalado en los artículos anteriores, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, conocerá y adelantará las medidas que considere pertinentes sobre las denuncias relacionadas con el ejercicio de las actividades de vigilancia y seguridad privada por personas naturales o jurídicas no autorizadas.

Parágrafo 2°. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada establecerá mecanismos de coordinación con el Ministerio de la Protección Social, para establecer un procedimiento expedito de atención y solución de las quejas laborales presentadas por los empleados del sector.

TITULO XI

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 130. Credencial de identificación. El personal operativo y los docentes de las entidades de seguridad privada, de los departamentos de seguridad y de los servicios comunitarios de seguridad privada, los consultores, asesores e investigadores en seguridad privada, deberán portar una credencial.

Parágrafo 1°. Cada una de las entidades de seguridad privada, de los departamentos de seguridad y los servicios comunitarios de seguridad privada, expedirán las correspondientes credenciales de identificación del personal mencionado en el presente artículo.

Parágrafo 2°. El Colegio Nacional de Consultores, Asesores e Investigadores en seguridad, expedirán las correspondientes credenciales de identificación de este personal.

La solicitud de credencial de identificación implica que se ha verificado la idoneidad del personal para desempeñar las funciones para la cual solicita la credencial.

Así mismo, cada persona jurídica o natural deberá proporcionar mensualmente a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada los listados que contienen la relación de credenciales expedidas.

Parágrafo 3°. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada anualmente verificará los antecedentes judiciales del personal carnetizado con el fin de determinar su continuidad.

Artículo 131. Cuantía Mínima de Patrimonio. El Gobierno Nacional podrá modificar las cuantías mínimas de patrimonio que deberán mantener y acreditar las entidades de seguridad privada ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

Artículo 132. Prohibición. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada se abstendrá de expedir autorizaciones y licencias de funcionamiento a los Departamentos de Seguridad, Servicios Comunitarios de Seguridad Privada y Entidades de Seguridad Privada, cuyos socios y/o representantes legales hubieren pertenecido a entidades a las cuales se les haya cancelado o negado la respectiva licencia o autorización, cuando sea del caso.

Esta prohibición tendrá vigencia durante diez (10) años contados a partir de la fecha de ejecutoria de la resolución que dispuso la respectiva cancelación o negación.

Artículo 133. Deber de denuncia. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada pondrá en conocimiento de la autoridad administrativa o judicial que corresponda sobre las posibles prácticas comerciales restrictivas de la competencia por parte de las entidades de seguridad privada, así como sobre la violación de las normas sobre defensa del consumidor respecto de los usuarios de dichas entidades.

Artículo 134. Funcionarios públicos. Los integrantes de la fuerza pública en servicio activo, los servidores públicos al servicio del Ministerio de Defensa Nacional, del Departamento Administrativo de Seguridad y de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, no podrán ser socios ni empleados de los departamentos de seguridad, servicios comunitarios de seguridad privada y entidades de seguridad privada.

Artículo 135. Información a la Autoridad. Una vez obtenida o renovada la autorización para operar o la licencia de funcionamiento, departamentos de seguridad y servicios comunitarios de seguridad privada y las entidades de seguridad privada deben llevar un registro actualizado y comunicar a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes, las novedades que se presente en materia de personal, armamento, equipos y demás medios utilizados así como la relación de usuarios, indicando razón social y dirección.

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada podrá establecer mecanismos que faciliten el suministro de esta información.

Artículo 136. Informes. Los servicios comunitarios de seguridad privada y entidades de seguridad privada deberán enviar a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, antes del 30 de abril de cada año los estados financieros del año inmediatamente anterior, certificado por el Representante Legal y el Contador o Revisor Fiscal.

Los departamentos de seguridad y servicios comunitarios de seguridad privada, deberán discriminar los gastos y costos destinados a seguridad, del año anterior y reportarlos a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada en las fechas y con los requisito s aquí señalados.

Artículo 137. Reserva General de la Información. Las personas vinculadas a los departamentos de seguridad y servicios comunitarios de seguridad privada y entidades de seguridad privada deberán guardar reserva sobre la información de sus protegidos, abonados y/o usuarios, so pena de las correspondientes sanciones administrativas y penales a que haya lugar.

Artículo 138. Investigación Permanente. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada podrá en todo momento consultar las bases de datos de los organismos de seguridad del Estado y adoptar las medidas que sean necesarias frente a la autorización y operación de los departamentos de seguridad y servicios comunitarios de seguridad privada y las entidades de seguridad privada.

Artículo 139. Atribuciones Especiales. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, previa solicitud del Director General de la Policía Nacional y los Comandos de Departamentos de Policía, podrá ordenar la suspensión, instalación o levantamiento transitorio de los departamentos de seguridad, servicios comunitarios de seguridad privada y entidades de seguridad privada, en determinado sector o lugar dentro del territorio nacional, cuando las necesidades lo exijan para la ejecución de una tarea oficial, disponiendo las medidas de seguridad en las mencionadas áreas, mientras dure la actuación de las autoridades.

Artículo 140. Con el fin de adecuar a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada frente a la expansión y la nueva regulación del sector de la Vigilancia y la Seguridad Privada, el Gobierno Nacional estará facultado para modificar su estructura.

Artículo 141. Los vehículos utilizados para el desempeño de las actividades de vigilancia privada debidamente identificados, estarán exentos de la aplicación de las restricciones vehiculares en el lugar en donde estas se autoricen.

Artículo 142. Para efectos de controlar la relación mínima de patrimonio se deberá enviar además de los Estados Financieros básicos (balance general consolidado, Estado de Resultados y notas a los Estados Financieros), el estado de cambio en la situación patrimonial comparada con el año inmediatamente anterior de aquel que se informa.

Los servicios de Seguridad Privada, que a la fecha no mantengan las condiciones señaladas en el presente artículo, para proceder a efectuar los ajustes de cuantías mínimas de patrimonio necesario de que trata la presente ley, podrán solicitar al Superintendente que se convenga un programa de ajuste cuyo plazo no puede ser mayor a dos (2) años siguientes a la vigencia de esta disposición.

Artículo 143. Condiciones para la prestación del servicio. Las empresas de seguridad privada, no podrán prestar servicios a los usuarios que no provean los recursos locativos o sanitarios mínimos para que el personal de vigilancia fija o móvil pueda desarrollar su labor en condiciones que garanticen no solamente la seguridad del beneficiario del servicio sino el propio bienestar de quien lo presta.

Artículo 144. Las entidades de seguridad privada, los departamentos de seguridad y los servicios comunitarios de seguridad privada deben garantizar y brindar a sus empleados la oportunidad de concurrir a votar el día de elecciones con el objeto de ejercer su derecho al voto.

Artículo 145. Convenios de Capacitación. Sin perjuicio de las competencias propias de las Instituciones Educativas de formación en Seguridad Privada autorizadas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) promoverá y suscribirá convenios de cooperación especial con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, con los gremios constituidos legalmente en el Sector y con las Instituciones Educativas de formación en Seguridad Privada autorizadas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, los cuales tendrán por objeto contribuir a la profesionalización del oficio del vigilante y el guarda de seguridad, atendiendo las necesidades específicas de capacitación y el desarrollo integral de competencias laborales sin costo alguno para los vigilantes y los guardas de seguridad.

El ICBF podrá generar convenios con las asociaciones o gremios especializados del sector, para garantizar la atención de los hijos de los guardas que así lo requieran.

Artículo 146. A fin de cubrir las necesidades de vivienda de los guardas de seguridad, en los procesos de asignación de subsidio familiar de vivienda que se realizan con recursos de las Cajas de Compensación Familiar, se procurará que si el cierre financiero del valor de las viviendas se logre con recursos del Fondo Nacional de Ahorro, a través de planes especiales organizados por el Viceministerio de Vivienda del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Para este efecto se dará aplicación a todos los mecanismos de promoción que tienen establecidos estas entidades, dirigidos especialmente para esta población.

Artículo 147. Todas las entidades vigiladas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada de que trata la presente ley, están en la obligación de acreditar y de garantizar el cumplimiento.

Artículo 148. Las Cámaras de Comercio se abstendrán de registrar actos sometidos a autorización previa de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, correspondiente a la constitución de empresas y servicios de vigilancia y seguridad privada.

Artículo 149. Día Nacional del Guarda. Se establece el 27 de noviembre como el Día Nacional del Guarda de Seguridad. El Gobierno Nacional, por intermedio del Ministerio del Interior y de Justicia, el Ministerio de Defensa Nacional, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y los gremios representativos del sector deberán organizar actos protocolarios y culturales con el fin de destacar el valor y el compromiso de este grupo de trabajadores para con la seguridad y la convivencia ciudadana.

TITULO XI

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo 150. Tránsito Legislativo de las Licencias Otorgadas. Las licencias de funcionamiento expedidas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada de conformidad con lo establecido en el Decreto 356 de 1994, conservarán su plena validez durante el término de la vigencia señalado en la respectiva licencia más dos (2) años, durante los cuales deberán ajustarse a los requisitos de funcionamiento establecidos en la presente ley.

Las renovaciones de licencias que hayan sido solicitadas ante la Superintendencia y Seguridad Privada dentro los términos establecidos en el Decreto 356 de 1994, deberán ajustar su solicitud a los requisitos de funcionamiento establecidos en la presente Ley durante el año siguiente a su promulgación. En todo caso, hasta tanto la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada se pronuncie de fondo sobre la respectiva solicitud, la licencia de funcionamiento otorgada con base en el Decreto 356 de 1994 mantendrá su vigencia.

Artículo 151. Tránsito Legislativo Departamentos de Seguridad de Personas Naturales. La persona natural que posea departamento de seguridad en los términos establecido en el Decreto 356 de 1994, deberá desmontarlo durante el año siguiente a la entrada en vigencia de la presente ley, lo cual deberá demostrar a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, so pena de las sanciones y medidas cautelares establecidas en la presente ley.

Artículo 152. Reglamentación por el Gobierno Nacional. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgación de la presente ley, el Gobierno Nacional reglamentará las materias establecidas en la presente ley.

Artículo 153. Derogatoria. La presente ley deroga todas las normas que le sean contrarias y en especial el Decreto 2974 de 1977, Decreto-ley 356 de 1994, Decreto 2187 de 2001, Decreto 2350 de 2001, Decreto 1612 de 2002, Decreto 071 de 2002 y Decreto 4950 de 2007, artículos 1, 2, 3 y 4 del Decreto 2355 de 2006, artículo 76 Ley 1151 de 2007.

Artículo 154. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.

Proposición

Por las anteriores consideraciones nos permitimos someter a consideración de la Plenaria del honorable Senado de la República, dar segundo debate a los proyectos de ley acumulados número 161 de 2008 Senado, por la cual se dictan disposiciones relativas a la vigilancia y seguridad privada en Colombia; 188 de 2008 Senado, por medio de la cual se regula el sector de la vigilancia y seguridad privada en Colombia y 285 de 2009 Senado, por la cual se crea el estatuto de la seguridad privada y se regula la prestación de este servicio por parte de particulares. Acumulados con el pliego de modificaciones propuestas y el texto definitivo anexo.

Cordialmente,

Manuel Ramiro Velásquez Arroyave, Jairo Clopatofsky G hisays, Ponentes Coordinadores; Nancy Patricia Gutiérrez, Darío Angarita Medellín, Carlos Emiro Barriga Peñaranda, Luzelena Restrepo Betancurt, Manuel Enríquez Rosero, Mario Varón Olarte, Jesús Enrique Piñacué Achicué (sin firma), Juan Manuel Galán Pachón, Senadores Ponentes.

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN PRIMER DEBATE  COMISION SEGUNDA CONSTITUCIONAL PERMANENTE SENADO DE LA REPUBLICA A LOS PROYECTOS DE LEY NUMERO 161 DE 2008 SENADO, 188 DE 2008 SENADO Y 285 DE 2009 SENADO (ACUMULADOS)

por la cual se regula el sector de la vigilancia y seguridad privada en Colombia y se dictan otras disposiciones

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO I

Objeto y definiciones

Artículo 1º. Definiciones. Con el fin de interpretar y aplicar esta ley se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

Guardas de seguridad: La denominación agrupa a todas aquellas personas destinadas al desarrollo de las actividades de vigilancia y de seguridad privada, vinculados mediante una relación laboral por las entidades de seguridad privada, los departamentos de seguridad y los servicios comunitarios de seguridad privada. Pueden entre otros clasificarse en:

Escoltas: Son aquellos que acompañan a una persona, vehículos o bienes con el fin de proveerles protección. El lugar en donde desarrollan su actividad depende del desplazamiento de la persona o bienes bajo su custodia.

Vigilantes: Son aquellas personas que brindan protección presencial a personas y bienes en un lugar o lugares determinados.

Manejadores caninos: Persona capacitada en el manejo y control de los caninos, cuya finalidad es brindar protección a personas y bienes en un lugar o lugares determinados.

Supervisor de seguridad: Es aquella persona capacitada en vigilancia y seguridad privada, que dirige actividades relacionadas con su desarrollo.

Protegidos: Son todas aquellas personas que se acogen a la protección de otras.

Abonados: Son los usuarios que cuentan con conexión a los medios ofrecidos por las entidades de seguridad privada que desarrollan actividades de vigilancia electrónica.

Usuarios: Persona natural o jurídica que se beneficia con la prestación de una actividad de vigilancia o seguridad privada, bien como propietario de los bienes objeto de protección, o como receptor directo del servicio.

Estudio de seguridad: Es el análisis que se realiza sobre las contingencias y riesgos a los cuales se encuentra expuesta una persona natural o jurídica en función de sus actividades, cuya realización puede afectar su integridad personal y/o patrimonial. La evaluación de dichos riesgos comprende la determinación de las consecuencias de su ocurrencia y la intensidad de sus efectos.

Red de Apoyo y Solidaridad Ciudadana: Es el conjunto de actividades organizadas, canalizadas y lideradas por la Policía Nacional, con la finalidad de captar información sobre hechos, delitos o conductas que afecten o puedan afectar la tranquilidad y seguridad, aprovechando los recursos técnicos y humanos que poseen las personas naturales o jurídicas que desarrollan actividades de vigilancia o de seguridad privada.

Centro de depósito: Lugar donde se integra el control de las actividades de movimiento, custodia y manejo de valores, logrando de esta forma mayor eficiencia en la prestación de las actividades relacionadas con el transporte de valores.

Vehículo blindado: Se entiende por aquel cuya carrocería está fabricada o acondicionada con elementos o materiales cuya finalidad es garantizar la máxima protección y seguridad a los ocupantes y bienes transportados contra el efecto de la acción de armas letales.

Valor: Es el grado de utilidad de los bienes, expresado en términos monetarios, tomando en cuenta las cualidades que determinan su aprecio.

Mercado primario: Comúnmente se considera de mercado primario a aquellos activos de primera mano, nuevos o recién creados.

Mercado secundario: Se entiende al conjunto de transacciones de activos en las que simplemente el activo cambia de poseedor.

Artículo 2º. Objeto. La presente ley tiene por objeto establecer el marco jurídico del sector de la vigilancia y l a seguridad privada.

Artículo 3º. Definición. Entiéndase por vigilancia y seguridad privada aquellas actividades de protección de carácter preventivo y disuasivo, así como la producción, comercialización y distribución de bienes destinados a la seguridad, la consultoría y asesoría en vigilancia y seguridad privada, el entrenamiento de personal de vigilancia y seguridad privada, tendientes a la disminución de los riesgos relacionados con la vida y los bienes. Estas actividades solo pueden ser ejercidas por los departamentos de seguridad, los servicios comunitarios de seguridad privada y las entidades de seguridad privada, definidas en esta ley.

Parágrafo. Las obligaciones derivadas del ejercicio de las actividades de vigilancia privada son de medio y no de resultado.

Artículo 4º. Departamentos de seguridad. Para efectos de la presente ley entiéndase por departamentos de seguridad como aquellas dependencias creadas al interior de personas jurídicas públicas o privadas, tendientes a prevenir o detener perturbaciones a la seguridad y tranquilidad en lo relacionado con su vida y sus bienes.

Artículo 5º. Entidades de seguridad privada. Para efectos de la presente ley entiéndase por entidades de seguridad privada aquellas personas jurídicas colombianas, que desarrollan con ánimo de lucro actividades de vigilancia privada.

Parágrafo. Los socios de las entidades de Seguridad Privada, podrán ser personas naturales y/o jurídicas.

Artículo 6º. Prohibición. Los departamentos de seguridad, servicios comunitarios de seguridad privada y las entidades de seguridad privada, no podrán constituirse por empresas unipersonales.

Artículo 7º. Autorización para el desarrollo de las actividades de vigilancia y seguridad privada. Para el desarrollo de las actividades definidas en la presente ley se deberá obtener autorización para operar otorgada por el Estado a través de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, previo cumplimiento de los requisitos que esta Entidad establezca.

Artículo 8º. Potestad discrecional. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada dirigida a proteger la confianza pública en las entidades del sector como medio para garantizar la seguridad ciudadana y el orden público, con base en la potestad discrecional, determinará los medios, la autorización y la continuidad de los departamentos de seguridad, servicios comunitarios de seguridad privada y las entidades de vigilancia privada.

En ejercicio de la potestad discrecional, las decisiones de cancelación de licencia de funcionamiento de los departamentos de seguridad, servicios comunitarios de seguridad privada y autorizaciones para operar de las entidades de vigilancia privada, deberán contar con el visto bueno de la Junta Asesora de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

Parágrafo. La Junta Asesora de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada deberá tener el acompañamiento de un Delegado del Procurador General de la Nación que garantice la transparencia en el ejercicio de la facultad discrecional.

Artículo 9º. Clasificación de las actividades de seguridad privada.

1. Vigilancia humana

2. Vigilancia electrónica excepto la prestada directamente por el INPEC, en cumplimiento de su misión.

3. Transporte de valores

4. Capacitación y entrenamiento

5.       Producción, comercialización, distribución y arrendamiento.

6. Consultoría y asesoría en vigilancia y seguridad privada.

Artículo 10. Medios para la prestación de las actividades. Las actividades definidas en el artículo anterior, podrán prestarse con apoyo de los siguientes medios:

1. Armas de fuego, armas letales y no letales.

2. Animales.

3. Monitoreo de alarmas y supervisión remota de activos móviles.

4. Las demás que se autoricen por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada para el desarrollo de estas actividades.

En todo caso, cualquier ampliación o cambio de medios no prohibidos por las normas vigentes, será autorizada por la Superintendencia, previa justificación de la necesidad de su utilización siempre que sean equiparables a la amenaza.

Parágrafo. Cualquier medio diferente a las armas o a los caninos, con el que se preste el servicio de Seguridad Privada, se deberá cotizar y cobrar a los precios que para el efecto establezca el Gobierno Nacional.

La violación a la presente disposición dará lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en la presente ley, tanto para quien los preste, como para el usuario de dicho servicio.

CAPITULO II

Principios, deberes y obl igaciones

Artículo 11. Descripción. Las entidades de seguridad privada, los departamentos de seguridad y servicios comunitarios de seguridad privada deberán desarrollar sus funciones teniendo en cuenta los siguientes principios:

Acatar la Constitución y la ley.

Respetar los derechos fundamentales y libertades de la comunidad.

Las actividades de vigilancia y seguridad privada, tendrán carácter preventivo y disuasivo y no podrán contener conductas reservadas a la fuerza pública.

Actuar de manera que se fortalezca la seguridad y la confianza ciudadana en las actividades que desarrollan.

Adoptar medidas de prevención y detección apropiadas y suficientes, orientadas a evitar que sus actividades puedan ser utilizadas como instrumento para la realización de actos ilegales, en cualquier forma, o para dar apariencia de legalidad a actividades delictivas o a prestar servicios a delincuentes o a personas directa o indirectamente vinculadas con el tráfico de estupefacientes o actividades terroristas.

Mantener en forma permanente altos niveles de calidad y eficiencia técnica y profesional en la prestación del servicio.

Crear mecanismos de autogestión y de responsabilidad social empresarial.

Contribuir con la seguridad y la confianza ciudadana, colaborando en forma permanente con las autoridades suministrando información que ayude a la prevención del de lito.

Emplear los medios y elementos que se utilicen para el desarrollo de las actividades, de acuerdo con los usos autorizados, de manera responsable y en acatamiento de la normatividad vigente.

Prestar apoyo cuando lo soliciten las autoridades, con fin de atender casos de calamidad pública.

Los guardas de seguridad que desarrollan actividades de vigilancia y seguridad privada en servicio, deberá identificarse adecuadamente.

Pagar oportunamente la contribución establecida en la ley, así como las sanciones y las tasas establecidas.

Proporcionar toda la información que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada requiera en ejercicio de sus funciones de control, inspección y vigilancia.

Dar estricto cumplimiento a los términos pactados en los contratos con los usuarios y no abandonar las actividades de vigilancia contratadas, sin previo y oportuno aviso al usuario.

Atender en debida forma y en primera instancia los reclamos de los usuarios y adoptar medidas en el caso de que alguno de sus dependientes se vea involucrado por acción o por omisión, en hechos que atenten contra los bienes o personas a las cuales se brindan vigilancia o protección.

Establecer mecanismos que les permitan determinar las actividades que desarrollen sus clientes, en cumplimiento de las normas legales.

Desarrollar mecanismos apropiados de selección, capacitación y entrenamiento de los guardas de seguridad del servicio de vigilancia y seguridad privada, que asegure la idoneidad de quienes desarrollan directamente las actividades.

Dar estricto cu mplimiento a las normas laborales y de seguridad social vigentes.

La capacitación de los guardas de seguridad que desarrollan actividades de vigilancia y seguridad privada, deberá tener un especial enfoque en relaciones humanas en la prevención del delito, en el respeto a los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, la colaboración con las autoridades y la valoración del individuo.

Artículo 12. Todas las entidades vigiladas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada de que trata la presente ley están en la obligación de acreditar y garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes de orden laboral con sus respectivos trabajadores.

CAPITULO III

De la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

Artículo 13. Naturaleza jurídica. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, es un organismo de carácter técnico del orden nacional, adscrito al Ministerio de Defensa Nacional con personería jurídica y autonomía administrativa, financiera y presupuestal.

Artículo 14. Objetivos. A la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, le corresponde ejercer el control, inspección y vigilancia en el sector de la vigilancia y seguridad privada y en el desarrollo de sus actividades. En especial le corresponde el cumplimiento de los siguientes objetivos:

Asegurar la confianza ciudadana en el sector y en el desarrollo de las actividades de vigilancia y seguridad privada.

Asegurar que las entidades que desarrollan actividades de vigilancia y seguridad privada mantengan niveles de eficiencia técnica y profesional en el desarrollo de sus obligaciones, mediante el establecimiento de estándares y parámetros que permitan su medición.

Adoptar políticas de inspección y vigilancia dirigidas a verificar el cumplimiento de la normatividad vigente, así como a permitir y estimular el desarrollo tecnológico y profesional en el sector de la vigilancia y la seguridad privada.

Organizar y vigilar el sistema de seguridad privada con el fin de coordinar las actividades del estado y de los particulares, para lo cual debe desarrollar actividades de dirección, programación, ejecución y evaluación.

Orientar, controlar y regular el servicio de vigilancia y seguridad privada en el Estado colombiano.

Artículo 15. Funciones de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, además de las funciones señaladas en la ley, y en el reglamento, cumplirá las siguientes:

Asesorar al Gobierno Nacional en la formulación de la política en materia de vigilancia y seguridad privada.

Colaborar con los organismos de seguridad y entidades del Estado, en el diseño y el desarrollo de planes y programas de seguridad ciudadana.

Expedir las autorizaciones para el desarrollo de las actividades de vigilancia y de seguridad privada, así como las disposiciones relacionadas con los medios utilizados por los vigilados para ello.

Llevar un registro y ejercer el control sobre los medios que se emplean en el desarrollo de las actividades de vigilancia y seguridad privada.

Implementar y administrar un sistema de información detallado respecto de las entidades que desarrollan actividades de vigilancia y seguridad privada que permita mantener permanentemente informada a la ciudadanía sobre estas y sus obligaciones.

Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes que regulan las actividades de vigilancia y seguridad privada.

Ejercer el control sobre el desarrollo y operación de las actividades de vigilancia y seguridad privada.

Verificar el desarrollo de las actividades definidas en esta ley, por parte de personas jurídicas.

Coordinar con las entidades del Estado el apoyo en el desarrollo de sus funciones de inspección y control.

Adelantar las investigaciones y diligencias necesarias conforme a la ley, por infracciones a las normas que regulan las actividades de vigilancia y seguridad privada e imponer los correctivos y sanciones del caso, según la reglamentación aplicable.

Imponer medidas cautelares a las personas naturales o jurídicas que realicen actividades exclusivas de los vigilados sin contar con la debida autorización, e imponer las medidas coercitivas, pecuniarias y administrativas que correspondan, de acuerdo al procedimiento que se señale para tal fin el Gobierno Nacional.

Parágrafo. Las personas naturales o jurídicas que contraten actividades de vigilancia privada con personas naturales o jurídicas que no tenga autorización para operar por parte de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, serán sancionadas previa la imposición de una medida cautelar que suspenda en forma inmediata el desarrollo de la actividad contratada.

Verificar el incumplimiento de la normatividad vigente en materia de seguridad y vigilancia privada y en los casos que proceda e imponer sanciones a quienes incurran en la realización de dichas irregularidades.

Atender en segunda instancia las peticiones de quejas y reclamos de la ciudadanía sobre las actividades de vigilancia y seguridad privada desarrolladas por los vigilados.

Conocer y adelantar las medidas que considere pertinentes sobre las denuncias relacionadas con el ejercicio de las actividades de vigilancia y seguridad privada por personas naturales o jurídicas no autorizadas.

Establecer los procedimientos y reglas para la intervención técnica y/o administrativa de personas jurídicas que desarrollan actividades de vigilancia y seguridad privada sea para su liquidación o administración a través de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y de acuerdo a las causales taxativamente definidas en la presente ley.

TITULO II

DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD Y SERVICIOS COMUNITARIOS DE SEGURIDAD PRIVADA

NORMAS COMUNES

Artículo 16. Licencias de funcionamiento. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, con base en la potestad discrecional dirigida a proteger la confianza pública en las entidades del sector como medio para garantizar la seguridad ciudadana y el orden público, estará facultada para negar o conceder a los departamentos de seguridad y servicios comunitarios de seguridad privada, licencia de funcionamiento para operar por primera vez hasta por un término de CINCO (5) años.

Parágrafo 1°. La licencia de funcionamiento será prorrogable por un término de quince (15) años, previa solicitud presentada a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada con seis (6) meses de anticipación a la pérdida de su vigencia.

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada no tramitará la solicitud de prórroga que se presente por fuera de los términos establecidos anteriormente y como consecuencia ordenará el desmonte de los departamentos de seguridad y servicios comunitarios correspondientes, una vez se encuentre vencida su licencia de funcionamiento.

Parágrafo 2°. Los departamentos de seguridad y servicios comunitarios no podrán presentar nueva solicitud de licencia de funcionamiento dentro de los tres (3) meses siguientes a la negación del trámite de prórroga por parte de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

Artículo 17. Infraestructura. Los departamentos de seguridad y servicios comunitarios deberán contar con la infraestructura adecuada para su funcionamiento y desarrollo, cuyas condiciones serán establecidas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

Artículo 18. Uniformes y distintivos. Los guardas de seguridad de los departamentos de seguridad y servicios comunitarios, deberán portar un uniforme que los identifique, cuyo uso será obligatorio y con características diferentes a los de la Fuerza Pública y otros cuerpos oficiales armados, cuyas características serán establecidas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

Parágrafo. El uniforme a que se refiere el presente artículo debe ser suministrado por los titulares de los departamentos de seguridad y servicios comunitarios, atendiendo lo dispuesto en las normas laborales sobre dotación del personal.

Artículo 19. Identificación. Los departamentos de seguridad y servicios comunitarios, deberán identificar a los guardas de seguridad a su cargo, para lo cual expedirán los documentos de acuerdo con los lineamientos que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada establezca para dichos efectos.

Artículo 20. Seguros. Los departamentos de seguridad, deberán constituir una póliza de responsabilidad civil extracontractual, que cubra los riesgos de su operación, la cual no podrá ser inferior a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, y los servicios comunitarios deberán constituir una póliza, la cual no podrá ser inferior a doscientos cincuenta (250) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Dichas pólizas deberán ser expedidas por una compañía de seguros legalmente autorizada, la cual deberá conservar su vigencia durante el término concedido en la licencia de funcionamiento.

Artículo 21. Afiliación Red de Apoyo y Solidaridad Ciudadana. Los departamentos de seguridad y servicios comunitarios, deberán afiliarse a la Red de Apoyo y Solidaridad Ciudadana, de acuerdo con las normas que establezcan dicho procedimiento.

Dentro de los dos (2) meses siguientes a la expedición de la licencia de funcionamiento o de su prórroga, los departamentos de seguridad y servicios comunitarios, deberán allegar a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada copia de la referida afiliación.

CAPITULO I

Departamentos de Seguridad

Artí culo 22. Definición. Los Departamentos de Seguridad son aquellos que se constituyen sin ánimo de lucro al interior de personas jurídicas públicas o privadas, con el objeto de prevenir o detener perturbaciones a la seguridad y tranquilidad en lo relacionado con la vida y bienes de quienes la crean.

Artículo 23. Requisitos para su licenciamiento. En concordancia con el artículo 16 de la presente ley, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada podrá expedir licencia de funcionamiento para operar en el territorio nacional a los departamentos de seguridad previo el cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Solicitud dirigida a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en la cual se informe:

a) Certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica solicitante expedido por la entidad correspondiente.

b) Copia del documento de identidad del representante legal y del certificado judicial vigente.

c) Copia del documento que contenga la decisión de crear los departamentos de seguridad, tomada por el más alto órgano de dirección de la persona jurídica solicitante.

d) Fundamentos de su c onstitución, la cual se sustentará con el correspondiente estudio de seguridad, efectuado por un experto en el tema, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada establecerá las condiciones de su elaboración y presentación.

e) Nombre de los protegidos y del supervisor de los departamentos de seguridad y copia de sus cédulas de ciudadanía y de los certificados judiciales vigentes.

f) Presupuesto estimado para su funcionamiento.

g) Dirección o ubicación geográfica.

h) Sustentación de la solicitud ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

2. Adjuntar copia de la consignación efectuada en el banco autorizado por la Superintendencia de Vigilancia, por concepto del trámite solicitado, según la tasa que se fije para tal efecto y de acuerdo con las condiciones que sean establecidas para ello.

Parágrafo 1°. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada podrá solicitar información adicional a la descrita en el presente artículo, cuando lo considere necesario.

Parágrafo 2°. La Superinte ndencia de Seguridad Privada establecerá la cantidad y características de las armas con las que se prestará el servicio.

Artículo 24. Operación. Los departamentos de seguridad podrán operar con vigilancia humana y vigilancia electrónica y pueden utilizar en el desarrollo de su objeto, los medios establecidos en la presente ley.

Artículo 25. Grupos beneficiarios. Los departamentos de seguridad pueden ser constituidos por personas jurídicas que hagan parte de un grupo empresarial o que son subordinadas de una misma matriz previa autorización de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

Las personas jurídicas que conforman el grupo beneficiario, serán responsables del cumplimiento de las obligaciones derivadas de los departamentos de seguridad, no obstante deberán designar a la titular de la licencia de funcionamiento quien presentará la solicitud de constitución.

Artículo 26. Información. La persona jurídica titular de la licencia de funcionamiento de los departamentos de seguridad constituida por un grupo, dentro de los términos que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada fije para ello deberá presentar la siguiente información:

1. El presupuesto consolidado para la operación de los departamentos de seguridad.

2. Las novedades de la organización de seguridad privada.

3. La información que sea requerida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, cuando lo considere necesario.

Parágrafo. El supervisor de los departamentos de seguridad, deberá tener vínculo contractual con cualquiera de las personas jurídicas que hacen parte del grupo beneficiario.

Artículo 27. Prórroga de la licencia de funcionamiento. Dentro de los términos establecidos en el parágrafo 1º del artículo 16 de la presente ley, el representante legal de la persona jurídica titular de la licencia de funcionamiento, solicitará a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada su prórroga con la cual adjuntará los siguientes documentos:

Solicitud dirigida a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en la cual se informe:

Dirección o ubicación geográfica.

Relación de vehículos, equipos electrónicos y otros elementos de seguridad con la descripción de sus características.

Relación de los guardas de seguridad de los departamentos de seguridad indicando el número de su identificación.

Certificación suscrita por el representante legal y por el revisor fiscal en donde se acre-dite el pago de aportes a la Seguridad Social, aportes parafiscales (tres últimos meses), las cesantías en un fondo (año inmediatamente anterior), aportes de salud, pensión y riesgos profesionales (tres últimos meses) de los guardas de seguridad. Si no se tiene revisor fiscal, la comunicación deberá contar con la firma de un contador público titulado.

Póliza de responsabilidad civil extracontractual, que cubra los riesgos de su operación, la cual no podrá ser inferior a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, expedida por una compañía de seguros legalmente autorizada, la cual deberá conservar su vigencia durante el término concedido en la licencia de funcionamiento.

Copia de la certificación de vinculación a la Red de Apoyo de la Policía Nacional.

Copia al carbón de la consignación, por concepto del trámite solicitado, según la tasa que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada fije para tal efecto.

CAPITULO II

Servicio Comunitario de Seguridad Privada

Artículo 28. Definición. Se entiende por servicio comunitario de seguridad privada, el que constituye una persona jurídica conformada por la comunidad con el objeto de proveer protección exclusiva a sus miembros y a sus bienes, dentro del área donde tienen asiento.

El servicio comunitario de seguridad privada no tendrá ánimo de lucro y no podrá suministrarse a terceros distintos de los miembros de la persona jurídica prestadora del servicio.

Parágrafo 1°. Previa a la constitución de la persona jurídica contemplada en el presente capítulo, la comunidad deberá realizar un estudio de mercado con el fin de determinar la viabilidad de la tercerización de las actividades de vigilancia privada.

Parágrafo 2°. La comunidad deberá inscribir el acta constitutiva de la persona jurídica y sus respectivas reformas, en el registro que llevarán los Distritos y Municipios del País para dichos efectos, con el fin de que obtengan reconocimiento y sean oponibles a terceros.

Artículo 29. Miembros. Los miembros deberán ser personas naturales o jurídicas residentes o propietarios de vivienda urbana en el área de operación del servicio, agrupados bajo una organización con personería jurídica.

Parágrafo. El servicio comunitario de seguridad privada, podrá conformarse por personas jurídicas sometidas al régimen de propiedad horizontal establecida en la Ley 675 del 2001 o las normas que la modifiquen o sustituyan.

Artículo 30. Titular del servicio. La persona jurídica y los miembros que la constituyen, serán solidariamente responsables del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la prestación del servicio.

Artículo 31. Requisitos para su licenciamiento. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, podrá expedir licencia de funcionamiento al servicio comunitario de seguridad privada previo el cumplimiento de los siguientes requisitos:

Lugar de prestación del servicio.

Certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica que prestará el servicio cuya expedición no sea superior a treinta (30) días.

Determinación del número de unidades de vivienda urbana beneficiarias del servicio y la estimación del número de los guardas de seguridad.

Presupuesto estimado para su funcionamiento.

Presentar estatutos de constitución y reformas si las hubiere. Medios que estiman emplear en su operación y justificación de su uso.

Pruebas documentales que acrediten el cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley, sobre infraestructura de los departamentos de seguridad y servicios comunitarios de seguridad privada.

Copia al carbón de la consignación efectuada en el banco autorizado por la Superintendencia de Vigilancia, por concepto del trámite solicitado, según la tasa que se fije para tal efecto.

La información que sea requerida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, cuando lo considere necesario.

Copia del estudio de mercado realizado por la comunidad para determinar la viabilidad de la tercerización de las actividades de vigilancia privada.

Artículo 32. Operación. El servicio comunitario de seguridad privada puede operar con vigilancia humana y vigilancia electrónica y utilizar en el ejercicio de su actividad los medios establecidos en el artículo 10 de la presente ley, exceptuándose el uso de armas de fuego y armas letales.

Artículo 33. Prórroga de la autorización para operar. Dentro de los términos establecidos

en el parágrafo 1º del artículo 16 de la presente ley, el representante legal de la persona jurídica titular de la licencia de funcionamiento, solicitará a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada su prórroga con la cual adjuntará los siguientes documentos:

Solicitud dirigida a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en la cual se informe:

Domicilio

Relación de vehículos, equipos electrónicos y otros elementos de seguridad con la descripción de sus características.

Relación de los guardas de seguridad del servicio comunitario indicando el número de su identificación.

Certificación suscrita por el representante legal y por el revisor fiscal en donde se acredite el pago de aportes a la seguridad social, aportes parafiscales (tres últimos meses), las cesantías en un fondo (año inmediatamente anterior), aportes de salud, pensión y riesgos profesionales (tres últimos meses) de los guardas de seguridad. Si no se tiene revisor fiscal, la comunicación deberá contar con la firma de un contador público titulado.

Póliza de responsabilidad civil extracontractual, que cubra los riesgos de su operación, la cual no podrá ser inferior a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, expedida por una compañía de seguros legalmente autorizada, y conservar su vigencia durante el término concedido en la licencia de funcionamiento.

Copia al carbón de la consignación, por concepto del trámite solicitado, según la tasa que la Superintendencia de Vigilancia y seguridad privada fije para tal efecto.

TITULO III

ENTIDADES DE SEGURIDAD PRIVADA

CAPITULO I

Normas comunes

Artículo 34. Autorización para la operación de las entidades de vigilancia privada. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, con base en la potestad discrecional dirigida a proteger la confianza pública en las entidades del sector como medio para garantizar la seguridad ciudadana y el orden público, estará facultada para negar o conceder a las entidades de vigilancia privada, autorización para operar por primera vez hasta por un término de cinco (5) años.

Parágrafo. La autorización para operar será prorrogable por un término de quince (15) años, previa solicitud presentada a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada con seis (6) meses de anticipación a la pérdida de su vigencia.

Artículo 35. Uniformes y distintivos. Los guardas de seguridad de las entidades de seguridad privada deberán portar un uniforme que los identifique, cuyo uso será obligatorio y con características diferentes a los de la Fuerza Pública y otros cuerpos oficiales armados, cuyas características serán establecidas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

Parágrafo. El uniforme a que se refiere el presente artículo debe ser suministrado por las entidades de seguridad privada, atendiendo lo dispuesto en las normas laborales sobre dotación del person al.

Artículo 36. Identificación. Las entidades de seguridad privada deberán identificar al personal a su cargo, para lo cual expedirán los documentos para ello, de acuerdo con los lineamientos que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada establezca dichos efectos.

Artículo 37. Infraestructura. Las entidades de seguridad privada autorizadas, deberán contar con la infraestructura adecuada para su funcionamiento y desarrollo, cuyas condiciones serán establecidas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

Artículo 38. Razón social. La razón social de las entidades de seguridad privada, deberá ser diferente a la de los organismos del Estado y no podrá estar en contraposición de las normas sobre propiedad industrial.

Artículo 39. Capital social. El capital social de las entidades de seguridad privada podrá estar representado en dinero o en especie, no obstante los aportes en especie deberán estar representados en activos operacionales.

Artículo 40. Agencias y sucursales. Las entidades de seguridad privada que requieran establecer una sucursal o agencia dentro del territorio nacional, deberán obtener autorización previa de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, para lo cual acreditarán información sobre sus directivos, adjuntado certificado de existencia y representación legal.

Artículo 41. Seguros. Póliza de responsabilidad civil extracontractual, que cubra los riesgos de su operación, no podrá ser inferior al capital mínimo exigido para el desarrollo de la actividad de vigilancia privada que desarrolle, la cual deberá ser expedida por una compañía de seguros legalmente autorizada y conservar su vigencia durante el término concedido en la autorización para operar.

Cuando se trate de vigilancia humana que utilice en su operación armas de fuego y letales, el valor de la póliza deberá ser de dos mil (2.000) salarios mínimos legales mensuales.

Artículo 42. Requisitos generales para la autorización. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, podrá expedir autorización para la operación de entidades de seguridad privada, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos:

Solicitud dirigida a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, suscrita por el representante legal, en el cual se informe:

Domicilio principal de la organización de vigilancia privada.

Medios que pretende utilizar para la prestación del servicio.

Adjuntar los siguientes documentos

Copia al carbón de la consignación por concepto del trámite solicitado, según la tasa que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada fije para tal efecto.

Hojas de vida de los socios, asociados o cooperados y del representante legal, adjuntando copia de la cédula de ciudadanía y del certificado judicial vigente.

Copia del contrato de promesa de sociedad que contenga la condición suspensiva de obtener la autorización para operar por parte de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, o del documento de constitución de la organización de vigilancia privada.

Certificado de existencia y representación legal de la organización de vigilancia privada, si lo posee, cuya expedición no sea superior a treinta (30) días.

Los servicios de vigilancia privada para la ubicación de las instalaciones deberán atender lo previsto en los respectivos Planes de Ordenamiento Territorial (POT), para lo cual deberán acreditar ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada la certificación sobre uso del suelo.

Pruebas documentales que acrediten el cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley, sobre infraestructura de las entidades de seguridad privada.

Póliza de responsabilidad civil extracontractual, que cubra los riesgos de su operación, no inferior al capital mínimo exigido para el desarrollo de la actividad de vigilancia privada que desarrolle, la cual deberá ser expedida por una compañía de seguros legalmente autorizada y conservar su vigencia durante el término concedido en la autorización para operar.

      Cuando se trate de vigilancia humana que utilice en su operación armas de fuego y letales, el valor de la póliza deberá ser de dos mil (2000) salarios mínimos legales mensuales .

Las demás que la Superintendencia de Vigilancia solicite de acuerdo con las actividades de vigilancia que se desarrollen en la organización.

Parágrafo 1°. Cualquier modificación del estatuto de una empresa de seguridad privada y toda variación que sobrevenga en la composición de sus socios, de sus órganos de administración y/o dirección, deberá comunicarse de manera inmediata a la Superintendencia de Seguridad Privada, observando para estos eventos los requisitos contemplados en la presente ley.

Parágrafo 2°. La escritura pública de constitución de una sociedad de Seguridad Privada, en ningún caso obliga a conceder la licencia de funcionamiento

Artículo 43. Documentos adjuntos. Dentro de los sesenta (60) días siguientes al otorgamiento de la autorización el representante legal deberá enviar a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, los siguientes documentos:

Balance de prueba.

Certificación sobre afiliación de los guardas de seguridad a un sistema de seguridad social y a una caja de compensación familiar.

Copia de la resolución de aprobación del reglamento interno de trabajo expedido por el Ministerio de la Protección Social.

Certificados de cancelación de aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o a las entidades que hagan sus veces.

Resolución sobre autorización de horas extras expedida por el Ministerio de la Protección Social, en caso de ejecutarlas.

Copia de la certificación de vinculación a la Red de Apoyo de la Policía Nacional.

Artículo 44. Prórroga de la autorización para operar. Dentro de los términos establecidos en el parágrafo del artículo 34 de la presente ley, el representante legal de la organización de vigilancia privada solicitará a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, la prórroga de la autorización para operar, adjuntando los siguientes documentos:

Solicitud dirigida a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en la cual se informe:

Domicilio principal.

Relación de puestos, indicando la dirección.

Relación de los empleados administrativos, directivos y operativos de la organización de vigilancia privada con el número de su identificación.

Relación de vehículos, equipos electrónicos y otros elementos de vigilancia privada con la descripción de sus características.

Certificación suscrita por el representante legal y por el revisor fiscal en donde se acredite el pago de aportes a la seguridad social, aportes parafiscales (tres últimos meses), las cesantías en un fondo (año inmediatamente anterior), aportes de salud, pensión y riesgos profesionales (tres últimos meses) de los guardas de seguridad. Si no se tiene revisor fiscal, la comunicación deberá contar con la firma de un contador público titulado.

Certificado de existencia y representación legal cuya expedición no sea superior a treinta (30) días.

Estados Financieros a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior que incluya: balance general, estado de resultados, notas a los estados financieros, estado de cambios en el patrimonio, estado de cambios en la situación financiera, estado de flujo de efectivo y balance comparativo de los dos últimos años, firmados por el representante legal, el contador y/o revisor fiscal de quienes se deberá adjuntar la fotocopia de la tarjeta profesional y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores.

Póliza de responsabilidad civil extracontractual, que cubra los riesgos de su operación, no inferior al capital mínimo exigido para el desarrollo de la actividad de vigilancia privada que desarrolle, la cual deberá ser expedida por una compañía de seguros legalmente autorizada y conservar su vigencia durante el término concedido en la autorización para operar.

Copia de la certificación de vinculación a la Red de Apoyo de la Policía Nacional.

Copia de la licencia vigente expedida por Ministerio de Comunicaciones, que permita utilizar el espectro electromagnético.

Copia de los títulos habilitantes y de los permisos que se requieran para la prestación de servicios y actividades de telecomunicaciones.

Copia al carbón de la consignación, por concepto del trámite solicitado, según la tasa que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad privada fije para tal efecto.

Artículo 45. Cambio e inclusión de nuevos socios, liquidación y venta o trabajadores. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada autorizará el cambio e inclusión de socios, liquidación y venta de las entidades de vigilancia privada de que trata la presente ley.

En este último caso, la autorización solamente se requerirá para los asociados del nivel directivo, tales como miembros del consejo de administración, la junta de apelaciones y vigilancia, así como a los representantes legales.

Artículo 46. Deber de información. Las entidades de seguridad privada, deberán comunicar a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada cualquier modificación de sus estatutos, de toda variación que sobrevenga en la conformación de su capital y/o su patrimonio.

TITULO IV

CLASIFICACION DE LAS ENTIDADES DE SEGURIDAD PRIVADA

CAPITULO I

Vigilancia humana

Artículo 47. Definición. Se entiende por vigilancia humana, la actividad de vigilancia presencial que realiza un guarda de seguridad, en un lugar o lugares determinados, con el propósito de prevenir y detectar la ocurrencia de eventos que atenten contra las personas y los bienes protegidos de acuerdo con los términos del contrato suscrito con los usuarios del servicio.

Artículo 48. Operación de la actividad. Podrán desarrollar la actividad de vigilancia humana, las entidades de seguridad privada que obtengan autorización de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente ley para ello.

Artículo 49. Capital. Las entidades de vigilancia privada que ofrezcan vigilancia humana, deberán contar con un capital social pagado de mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de su constitución el cual deberá mantenerse actualizado antes del 30 de mayo de cada año.

CAPITULO II

Vigilancia Electrónica

Artículo 50. Definición. Se entiende por vigilancia electrónica la actividad de supervisión remota de activos fijos y activos móviles a través de cualquier medio o plataforma tecnológica de telecomunicaciones, con el fin de prevenir y detectar la ocurrencia de eventos que atenten contra los bienes amparados bajo la órbita del contrato suscrito por los abonados al servicio.

Parágrafo. La actividad de vigilancia electrónica podrá así mismo, ser desarrollada para la supervisión de personas, sin perjuicio de los derechos consagrados en la Constitución Nacional.

Artículo 51. Operación de la actividad. Podrán desarrollar la actividad de vigilancia electrónica, las entidades de seguridad privada que obtengan autorización de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente ley para ello.

Artículo 52. Capital. Las entidades de vigilancia privada que pretendan ofrecer vigilancia electrónica, deberán contar con un capital social pagado no inferior a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de su constitución el cual deberá mantenerse actualizado antes del 30 de mayo de cada año.

Artículo 53. Estándares mínimos requeridos para el desarrollo de la actividad. Las entidades de vigilancia privada autorizadas para desarrollar actividades de vigilancia electrónica deberán contar con los siguientes componentes:

Centros de Monitoreo, los cuales deberán ser adecuados para realizar la supervisión remota de los activos fijos y móviles.

Protocolos de Operación, que contengan procedimientos que se orienten a garantizar la  calidad de los servicios que se ofrecen, los cuales sin perjuicio de lo que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada regule en desarrollo de este artículo, deberá contener como mínimo: Determinación de los requisitos habilitantes para los instaladores de los equipos, capacitación a usuarios, esquema de reacción a los eventos.

Sistema de Reporte de Eventos, con una estructura de comunicaciones que permita difundir la información en forma oportuna y suficiente, tanto a los abonados como las autoridades competentes.

Así mismo, deberán mantener en tiempo real una copia de seguridad de los datos o imágenes provenientes de los medios tecnológicos utilizados, por el tiempo, condiciones de custodia y reserva de la información que defina la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

Artículo 54. Servicios complementarios a la actividad de vigilancia electrónica. Las personas jurídicas que desarrollan actividades de vigilancia electrónica, podrán prestar servicios complementarios a la vigilancia electrónica utilizando la misma infraestructura tecnológica y plataforma de telecomunicaciones desarrollada para dicha actividad y que deriven beneficios tangibles añadidos a los abonados a partir de la generación de economías de escala y reducción de costos para los mismos. El Gobierno Nacional reglamentará la materia.

Parágrafo. Los servicios complementarios se prestarán sin perjuicio de los títulos habilitantes y permisos que se requieren para la prestación de los servicios de telecomunicaciones.

CAPITULO III

Transporte de Valores

Artículo 55. Definición. Se entiende por transporte de valores, la actividad que comprende el transporte, manejo y custodia de valores, conforme a los términos establecidos en la presente ley.

Artículo 56. Operación de la actividad. Tendrán objeto social único las entidades de seguridad privada, que se constituyan para el desarrollo de la actividad de transporte, manejo y custodia de valores, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente ley para ello.

Artículo 57. Capital. Las entidades de vigilancia privada, que se constituyan para la prestación de servicios de transporte de valores, deberán acreditar un capital social pagado no menor a cinco mil (5.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de su constitución el cual deberá mantenerse actualizado antes del 30 de mayo de cada año.

Artículo 58. Estándares mínimos requeridos para el desarrollo de las actividades. Las entidades de seguridad privada autorizadas para desarrollar actividades de transporte de valores, deberán contar con los siguientes componentes:

a) Instalaciones adecuadas para el desarrollo las actividades de guarda, custodia, proceso y demás relacionadas con el servicio de transporte de valores y manejo de efectivo. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada podrá verificar el cumplimiento de los estándares de seguridad de acuerdo con las condiciones de mercado.

b) Protocolos de Operación, que contengan procedimientos que se orientan a garantizar la calidad de los servicios que se ofrece.

c) Vehículos adecuados, especialmente adaptados para la operación de transporte de valores. Dichos vehículos cumplirán las características de identificación que establezca la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

Artículo 59. Registro. Los vehículos que utilicen las entidades de vigilancia privada para el transporte de valores, deberán ser registrados ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

Artículo 60. Póliza de Seguro. Las entidades de vigilancia privada, cuya actividad sea el transporte de valores, adicionalmente a los seguros establecido en el artículo 41 de la presente ley, deberán contar con las pólizas de seguros que amparen los riesgos que se originan en el desarrollo de la actividad de transporte, manejo y custodia de valores.

CAPITULO IV

Sistema de capacitación y entrenamiento en vigilancia y seguridad privada

Artículo 61. Conformación. Créase el Sistema de Capacitación y Entrenamiento en Vigilancia y Seguridad Privada, el cual estará compuesto por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, por el Comité de Capacitación y Entrenamiento en Vigilancia y Seguridad Privada y por las Escuelas de Capacitación y Entrenamiento en Vigilancia y Seguridad Privada autorizadas como tales por la mencionada Superintendencia.

Artículo 62. Objetivo. El Sistema de Capacitación y Entrenamiento en Vigilancia y Seguridad Privada tiene como objetivo el aseguramiento en la calidad y eficiencia de la educación en relación con el personal operativo, directivo y docente de las entidades de vigilancia y seguridad privada, mediante la adopción e implementación de las metodologías académicas necesarias que conduzcan a la dignificación del oficio del guarda de seguridad y que se articulen con la cadena productiva de la vigilancia y seguridad privada en términos de rentabilidad, economía y optimización del mercado laboral.

Artículo 63. De las escuelas de capacitación y entrenamiento en vigilancia y seguridad privada. Las escuelas de capacitación y entrenamiento en vigilancia y seguridad privada, previa autorización para operar expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, son las personas jurídicas encargadas de impartir el entrenamiento y capacitación altamente especializada en dichos aspectos al personal operativo y directivo de las entidades de seguridad privada, siempre que medie el cumplimiento de las condiciones establecidas en la presente ley y en las normas que la desarrollen.

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada podrá otorgar autorización para operar hasta por quince (15) años prorrogables por términos iguales a las escuelas de capacitación y entrenamiento en vigilancia y seguridad privada, y departamentos de capacitación, previo concepto del Comité de Capacitación y Entrenamiento en Vigilancia y Seguridad Privada para lo cual los interesados deben acreditar, con su solicitud, el cumplimiento de los requisitos generales contemplados en el artículo 41 de la presente ley y de los especiales que a continuación se describen:

1. Documento en el que se refleje el plan de estudios del establecimiento académico, la metodología, estructuración y desarrollo de los contenidos programáticos a ser impartidos por la respectiva escuela de capacitación y entrenamiento en vigilancia y seguridad privada.

2. Demostración de que se cuenta con instalaciones y medios académicos y tecnológicos idóneos para el logro de los objetivos académicos planteados en el plan de estudios.

3. Contar con el cuerpo docente suficiente para responder a los objetivos de capacitación y entrenamiento en vigilancia y seguridad privada.

4. Contar con un plan de bienestar académico para los estudiantes.

5. Documento en el que se contenga el estimado de presupuesto asignado a cada programa que garantice la viabilidad financiera en su desarrollo.

Parágrafo 1°. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada determinará, mediante acto administrativo, los lineamientos teóricos y prácticos de los planes de estudio y de los contenidos programáticos y fijará unos criterios mínimos razonables de calidad administrativa y misional en la capacitación y entrenamiento en vigilancia y seguridad privada, de oficio o a partir de las recomendaciones que al efecto remita el Comité de Capacitación y Entrenamiento en Vigilancia y Seguridad Privada.

Parágrafo 2°. Las escuelas de capacitación y entrenamiento en vigilancia y seguridad privada podrán contar con sucursales, previa autorización de la Superintendencia de vigilancia y seguridad, la cual podrá ser expedida siempre y cuando dichas sucursales cumplan con todos los requisitos contemplados en el presente artículo.

Parágrafo 3°. La formación y entrenamiento a que se refiere este artículo, en ningún caso podrá versar sobre organización, instrucción o equipamiento a personas en tácticas, técnica o procedimientos de la fuerza pública o terroristas, so pena de la aplicación de las sanciones previstas en las normas respectivas.

Parágrafo 4°. Las escuelas de formación y entrenamiento podrán dictar cursos de capacitación y entrenamiento para formar guardas en las distintas especializaciones de seguridad, apoyándose en entidades gubernamentales como la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, el INPEC y la Superintendencia de Seguridad Privada.

Artículo 64. Capital. Las entidades de vigilancia privada que pretendan ofrecer capacitación y entrenamiento en vigilancia y seguridad privada, deberán contar con un capital social pagado no inferior a seiscientos (600) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de su constitución el cual deberá mantenerse actualizado antes del 30 de mayo de cada año.

Artículo 65. Del Comité de Capacitación y Entrenamiento en Vigilancia y Seguridad Privada. Créase el Comité de Capacitación y Entrenamiento en Vigilancia y Seguridad Privada, el cual tendrá por objeto asesorar y coordinar, a través de la participación de los miembros de los subsectores del sector de la vigilancia, trabajadores y entidades oficiales e instituciones académicas, la evaluación del cumplimiento de los objetivos y estructuración de los programas académicos de las escuelas de capacitación y entrenamiento, su evolución, transformación y adecuación a la dinámica propia de las actividades de vigilancia y seguridad privada.

Artículo 66. Funciones del Comité de Capacitación y Entrenamiento en Vigilancia y Seguridad Privada. Además de las que le sean asignadas en los desarrollos normativos a la presente ley, el Comité de Capacitación y Entrenamiento en Vigilancia y Seguridad Privada, tendrá las siguientes funciones:

1. Asegurar el cumplimiento de las condiciones mínimas en términos de calidad y pertinencia por parte de los programas que se ofrecen en diferentes módulos de capacitación en cualquiera de sus niveles y modalidades de prestación del servicio.

2. Evaluar y emitir conceptos sobre la calidad de los programas ofrecidos por las entidades encargadas de la capacitación en vigilancia y seguridad privada, desarrollando actividades que consoliden una cultura de la calidad en este subsector, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

Duración de cada programa en el sistema definido para tal fin.

Capacidades que acrediten la idoneidad del personal.

La idoneidad del personal docente.

La pertinencia de los contenidos curriculares, de acuerdo con las pautas establecidas.

Organización de las metas y actividades académicas.

Metodología

Criterios de evaluación y formación.

Recursos físicos tales como medios educativos, estructura académico administrativa.

3. Asesorar y participar en el desarrollo de las propuestas de modificación de la normatividad del sector que se adelanten para la construcción, mantenimiento y operación de las escuelas de capacitación y entrenamiento en vigilancia y seguridad privada con el fin de lograr el adecuado funcionamiento dentro de los parámetros de legalidad, eficiencia, transparencia, fomentando el mejoramiento continuo en la calidad de los servicios de vigilancia y seguridad privada.

4.     Coordinar la fijación de políticas que propendan por el establecimiento de estándares de alta calidad en la prestación del servicio.

5.     Coordinar con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada la elaboración de las políticas del subsector de las escuelas en vigilancia y seguridad privada y su coherencia con las estrategias institucionales, para integrar los objetivos, líneas de acción y estrategias del sector.

6.     Asesorar, proponer, elaborar y someter a consi-deración los ciclos, niveles, pénsum académico y contenido de los programas que propendan por el desarrollo del conocimiento de las habilidades, destrezas y competencias del personal de los servicios de vigilancia y seguridad privada que conforman.

7.     Asesorar en el diseño de los perfiles de formación integral para el personal a capacitar.

8.     Velar por la satisfacción de la demanda del mercado y las necesidades del sector, así como la calidad en la educación, mediante el ejercicio de las funciones de verificación y evaluación de los organismos que tienen a su cargo la capacitación en vigilancia y seguridad privada, sin perjuicio de las funciones de inspección, vigilancia y control de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

9.     Asesorar en el diseño e implementación de las estrategias de seguimiento, control, evaluación y mejoramiento de las políticas de capacitación adoptadas tendientes a la consecución de los objetivos propuestos.

10. Velar porque la capacitación a impartir por las escuelas de capacitación y entrenamiento permita generar nuevas formas de agregar valor al desempeño de la labor de vigilancia y seguridad privada y desarrollar aptitudes que se constituyan en herramientas que aseguren la prestación del servicio en términos.

11. Recopilar información que permita diagnosticar, conocer y evaluar el entorno, las necesidades cambiantes del sector de la vigilancia y seguridad privada y de la ciudadanía en general.

12. Velar por el cumplimiento de la ley y las normas que rigen el sector y sus actividades.

Parágrafo. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada expedirá el reglamento de conformación y de funcionamiento del Comité de Capacitación y Entrenamiento en Vigilancia y Seguridad Privada.

CAPITULO V

Actividades de producción, comercialización, y distribución de elementos destinados a la vigilancia y seguridad privada

Artículo 67. Definición. Se entiende por actividades de blindaje, las descritas en el presente capítulo, que pueden desarrollar única y exclusivamente las entidades de seguridad privada, previa autorización de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, acreditando los requisitos contemplados en esta ley.

Definición de vehículo blindado. Se entiende por vehículo automotor blindado o con protección antibalas, aquel cuya carrocería está fabricada o acondicionada en todas o algunas de sus partes por diferentes materiales, con el fin de garantizar la máxima protección y seguridad a los ocupantes y bienes transportados contra el efecto de la acción de armas de fuego, explosivas o mecánicas

Artículo 68. Actividades. Son actividades de blindaje las siguientes:

Fabricación, producción, adecuación y ensamblaje de equipos, elementos, productos o automotores blindados.

Venta de equipos, bienes, productos o automotores blindados.

Mantenimiento asociado a las anteriores actividades.

Comercialización de vehículos blindados para la Seguridad Privada.

Parágrafo. Las características técnicas mínimas de los diferentes tipos de blindaje, así como aquellas que corresponden a la ejecución de las actividades citadas en el artículo anterior, serán establecidas en un término de seis (6) meses contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

Artículo 69. Capital. Las entidades de vigilancia privada, que se constituyan para el desarrollo de las actividades de blindaje de elementos, productos o automotores blindados, deberán acreditar un capital no menor a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de su constitución el cual deberá mantenerse actualizado antes del 30 de mayo de cada año.

Artículo 70. Licencia. Además del cumplimiento de los requisitos generales establecidos en la presente ley, las entidades de seguridad privada que tengan por objeto el desarrollo de actividades de blindaje de equipos, elementos, productos o automotores blindados a través de la fabricación o adecuación de los tipos de blindajes, deberá acreditar los siguientes requisitos especiales ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada:

Documento que contenga el sistema de mantenimiento y garantía de los equipos, bienes, productos o automotores blindados ofrecidos a los clientes.

Contar con una política de ingreso y de conocimiento de clientes, la cual así mismo deberá aplicarse a aquellos que adquieran sus vehículos mediante el arrendamiento financiero con opción irrevocable de compra.

CAPITULO VI

Arrendamiento de vehículos blindados

Artículo 71. Definición. Es la actividad desarrollada por las entidades de vigilancia que tiene por objeto único y exclusivo el arrendamiento de automotores blindados previa autorización de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, acreditando los requisitos contemplados en esta ley.

Parágrafo. Las entidades de vigilancia privada que desarrollen la actividad de vigilancia humana, podrán ofrecer el arrendamiento de vehículos blindados para complementar los servicios que tercerizan.

Artículo 72. Capital. Las entidades de vigilancia privada, que tengan por objeto único y exclusivo el arrendamiento de automotores blindados deberán acreditar un capital no menor a ochocientos (800) salarios mínimos legales mensuales vigentes el cual deberá mantenerse actualizado antes del 30 de mayo de cada año.

Artículo 73. Autorización para operar. Además del cumplimiento de los requisitos generales establecidos en la presente ley, las entidades de seguridad privada que tengan por objeto el arrendamiento de automotores blindados, deberán acreditar ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada la política de admisión y de conocimiento de clientes.

Artículo 74. Registro de vehículos. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada autorizará:

El registro de los vehículos blindados, que sean adquiridos en mercado secundario por particulares no vigilados por esta Entidad.

El registro de los vehículos blindados que sean adquiridos en mercado secundario por un particular mediante un contrato de arrendamiento financiero con opción irrevocable de compra.

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, establecerá los requisitos necesarios que deben atenderse para el registro de vehículos ante la Entidad.

Parágrafo 1°. La Superintendencia de Seguridad Privada expedirá credencial a los vehículos de seguridad objeto de arrendamiento, en la que conste esta característica y se evidencie su propiedad, nivel de blindaje, placa del vehículo, color, número de motor, número de chasis y número de serie según tarjeta de propiedad, credencial que debe portarse permanentemente en el automotor.

Parágrafo 2°. Los vehículos destinados a la prestación de servicios de arrendamiento, deberán mantener en todo momento una póliza de seguro de automóviles contra todo riesgo, expedida por una empresa aseguradora debidamente acreditada en Colombia, que cubra los riesgos propios de su uso.

Artículo 75. Servicios adicionales. Las entidades de seguridad privada que desarrollan actividades de arrendamiento de vehículos blindados, podrán desarrollar dentro de su objeto el arrendamiento de otro tipo de vehículos u otros bienes muebles.

Parágrafo 1°. A partir de la vigencia de la presente ley, queda terminantemente prohibido a empresas o personas sin autorización de la Superintendencia de Seguridad Privada la prestación de servicios de arrendamiento de vehículos blindados. En caso de incurrir en esta expresa prohibición la Superintendencia de Seguridad Privada impondrá las multas y las medidas cautelares del caso) por su parte, la policía nacional procederá al decomiso del vehículo el cual será trasladado al patio único de tránsito.

CAPITULO VII

Inscripción en el registro

Artículo 76. Las personas naturales o jurídicas que realicen actividades de fabricación, importación, exportación, comercialización, instalación o arrendamiento de equipos destinados a la vigilancia y la seguridad privada deberán registrarse ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. El Gobierno Nacional reglamentará el ejercicio de estas actividades

Artículo 77. Equipos. Serán objeto de registro por parte de la Sup erintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, los siguientes equipos, entre otros:

Equipos de detección. Son todos aquellos materiales y/o equipos para descubrir la presencia de armas u otros elementos portados por las personas.

Equipos de visión o escucha remotos. Son todos aquellos materiales y/o equipos que se emplean para observar o escuchar lo que sucede en lugares remotos.

Equipos de seguridad bancaria. Son todos aquellos materiales y/o equipos que se emplean para proteger instalaciones, valores, dineros, joyas, documentos y demás elementos de custodia de las entidades bancarias o similares.

Equipos o elementos ofensivos. Son todos aquellos equipos o elementos fabricados para causar, amenazar o causar lesión o muerte a las personas.

Equipos para prevención de actos terroristas. Son todos aquellos equipos y/o materiales utilizados para detectar, identificar y manejar explosivos o elementos con los que se pueden causar actos terroristas.

Equipos de rastreo y localización de vehículos y personas y mercancías

Elementos de detección, como sensores infrarrojos, detectores de incendio, de humedad, de calor, de temperatura, etc.

Unidades de control o paneles de alarma, que controlen sistemas de seguridad.

Sistemas de activación por llave, o automáticos que generen una señal de alarma.

Circuitos cerrados de televisión y todos sus componentes como cámaras, monitores, domos, controladoras, grabadoras análogas y digitales.

Sistemas de señalización para evacuación o alarmas de incendio.

Los demás que determine el Gobierno Nacional.

Parágrafo. Los equipos que la ley y demás normatividad vigente señale como de seguridad nacional, sólo podrán ser importados y comercializados para la Fuerza Pública, Fiscalía General de la Nación y los demás organismos de seguridad del Estado.

Artículo 78. Uso de equipos. El uso de los equipos de que trata el artículo anterior puede ser personal e institucional. La transferencia de la propiedad o cualquier operación que afecta la tenencia de estos equipos deberá ser reportada a la empresa vendedora y a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, indicando el nuevo propietario y la utilización y ubicación de los mismos.

Artículo 79. Registro de compradores y usuarios. Las personas naturales o jurídicas que realicen actividades de fabricación, importación, exportación, comercialización, instalación o arrendamiento de equipos para la vigilancia y la seguridad privada deberán elaborar y mantener un registro, cuyos requisitos serán establecidos por el Gobierno Nacional. Así mismo las personas naturales o jurídicas autorizadas deberán expedir una tarjeta distintiva de usuario, donde se indique los datos personales del mismo, y la persona o empresa que suministró el equipo.

Artículo 80. Información a la autoridad. Las personas de que trata el artículo 76 de esta ley, tienen la obligación de suministrar a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada o a la autoridad competente, la descripción de los equipos relacionados en el artículo anterior.

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, podrá objetar y ordenar la suspensión de la venta al público de los equipos o elementos que puedan atentar contra la seguridad pública y la defensa y seguridad nacional.

Artículo 81. Limitaciones. Por razones de seguridad pública el Gobierno Nacional discrecionalmente podrá limitar el ejercicio de estas actividades.

CAPITULO VIII

Consultoría y Asesoría en Seguridad Privada

Artículo 82. Definición. Entiéndase por consultoría y asesoría en seguridad privada, toda actividad encaminada a prevenir los riesgos y amenazas al interior de las entidades y que busque propender por el logro de los objetivos indicados en el estatuto para la vigilancia y seguridad privada.

Parágrafo. Las actividades de consultoría y asesoría en seguridad privada podrán ser desarrolladas por personas naturales o jurídicas debidamente acreditadas ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada no ejercerá vigilancia y control sobre aquellas entidades sin ánimo de lucro que dentro del marco de su objeto social tengan por finalidad facilitar y agilizar el comercio exterior mediante el aseguramiento y confiabilidad de la cadena logística.

Artículo 83. Personas Jurídicas. Las personas jurídicas que pretendan desarrollar servicios de consultoría y asesoría en seguridad privada, deberán acreditar ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada una infraestructura administrativa y operacional propia para desarrollar servicios especializados tales como: investigaciones privadas, peritajes y dictámenes descritos en la Ley 906 de 2004, estudios de seguridad física, estudios de confiabilidad para la selección de personal, auditorías de seguridad, barridos del espacio electromagnético, poligrafía, diseño de programas en seguridad Integral, interventorías en los contratos de seguridad, evaluaciones de riesgo personal, panoramas de riesgo, supervisión y control de procesos, comprobaciones de lealtad, conferencias en seguridad y otras actividades inherentes a la prevención y administración del riesgo a nivel corporativo.

Parágrafo. La escritura pública de constitución de la persona jurídica consultora en Seguridad Privada, en ningún caso obliga a conceder el permiso por parte de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

Artículo 84. Capital. Las entidades de seguridad privada autorizadas para desarrollar actividades de consultoría deberán constituirse con un capital social suscrito y pagado no inferior a seiscientos (600) salarios mínimos legales mensuales, el cual deberá estar actualizado antes del 30 de abril de cada año.

Artículo 85. Autorización para operar. Además de los requisitos generales establecidos en la presente ley, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, podrá autorizar la operación para el desarrollo de la actividad de consultoría, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos por parte del solicitante:

Solicitud dirigida a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, suscrita por el Representante Legal, en la cual se informe:

Sede principal, sucursales o agencias que pretenden establecer.

Medios que pretenden utilizar para la prestación del servicio, con sus características técnicas, si es del caso.

Adjuntar los siguientes documentos:

Copia auténtica de la escritura de constitución y reformas de la misma.

Nombres de los socios y representantes legales, adjuntando las hojas de vida con las certificaciones académicas y laborales correspondientes.

Fotocopias de la cédula de ciudadanía.

Artículo 86. Personas Naturales. Los profesionales que deseen desarrollar servicios en consultoría y asesoría en seguridad privada, deberán estar acreditados ante la Superintendencia de Seguridad Privada, para prestar servicios que no requieran de una infraestructura administrativa y operacional, tales como: Análisis integral de riesgos, Diseños de estrategias y esquemas de seguridad; Estudios de seguridad física; Inspecciones de seguridad, conferencias en seguridad, asesoría en trámites legales, manejo de crisis, análisis de documentos, desempeño como directivo de cualquier organización en el área de seguridad y la asesoría para implementación de cualquier certificación en gestión de riesgo y seguridad.

Artículo 87. Acreditación. Las actividades de consultoría y asesoría en vigilancia y seguridad privada, solo podrán ser desarrolladas por personas naturales, debidamente capacitadas y acreditadas para tal fin ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

Artículo 88. Los oficiales generales y superiores de las fuerzas armadas en retiro podrán acreditarse como consultores y asesores de acuerdo a la reglamentación que se efectúe sobre la materia en la presente ley.

CAPITULO IX

Actividades de Seguridad Especializada

Artículo 89. Definición. Se entiende por actividades de seguridad especializada aquellas que actualmente son desarrolladas por el Estado y que pueden ser delegadas a los servicios de vigilancia privada, tales como seguridad en espectáculos públicos y protección a altos dignatarios.

TITULO V

TARIFAS

Artículo 90. Tarifas. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, regulará los precios del mercado a través de la fijación de unas tarifas mínimas determinadas para el desarrollo de las actividades de vigilancia privada, que deberán garantizar como mínimo, la posibilidad de reconocer a los trabajadores del sector, el salario mínimo legal mensual vigente, las horas extras, los recargos nocturnos, prestaciones sociales, los costos operativos inherentes al servicio y demás prestaciones de ley.

TITULO VI

MEDIOS UTILIZADOS PARA EL EJERCICIO DE LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

CAPITULO I

Armas

Artículo 91. Permisos. Los permisos de porte o tenencia de armas de fuego de uso personal y restringido deberán expedirse a nombre de la persona jurídica titular de los departamentos de seguridad o a nombre de las entidades de seguridad privada autorizadas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, a los cuales se les permita el uso de este medio.

Artículo 92. Proporción. Las entidades de seguridad privada podrán usar armas de fuego de defensa personal en la proporción de una por cada vigilante o escolta en nómina.

CAPITULO II

Ani males

Artículo 93. Actividades de vigilancia y seguridad privada utilizando animales como medio para su desarrollo. Las entidades de seguridad privada, los departamentos de seguridad y los servicios comunitarios de seguridad privada, podrán desarrollar las actividades que le son propias, con el apoyo de animales adiestrados para tales efectos.

Las condiciones, definiciones, las clases de animales y en general las disposiciones que se refieren al uso de este medio serán establecidas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

Parágrafo. Las entidades de seguridad privada y los departamentos de seguridad y los servicios comunitarios de seguridad privada, autorizados para operar con este medio, podrán arrendar y/o subcontratar sus servicios con otras entidades de seguridad privada.

Artículo 94. Autorización. Las entidades de seguridad privada, los departamentos de seguridad y los servicios comunitarios de seguridad privada, que pretendan desarrollar su actividad con la utilización del medio animal, deberán obtener autorización de la Superintendencia de Seguridad Privada, de conformidad con las normas que esta Entidad expida para tal efecto.

TITULO VIII

REGIMEN DE LA CONTRIBUCION Y TASAS

CAPITULO I

De la contribución

Artículo 95. Contribución por control, inspección y vigilancia. Las entidades de vigilancia privada, los departamentos de seguridad y los servicios comunitarios de seguridad privada, que por su naturaleza o por las actividades que desarrollan estén sometidas a control, inspección y vigilancia de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, deberán pagar anualmente una contribución que tendrá por objeto cubrir los costos y gastos que ocasione el funcionamiento e inversión de la entidad durante el respectivo periodo. Dicha contribución tendrá los siguientes elementos:

1. Hecho Generador: Constituye hecho generador la vigilancia que ejerce la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada sobre las personas jurídicas que señala la presente ley.

2. Base Gravable: La base gravable de la contribución que deberán pagar los departamentos de seguridad, los servicios comunitarios de seguridad privada y las entidades de vigilancia privada, están determinadas de la siguiente manera:

Para las entidades de vigilancia privada, la base gravable estará constituida de la si guiente manera: para las sociedades que tengan representado su capital en acciones, la base gravable será el capital social suscrito; y para las demás formas societarias, por la totalidad del capital social suscrito y pagado;

Para las Transportadoras de Valores, la base gravable estará constituida de la siguiente manera: para las sociedades que tengan representado su capital en acciones, la base gravable será el capital social suscrito; y para las demás formas societarias, por la totalidad del capital social suscrito y pagado;

Para las cooperativas de vigilancia, la base gravable estará constituida por los aportes sociales;

Empresas dedicadas a la fabricación, instalación y comercialización de blindajes, la base gravable será la totalidad de los ingresos brutos recibidos durante la vigencia anterior;

Empresas que ejerzan la actividad de arrendamiento de vehículos blindados, la base gravable será la totalidad de los ingresos brutos que se perciban por concepto de dicha actividad durante la vigencia anterior;

Escuelas de capacitación, la base gravable será la totalidad de los ingresos brutos recibidos durante la vigencia anterior;

Para los departamentos de seguridad y los servicios comunitarios de seguridad privada la base gravable será el valor total de los salarios y prestaciones sociales del personal que presta funciones de seguridad y/o protección, sin incluir los aportes efectuados al sistema de seguridad social, al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar.

2. Sujeto  Activo: La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada recaudará la contribución a que se refiere el presente artículo.

3. Sujetos Pasivos: Son sujetos pasivos de la contribución a que se refiere el presente artículo, todas aquellas personas jurídicas vigiladas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, según se define en esta ley.

4. Tarifa: La tarifa de la contribución que se crea en el presente artículo será fijada anualmente mediante resolución por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Para calcularla, atenderá a los siguientes criterios:

Se tendrá en cuenta el total del presupuesto de funcionamiento e inversión de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada para el período anual respectivo. El valor a recaudar será este monto deducidos los excedentes de la vigencia anterior.

De acuerdo con el número de personas jurídicas que vigila la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y teniendo en cuenta la información que las mismas provean con respecto a sus ingresos brutos anuales, deberá calcularse un porcentaje que sobre dichos ingresos deben pagar tales personas como contribución, de tal manera que el recaudo sea igual a lo calculado según el literal a).

Para la fijación de la tarifa, esto es, el porcentaje sobre los ingresos brutos de las personas jurídicas vigiladas, se deberá tener en cuenta el factor diferencial entre:

- Las entidades de vigilancia privada

- Los departamentos de seguridad

- Los servicios comunitarios de seguridad privada

Las personas jurídicas deberán suministrar la información que exija la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada para la determinación y liquidación de la contribución.

En ningún caso el monto de la contribución podrá exceder el 2% de la respectiva base gravable.

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada establecerá anualmente los porcentajes y montos máximos de la contribución a cargo de sus vigilados con el tope establecido en el literal anterior.

El monto de la contribución podrá ser pagado en varias cuotas, según lo disponga la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada para el respectivo periodo.

Parágrafo 1°. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada podrá liquidar directamente la contribución o establecer sistemas de autoliquidación, caso en el cual podrá efectuar una revisión y, de encontrar inexactitudes, requerirá al contribuyente para que efectúe las correcciones a que haya lugar y liquide los intereses moratorios respectivos.

En el caso de autoliquidación, si en el término de respuesta al requerimiento el contribuyente no acoge las glosas planteadas, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada proferirá liquidación oficial. Cuando el contribuyente no haya declarado ni pagado, se le podrá enviar un emplazamiento para que declare y si continúa con la omisión de esta obligación se expedirá la correspondiente liquidación oficial.

En todo caso, si se opta por la liquidación privada de la contribución o si se trata de liquidaciones oficiales en el sistema de autoliquidación, procederá el recurso de reconsideración dentro del mes siguiente a la notificación del respect ivo acto.

Parágrafo 2°. En lo no previsto por este artículo, los procedimientos administrativos de determinación y liquidación oficial de la contribución se regirán por lo establecido en el Estatuto Tributario.

Parágrafo 3°. Las sumas por concepto de contribuciones que no se cancelen en los plazos fijados por la Superintendencia, causarán los mismos intereses de mora aplicables al impuesto de renta y complementarios.

Parágrafo 4°. La liquidación y pago oportuno de la contribución o cuotas que estén vencidas, son requisito necesario para la aprobación de cualquier licencia y demás trámites que adelanten los obligados ante la Superintendencia.

Artículo 96. Liquidación de contribución para obligados que no han reportado información. Independientemente de las sanciones que procedan por el no suministro oportuno de la información requerida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada para la liquidación de la contribución, cuando un obligado no reporte los datos requeridos en las fechas señaladas, se podrá liquidar la contribución sobre la suma que resulte más alta entre el doble del promedio de la base que aplique para el grupo al cual pertenece el obligado que no ha reportado o el monto reportado el año inmediatamente anterior incrementado por el IPC.

Artículo 97. Inspecciones y solicitudes de información. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada podrá ejercer funciones de inspección de libros de contabilidad para determinar las bases gravables y podrá solicitar a particulares y otras entidades públicas la información necesaria para efectuar los cruces de información que se requieran en su labor de revisión de la información relacionada con la liquidación de la contribución.

Si un particular no suministra esta información o no permite las inspecciones respectivas podrá ser sancionado con multas sucesivas de un (1) SMLMV hasta que cese la omisión o renuencia.

CAPITULO II

De las tasas a favor de la Superintendencia

Artículo 98. Autorización. Se autoriza a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada el cobro de tasas por la expedición de autorizaciones o licencias, así como las inscripciones en el registro de la entidad que sean solicitadas en ejercicio de sus funciones de control, inspección y vigilancia, en los términos de la presente ley.

Artículo 99. Elementos de las tasas. De acuerdo con lo previsto en el artículo 338 de la Constitución Política, las tasas a favor de la Superintendenc ia de Vigilancia y Seguridad Privada tendrán los siguientes elementos:

a) Sujeto activo: El sujeto activo de las tasas autorizadas por la presente ley es la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el monto obtenido por su recaudo es un ingreso propio de la entidad.

b) Sujeto pasivo: Es la persona natural o jurídica solicitante de la licencia o credencial o quien se establezca como responsable de la expedición misma.

c) Hecho Generador: El hecho generador de las tasas a favor de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada será la prestación de cualquiera de los siguientes servicios:

1. El otorgamiento o prórroga de autorizaciones o licencias a los departamentos de seguridad y los servicios comunitarios de seguridad privada.

2. El otorgamiento o prórroga de autorizaciones o licencias de funcionamiento a las entidades de vigilancia privada, sucursales o agencias de las mismas, que desarrollen actividades de vigilancia humana o electrónica, transporte de valores, capacitación y entrenamiento en seguridad privada, blindaje de equipos, elementos, productos o automotores, a través de la fabricación o adecuación de los tipos de blindajes, y el arrendamiento de vehículos blindados.

c. El otorgamiento o prórroga de la autorización o licencia a las entidades de vigilancia y los departamentos de seguridad y los servicios comunitarios de seguridad privada, que pretendan desarrollar su actividad con la utilización del medio animal.

d) La inscripción o renovación en el registro de las personas naturales o jurídicas que realicen actividades de fabricación, importación, comercialización, instalación o arrendamiento de equipos destinados a la vigilancia y la seguridad privada y los consultores, asesores e investigadores como personas naturales.

e) El otorgamiento o prórroga de las demás licencias o las inscripciones en el registro que la presente ley consagre como obligatorias.

Artículo 100. Determinación del monto a pagar. Para la determinación del monto a pagar por concepto de las tasas a favor de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, se seguirán las siguientes reglas:

1. Autoridad administrativa facultada para establecer la tarifa. De conformidad con el inciso 2° del artículo 338 de la Constitución, el Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada es la autoridad administrativa autorizada para establecer las tarifas o el monto a pagar por los servicios prestados por la entidad, de acuerdo con el método y el sistema para la determinación del costo de los servicios y la forma de repartirlo entre los usuarios que se establece en la presente ley.

2. Sistema. Para la cuantificación de los costos de los servicios mencionados en el artículo anterior se efectuará una valoración económica para su valoración y ponderación, teniendo en cuenta los insumos, manejo de bases de datos, acceso a otros sistemas de información, su montaje, los factores de financiación, operación, tecnificación, modernización, administración, mantenimiento, sostenimiento, reparación, actualización, provisiones, cobertura, ampliación de servicios, capacitación, seguridad del sistema de la información, de su flujo y demás gastos asociados, incluyendo las inversiones necesarias para garantizar la continuidad y mejora del servicio.

3. Método. El Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada adoptará las siguientes pautas técnicas para determinar las tarifas de los servicios:

a) Cuantificación de los materiales, suministros y demás insumos tecnológicos y de recurso humano, utilizados para el montaje, administración, capacitación, mantenimiento, reparación y cobertura de los servicios. Cuando alguno de los procedimientos deba contratarse con terceros, se considerará el valor del servicio contratado;

b) Cuantificación de la financiación, construcción, manejo de bases de datos, acceso a otros sistemas de información, tecnificación y modernización, ampliación de servicios, actualización, alianzas estratégicas, herramientas, provisiones, sostenimiento y demás gastos asociados;

c) Cuantificación y valoración de los recursos necesarios para garantizar plenamente la prosecución de un servicio adecuado, consolidado, oportuno y suficiente para los usuarios de acuerdo con las funciones que cumple la entidad;

d) Estimación de la cantidad promedio de utilización de los servicios generadores de la tasa.

4. Para determinar el monto a pagar por los servicios descritos en el artículo anterior, se tendrá en cuenta el sistema a que se refiere el numeral 2 y será el resultado de dividir la suma de los valores obtenidos de acuerdo con los literales a), b) y c) del numeral 3 del presente artículo por la cantidad promedio de utilización descrita en el literal d) del mismo numeral.

Artículo 101. Precios por otros servicios. No quedan cobijados por la presente ley los precios por otros servicios que voluntariamente se soliciten a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

TITULO IX

REGIMEN DE REPRESENTANTES LEGALES Y ADMINISTRADORES

Artículo 102. Posesión. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada impartirá la posesión de los miembros de las juntas directivas, representantes legales y administradores de las entidades de vigilancia privada previo al correspondiente registro mercantil, bajo el cumplimiento de los requisitos que esta Entidad establezca.

Artículo 103. Inhabilidades y remoción de administradores, representantes legales y supervisores de seguridad. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada estará facultada para remover a los administradores, representantes legales y supervisores de seguridad vinculados a los departamentos de seguridad y servicios comunitarios de seguridad privada y a las entidades de vigilancia privada que esté bajo el control de la Entidad, únicamente en los siguiente eventos:

Cuando se demuestre que los departamentos de seguridad y los servicios comunitarios de seguridad privada y de las entidades de vigilancia privada estén siendo utilizados para otros fines diferentes a su naturaleza, o en provecho propio.

Cuando se desconozcan y se compruebe por parte de la autoridad competente el desconocimiento de los derechos laborales de sus trabajadores.

Cuando se desconozcan las normas tendientes a prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Parágrafo. Quienes por las causas citadas sean removidos de sus cargos, quedarán inhabilitados para el ejercicio de los mismos, por un término hasta de cinco (5) años.

Artículo 104. Régimen cooperativo. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada estará facultada para remover los administradores, miembros del consejo de administración, juntas de vigilancia, o los órganos que hagan sus veces, representantes legales, revisor fiscal y/o asociados de las cooperativas que desarrollen actividades de vigilancia privada en los siguientes eventos:

Cuando se demuestre que los recursos de las cooperativas están siendo utilizados para otros fines diferentes a su naturaleza, o en provecho propio.

Cuando se demuestre que existe violación de los derechos de los cooperados.

Cuando se demuestre que existe violación al régimen especial cooperativo.

Cuando se demuestre que la información suministrada por la cooperativa para el registro de los órganos de administración y vigilancia y revisores fiscales no se encuentra conforme a las normas legales y estatutarias que lo reglamentan.

Cuando sea renuente a enviar información financiera y administrativa a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

Cuando se desconozcan las normas tendientes a prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

En los eventos citados, Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada podrá convocar nuevas elecciones de los órganos de administración y vigilancia.

Parágrafo. Quienes por las causas citadas sean removidos de sus cargos, quedarán inhabilitadas para el ejercicio de los mismos, por un término de cinco (5) años.

Artículo 105. Inhabilidades. Adicional a lo establecido en los artículos precedentes, no podrán ser administradores, representantes legales y supervisores de seguridad miembros del consejo de administración, juntas de vigilancia o los órganos que hagan sus veces, quienes sean socios de otras sociedades dedicadas a las actividades de vigilancia y seguridad privada con independencia de si concurren o no en el mismo mercado.

TITULO X

INTERVENCION DE LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

Artículo 106. Facultad de intervención de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada ejercerá la facultad de intervención técnica y/o administrativa de personas jurídicas que desarrollan actividades de vigilancia privada, sea para su administración o liquidación, cuando estas se encuentren incursas en cualquiera de los siguientes eventos:

Por imposibilidad de desarrollar su objeto social.

Cuando la entidad no cumpla con los requerimientos mínimos de capital de funcionamiento previstos en la presente ley.

Cuando provenga de decisión de autoridad competente en defensa de orden público económico y para asegurar la protección de terceros y de los asociados mismos.

Cuando existan graves inconsistencias en la información que sea suministrada a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada que a juicio de este no permita conocer adecuadamente la situación de la organización de vigilancia privada.

Artículo 107. Toma de posesión. El Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, previo concepto de la Junta Asesora y con la aprobación del Ministro de Defensa Nacional, podrá tomar inmediata posesión de la organización de vigilancia privada, la cual tendrá como fin establecer si la organización de vigilancia privada debe ser objeto de liquidación o si es posible colocarla en condiciones de desarrollar su objeto social adecuadamente.

Parágrafo 1°. Para el cumplimiento de lo antes expuesto, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada tendrá un término tres (3) meses prorrogable por un periodo igual, con el fin de tomar las medidas de salvamento de la organización de vigilancia privada, considerando la función social de la organización de vigilancia privada como generadora de empleo. El Gobierno Nacional reglamentará los procedimientos para dar aplicación al presente artículo.

Parágrafo 2°. El presente régimen de intervención operará dentro de un plazo de cinco (5) años contado a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.

TITULO XI

FUNCIONES DE INSPECCION Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

CAPITULO I

Potestad sancionatoria y principios

 Artículo 108. Titularidad de la potestad sancionatoria. El Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada y el Superintendente Delegado para el Control, son los titulares de la potestad sancionatoria en la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada.

Parágrafo. El Superintendente Delegado para el Control será competente para iniciar el correspondiente proceso sancionatorio e imponer las sanciones que correspondan en primera instancia; el Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada tendrá a su cargo en segunda instancia.

Artículo 109. Principios. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada en la aplicación de las sanciones administrativas orientará su actividad siguiendo los siguientes principios:

Legalidad: En la interpretación de las normas del proceso sancionatorio, el funcionario competente deberá tener en cuenta, la prevalencia de los principios rectores del derecho administrativo, el cumplimiento de las garantías debidas a las personas que en él intervienen y la aplicación de las normas que rigen la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad privada.

Debido Proceso: La actuación administrativa que surta la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada debe ser el resultado de un proceso donde el investigado haya tenido la oportunidad de expresar sus opiniones e igualmente presentar y solicitar las pruebas que demuestren sus derechos, con la plena observancia de las disposiciones que regulan la materia, respetando en todo caso los términos y etapas procesales descritas.

Doble Instancia: Toda resolución sancionatoria deberá tener la posibilidad de ser apelada.

Economía: Se propenderá por que los proce-dimientos se adelanten en el menor tiempo posible y con la menor cantidad de gastos para quienes intervengan en el proceso, que no se exijan más documentos y copias de aquellos que sean estrictamente necesarios.

Eficacia: Con ocasión, o en desarrollo de este principio la administración removerá todos los obstáculos de orden formal evitando decisiones inhibitorias.

Imparcialidad: La Superintendencia se propone asegurar y garantizar los derechos de todas las personas que intervienen sin ninguna discriminación, por consiguiente se dará el mismo tratamiento a todas las partes.

Derecho a la defensa: Durante la investigación el investigado (persona natural o jurídica), tiene derecho a la defensa material. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada tendrá en cuenta los descargos que hagan las personas a quienes se les formuló pliego de cargos y la contradicción de las pruebas allegadas regular y oportunamente al proceso administrativo sancionatorio.

Proporcionalidad: La sanción debe corresponder a la gravedad de la falta cometida.

Presunción de inocencia: Toda persona natural o jurídica respecto de la cual se inicie investi-gación, se presume inocente hasta tanto no se demuestre lo contrario.

Ejemplarizante de la sanción: la sanción que se imponga debe estar encaminada a persuadir a los demás representantes legales, socios o funcionarios o empleados del mismo servicio de vigilancia y seguridad privada vigilado en el que se incurrió en falta y demás servicios vigilados por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, de abstenerse de vulnerar la norma que dio origen a la sanción.

Artículo 110. Criterios para graduar las sanciones administrativas. Las sanciones por faltas administrativas a que se hace mención en esta ley, se graduarán atendiendo los siguientes criterios, en cuanto resulten aplicables:

Dimensión del daño o peligro a los intereses jurídicos tutelados por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

El grado de perturbación en la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada.

Las circunstancias de los hechos que dieron lugar a la falta.

La reincidencia en la comisión de la falta.

La resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora o de inspección de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

La utilización de medios fraudulentos en la comisión de la falta.

El grado de culpabilidad con que se hayan desatendido los deberes o se hayan inaplicado las normas legales pertinentes.

La renuencia o desacato a cumplir con las órdenes impartidas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

La situación económica del sancionado.

El reconocimiento o aceptación expresa que haga el investigado sobre la comisión de la infracción antes de la imposición de la sanción a que hubiere lugar.

CAPITULO II

De las faltas

Artículo 111. Faltas. Están sujetas a las sanciones previstas en el presente Estatuto, las entidades sometidas a la vigilancia de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada cuando incurran en las siguientes faltas:

No prestar el servicio conforme a las condiciones exigidas por la normatividad vigente en vigilancia y seguridad privada.

Incumplir los deberes o las obligaciones consagradas en la normatividad vigente en vigilancia y seguridad privada.

Ejecutar actos que resulten violatorios de la normatividad vigente, de los estatutos sociales o de cualquier norma legal a la que estos en ejercicio de sus funciones o la organización vigilada deban sujetarse.

Incumplir las normas, órdenes, requerimientos o instrucciones que expida la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada en ejercicio de sus atribuciones, cuando dicho incumplimiento constituya infracción a la ley.

Autorizar o no evitar debiendo hacerlo, actos que resulten violatorios de la normatividad vigente, de los estatutos sociales, o de normas o instrucciones que expida la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada en el ejercicio de sus atribuciones.

CAPITULO III

De las sanciones

Artículo 112. Sanciones. Las siguientes son las sanciones de carácter administrativo que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada puede imponer, sin perjuicio de las que establezcan normas especiales:

Amonestación o llamado de atención; si hay lugar, se fijará un plazo perentorio para corregir las faltas leves encontradas por la Superintendencia.< /span>

Multa pecuniaria. Cuando se trate de las sanciones previstas como faltas graves, la multa podrá ser hasta de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Cuando se trate de las sanciones previstas como faltas leves, la multa podrá ser hasta de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes;

Suspensión de la licencia de funcionamiento o credencial hasta por seis (6) meses prorrogables por otros seis (6) si no fueron subsanados los hechos materia de sanción.

Cancelación de la licencia de funcionamiento o del permiso otorgado por el Estado o de las credenciales respectivas.

Clausura de sucursales o agencias.

Toma de posesión en organismos de vigilancia para la administración o para la liquidación, cuando las sanciones previstas en los numerales descritos, no sean efectivas o perjudiquen indebidamente a terceros.

CAPITULO IV

Procedimiento Administrativo Sancionatorio

Artículo 113. Etapas del proceso: El proceso sancionatorio de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada se surtirá de la siguiente manera:

Inicio de la actuación. La actuación administrativa para determinar la comisión de infracciones podrá iniciarse de oficio, por informes recibidos de terceros, mediante la práctica de visitas administrativas de inspección, vigilancia y control, por traslado de otras autoridades, por quejas o informes de personas naturales o jurídicas y en general, por cualquier otro medio que ofrezca credibilidad.

Etapa Preliminar. Después de iniciada la actuación administrativa, la Superintendencia Delegada para el Control podrá ordenar visitas de inspección al organismo investigado, a fin de corroborar los hechos que fueron informados en su momento.

3. Formulación de cargos. Si el funcionario competente considera que los hechos investigados constituyen una posible falta, formulará los cargos correspondientes a los presuntos infractores mediante auto motivado, contra el cual no procede recurso alguno.

El auto de formulación de cargos deberá contener una síntesis de los hechos constitutivos de las posibles infracciones, de las pruebas allegadas hasta ese momento y de las normas que se estiman infringidas.

4. Término de traslado del auto de formulación de cargos. El término de traslado del acto de formulación de cargos a los presuntos infractores será de diez (10) días contados a partir del día siguiente a su notificación. Durante dicho término el expediente respectivo estará a disposición de los presuntos infractores en las dependencias del funcionario que hubiere formulado los cargos.

El trasl ado es la única oportunidad en que los presuntos infractores pueden presentar los descargos que consideren pertinentes. Durante este término podrán solicitar la práctica de pruebas, aportarlas u objetar las obtenidas antes de la formulación de cargos.

5. Período probatorio. Las pruebas solicitadas se decretarán cuando sean conducentes, pertinentes y eficaces para el esclarecimiento de los hechos materia de investigación.

Se aceptarán las aportadas si llenan los anteriores requisitos. Se denegarán las que no los cumplan y se ordenará de oficio las que se consideren pertinentes, mediante acto motivado que señalará el término para su práctica, que no podrá exceder de treinta (30) días, prorrogables por otros treinta (30) si existe una debida justificación. La práctica de las pruebas comenzará a realizarse después de transcurridos cinco (5) días desde la fecha de notificación por comunicación del acto respectivo.

6. Recursos contra el acto de pruebas. Contra el acto que deniegue total o parcialmente las pruebas solicitadas procede únicamente el recurso de reposición, ante el funcionario que lo dictó, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de su notificación. Contra el que decrete todas las pruebas solicitadas no procederá ningún recurso; tampoco procederá ningún recurso en relación con las pruebas decretadas de oficio.

7. Valoración probatoria. Las pruebas se valorarán en su conjunto conforme a las reglas de la sana crítica, atendiendo la naturaleza administrativa de la infracción, la índole objetiva de la responsabilidad correspondiente y los propósitos perseguidos por el régimen sancionatorio.

8. Recursos en vía gubernativa contra la resolución sancionatoria. Contra la resolución que imponga cualquier sanción procederán los recursos de reposición ante el Superintendente Delegado para el Control y el de apelación, ante el Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, el cual deberá interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación.

9. Notificación. Si la persona a quien debe hacerse la notificación o su delegado, no se encontrare o no pudiere, por cualquier motivo, recibir la notificación, esta se practicará mediante entrega que el notificador haga al empleado que lo reciba de copia auténtica del acto administrativo y sus anexos.

En lo no previsto en este artículo y en general en el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada, la interposición y trámite de los recursos se sujetará a lo previsto en el Título II del Libro 1 del Código Contencioso Administrativo.

Parágrafo. Cuando hubiere documentos relacionados con una misma actuación y que hagan alusión a una determinada organización antes de proferir resolución sancionatoria, se hará con todos un solo expediente al cual se acumularán, de oficio o a petición de interesado, cualesquiera otros que se tramiten y tengan relación íntima con él para evitar decisiones contradictorias.

CAPITULO V

De las medidas cautelares

Artículo 114. Medidas cautelares. Con el fin de evitar que se agrave la prestación de los servicios, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, impondrá medidas cautelares a las personas naturales o jurídicas que realicen actividades de vigilancia y seguridad privada, de la siguiente forma, lo cual no obsta para adelantar los respectivos procesos sancionatorios:

1. A quienes desarrollen actividades exclusivas de los vigilados sin contar con la debida autorización; es decir, sin licencia de funcionamiento, así:

Ordenar para que se suspenda de inmediato tales actividades, bajo apremio de multas sucesivas hasta por 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes cada una, mientras persista esta situación.

Terminación rápida y progresiva de los contratos o servicios desarrollados ilegalmente, mediante intervención especial de la Superintendencia, que garantice eficazmente los derechos de terceros de buena fe.

2. A los vigilados que infrinjan lo dispuesto en la presente ley.

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada podrá remover a los administradores, representantes legales y supervisores de seguridad miembros del consejo de administración, juntas de vigilancia o los órganos que hagan sus veces vinculados a las entidades de vigilancia, departamentos de seguridad y servicios comunitarios de seguridad privada, bajo el control de la Entidad, cuando se afecte la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada o se desconozcan las garantías laborales de los trabajadores del sector, además de los casos previstos en el Título IX de la presente ley.

Ordenar para que se suspenda de inmediato tales actividades, bajo apremio de multas sucesivas hasta por 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes cada una, mientras persista esta situación.

Terminación rápida y progresiva de los contratos o servicios desarrollados ilegalmente, mediante intervención especial de la Superintendencia, que garantice eficazmente los derechos de terceros de buena fe.

CAPITULO VI

De la caducidad

Artículo 115. Caducidad. La facultad que tiene la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada para imponer sanciones caducará en tres (3) años contados de la siguiente forma:

En las conductas de ejecución instantánea, desde el día de su consumación;

En las conductas de ejecución permanente o sucesiva, desde la realización del último acto, y

En las conductas omisiva s, desde cuando haya cesado el deber de actuar.

Cuando en una misma actuación administrativa se investiguen varias conductas, la caducidad de la facultad sancionatoria de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada se contará independiente para cada una de ellas.

Artículo 116. Reserva. Las actuaciones que se surtan dentro de los procesos administrativos sancionatorios que adelante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada tendrán el carácter de reservadas frente a terceros. Las sanciones no serán objeto de reserva una vez notificadas.

La notificación del acto administrativo sancionatorio correspondiente interrumpirá el término de caducidad de la facultad sancionatoria.

CAPITULO VII

De las quejas y solicitudes

Artículo 117. Trámite. Las peticiones, quejas, y demás solicitudes que presenten tanto los guardas de seguridad como los usuarios de los servicios, deberán ser atendidas y resueltas en forma oportuna por las entidades de vigilancia privada y los departamentos de seguridad y servicios comunitarios de seguridad privada que desarrollen las actividades descritas en la presente ley, quien es tomarán las medidas que sean necesarias en el caso de que alguno de sus dependientes se vea involucrado por acción o por omisión, en hechos que atenten contra los bienes o personas a las cuales se brindan vigilancia o protección.

Artículo 118. Conocimiento de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada de acuerdo con el procedimiento que establezca para ello, atenderá en segunda instancia las peticiones de quejas y reclamos de los guardas de seguridad y de la ciudadanía sobre las actividades de vigilancia y seguridad privada desarrolladas por los vigilados.

Parágrafo 1°. Sin perjuicio de lo señalado en los artículos anteriores, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, conocerá y adelantará las medidas que considere pertinentes sobre las denuncias relacionadas con el ejercicio de las actividades de vigilancia y seguridad privada por personas naturales o jurídicas no autorizadas.

Parágrafo 2°. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada establecerá mecanismos de coordinación con el Ministerio de la Protección Social, para establecer un procedimiento expedito de atención y solución de las quejas laborales presentadas por los empleados del sector.

TITULO XII

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 119. Cuantía mínima de patrimonio. El Gobierno Nacional podrá establecer las cuantías mínimas de patrimonio que deberán mantener y acreditar las entidades de vigilancia privada ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

Artículo 120. Prohibición. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada se abstendrá de expedir autorizaciones y licencias de funcionamiento a departamentos de seguridad y servicios comunitarios de seguridad privada y entidades de vigilancia privada, cuyos socios y/o representantes legales hubieren pertenecido a entidades a las cuales se les haya cancelado o negado la respectiva licencia o autorización, cuando sea del caso.

Esta prohibición tendrá vigencia durante diez (10) años, contados a partir de la fecha de ejecutoria de la resolución que dispuso la respectiva cancelación o negación.

Artículo 121. Deber de denuncia. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada pondrá en conocimiento de la autoridad administrativa o judicial que corresponda sobre las posibles prácticas comerciales restrictivas de la competencia por parte de las entidades de vigilancia privada, así como sobre la violación de las normas sobre defensa del consumidor respecto de los usuarios de dichas entidades.

Artículo 122. Funcionarios públicos. Los integrantes de la fuerza pública en servicio activo, los servidores públicos al servicio del Ministerio de Defensa Nacional, del Departamento Administrativo de Seguridad y de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, no podrán ser socios ni empleados de los departamentos de seguridad, servicios comunitarios de seguridad privada y entidades de vigilancia privada.

Artículo 123. Información a la autoridad. Una vez obtenida o renovada la autorización para operar o la licencia de funcionamiento, departamentos de seguridad y servicios comunitarios de seguridad privada y las entidades de vigilancia privada deben llevar un registro actualizado y comunicar a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes, las novedades que se presenten en materia de personal, armamento, equipos y demás medios utilizados así como la relación de usuarios, indicando razón social y dirección.

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada podrá establecer mecanismos que faciliten el suministro de esta información.

Artículo 124. Informes. Los departamentos de seguridad, servicios comunitarios de seguridad privada y entidades de vigilancia privada deberán enviar a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, antes del 30 de abril de cada año los estados financieros del año inmediatamente anterior, certificado por el Representante Legal y el Contador o Revisor Fiscal.

Los departamentos de seguridad y servicios comunitarios de seguridad privada, deberán discriminar los gastos y costos destinados a seguridad, del año anterior.

Artículo 125. Reserva general de la información. Las personas vinculadas a los departamentos de seguridad y servicios comunitarios de seguridad privada y entidades de vigilancia privada deberán guardar reserva sobre la información de sus protegidos, abonados y/o usuarios, so pena de las correspondientes sanciones administrativas y penales a que haya lugar.

Artículo 126. Investigación permanente. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada podrá en todo momento consultar las bases de datos de los organismos de seguridad del Estado y adoptar las medidas que sean necesarias frente a la autorización y operación de los departamentos de seguridad y servicios comunitarios de seguridad privada y las entidades de vigilancia privada.

Artículo 127. Atribuciones especiales. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, previa solicitud del Director General de la Policía Nacional y los Comandos de Departamentos de Policía, podrá ordenar la suspensión, instalación o levantamiento transitorio de los departamentos de seguridad, servicios comunitarios de seguridad privada y entidades de vigilancia privada, en determinado sector o lugar dentro del territorio nacional, cuando las necesidades lo exijan para la ejecución de una tarea oficial, disponiendo las medidas de seguridad en las mencionadas áreas, mientras dure la actuación de las autoridades.

Artículo 128. Con el fin de adecuar a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada frente a la expansión y la nueva regulación del sector de la Vigilancia y la Seguridad Privada, el Gobierno Nacional estará facultado para modificar su estructura.

Artículo 129. Los vehículos utilizados para el desempeño de las actividades de vigilancia privada debidamente identificados, estarán exentos de la aplicación de las restricciones vehiculares en el lugar en donde estas se autoricen.

Artículo 130. Regulación de la integración vertical patrimonial y de la posición dominante. El Gobierno Nacional reglamentará dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición de la presente ley, las condiciones de competencia necesarias para evitar la conformación de monopolios, el abuso de posición dominante o conflictos de interés, de cualquiera de los actores del sector de la vigilancia y la seguridad privada.

Artículo 131. Para efectos de controlar la relación mínima de patrimonio se deberá enviar además de los Estados Financieros básicos (balance general consolidado, Estado de Resultados y notas a los Estados Financieros), el estado de cambio en la situación patrimonial comparada con el año inmediatamente anterior de aquel que se informa.

Los servicios de Seguridad Privada, que a la fecha no mantengan las condiciones señaladas en el presente artículo, para proceder a efectuar los ajustes de cuantías mínimas de patrimonio necesario de que trata la presente ley, podrán solicitar al Superintendente que se convenga un pr