TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA AL PROYECTO DE LEY 258 DE 2011 SENADO.

por la cual se establece un proceso especial para otorgar títulos de propiedad al poseedor material de bienes inmuebles, sanear la falsa tradición y dictar otras disposiciones.

El Congreso de Colombia

El Congreso de Colombia

DECRETA:

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1°. Objeto. El objeto de la presente ley es establecer un proceso especial para otorgar título de propiedad al poseedor material de bienes inmuebles, urbanos o rurales, y para sanear títulos que conlleven la llamada falsa tradición, con el fin de garantizar seguridad jurídica en los derechos sobre inmuebles, propiciar el desarrollo sostenible y prevenir el despojo o abandono forzado de inmuebles.

Artículo 2°. Sujetos del derecho. Podrá otorgarse título de propiedad a quien o a quienes demuestren posesión material sobre bienes inmuebles, urbanos o rurales, que cumplan los requisitos establecidos en la presente ley.

Quien o quienes tengan título o títulos registrados a su nombre con la inscripción de títulos que conlleven la llamada falsa tradición, tales como la enajenación de cosa ajena, la transferencia de derecho incompleto o sin antecedente propio de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del artículo 7° del Decreto-ley 1250 de 1970, podrán sanearlos, siempre y cuando cumplan los requisitos previstos en esta ley.

Parágrafo. Podrán acceder al proceso especial previsto en la presente ley los cónyuges y compañeros permanentes con sociedad conyugal o patrimonial vigente, caso en el cual el juez expedirá el fallo a favor de los dos.

Artículo 3°. Poseedores de inmuebles rurales. Quien pretenda obtener título de propiedad sobre un inmueble rural mediante el proceso especial establecido en la presente ley, deberá demostrar posesión material pública, pacífica e ininterrumpida por el término de cinco (5) años sobre un predio cuya extensión no exceda la de dos (2) Unidades Agrícolas Familiares (UAF), establecida por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, o por quien cumpla las respectivas funciones en el lugar de ubicación del inmueble.

Para efectos de la presente ley, se entenderá por posesión material sobre un inmueble rural, la explotación económica, la vivienda rural y la conservación ambiental.

Se prohíbe la acumulación de posesiones sobre predios rurales, salvo la proveniente del causante en favor de sus herederos.

Artículo 4°. Poseedores de inmuebles urbanos. Quien pretenda obtener título de propiedad de un inmueble urbano bajo el proceso especial establecido en la presente ley, deberá demostrar posesión regular o irregular por los términos establecidos en la ley para la prescripción ordinaria o extraordinaria sobre bienes inmuebles urbanos cuyo avalúo catastral no supere los doscientos cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (250 smmlv).

En el evento de que el bien objeto del proceso no cuente con avalúo catastral, se tendrá en cuenta su valor comercial, el cual será indicado por el demandante en la demanda y no deberá ser superior a doscientos cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (250 smmlv).

Parágrafo. La declaración de pertenencia y el saneamiento de la falsa tradición de la vivienda de interés social se regirán por las normas especiales para la prescripción establecidas en el artículo 51 de la Ley 9ª de 1989.

Artículo 5°. Proceso especial. Los asuntos objeto de esta ley se tramitarán por el proceso oral aquí previsto y se guiarán por los principios de concentración de la prueba, impulso oficioso, publicidad, contradicción y prevalencia del derecho sustancial. En lo no regulado en esta ley, se aplicarán las disposiciones previstas en el Código de Procedimiento Civil para el proceso verbal.

Artículo 6°. Requisitos. Para la aplicación del proceso especial de que trata esta ley se requiere:

1. Que los bienes inmuebles no sean de uso público, fiscales o que tengan el carácter de inalienables, imprescriptibles e inembargables, conforme a la Constitución Política y a la ley, en especial los señalados en los artículos 63, 72, 102 y 332 de la Constitución Política y, en general, aquellos bienes cuya posesión, ocupación o transferencia, según el caso, se hallen prohibidas o restringidas por normas constitucionales o legales.

2. Que el demandante posea o haya poseído materialmente el inmueble en forma pública, pacífica y continua, y por los términos descritos en la presente ley.

Podrá acumularse el tiempo del desplazamiento o abandono forzado de la tierra a favor de las víctimas. En este último caso, no se exigirá la posesión material durante el tiempo del desplazamiento o abandono forzado.

3. Que el inmueble no se encuentre sometido al proceso de restitución de que trata la Ley 1448 de 2011 o cualquier otro proceso judicial o administrativo tendiente a la reparación o restablecimiento a víctimas de despojo o abandono forzado de tierras.

Si iniciado el proceso especial de que trata la presente ley, el inmueble es vinculado a los procedimientos previstos en el inciso anterior, el juez remitirá inmediatamente el caso, con toda la información existente sobre el mismo, a la Unidad Administrativa de Gestión para la Restitución.

4. Que el inmuebl e objeto del proceso no se encuentre ubicado en las áreas o zonas que se señalan a continuación:

a) Zonas declaradas como de alto riesgo no mitigable identificadas en el Plan de Ordenamiento Territorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, o aquellas que se definan por estudios geotécnicos que adopte oficialmente la Administración Municipal, Distrital o el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en cualquier momento;

b) Las zonas o áreas protegidas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 2ª de 1959 y el Decreto 2372 de 2010 y demás normas que sustituyan o modifiquen;

c) Áreas de resguardo indígena o de propiedad colectiva de las comunidades negras u otros grupos étnicos;

d) Zonas de cantera que hayan sufrido grave deterioro físico, hasta tanto se adelante un manejo especial de recomposición geomorfológica de su suelo que las habilite para el desarrollo urbano.

5. Que las construcciones no se encuentren, total o parcialmente, en terrenos afectados por obra pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 9ª de 1989.

6. Que el inmueble no se encuentre sometido a procedimientos administrativos agrarios de titulación de baldíos, extinción del derecho de dominio, clarificación de la propiedad, recuperación de baldíos indebidamente ocupados, deslinde de tierras de la Nación, o de las comunidades indígenas o afrodescendientes, o delimitación de sabanas o playones comunales conforme a la legislación agraria y aquellos que están dentro del régimen de propiedad parcelaria establecido en la Ley 160 de 1994.

Esta información, será publicada por parte del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) o por quien cumpla las respectivas funciones con el fin de que los jueces competentes y los demás interesados, puedan consultarla de manera permanente.

7. Que el inmueble no se encuentre ubicado en zonas declaradas de inminente riesgo de desplazamiento o de desplazamiento forzado, en los términos de la Ley 387 de 1997, sus reglamentos y demás normas que la adicionen o modifiquen, o en similares zonas urbanas, salvo que el poseedor que acuda a este proceso se encuentre identificado dentro del informe de derechos sobre inmuebles y territorios a los que se refiere el Decreto 2007 de 2001.

Parágrafo. Cuando la persona se encuentre en cualquiera de las situaciones descritas en el numeral 4, será incluida en los programas especiales de reubicación que deberá diseñar la administración municipal de conformidad con la política nacional para estos fines.

CAPÍTULO II

Proceso especial para la titulación de la posesión material sobre inmuebles urbanos y rurales, y saneamiento de títulos con falsa tradición

Artículo 7°. Asuntos. Se tramitarán y decidirán mediante este proceso especial los siguientes asuntos:

a) Prescripción agraria;

b) Prescripciones, ordinaria y extraordinaria, sobre inmuebles rurales y urbanos reguladas por el Código civil o el Código de Procedimiento Civil;

c) El saneamiento de la falsa tradición.

Artículo 8°. Juez competente. Para conocer el proceso especial de que trata esta ley, será competente en primera instancia, el Juez Civil Municipal o Promiscuo Municipal del lugar donde se hallen ubicados los bienes, y si estos comprenden distintas divisiones territoriales, el de cualquiera de ellas a elección del demandante y a prevención.

Cuando concurran varios poseedores sobre un mismo inmueble de mayor extensión, estos podrán acumular sus pretensiones en una sola demanda.

Artículo 9°. Poderes especiales del juez. Para garantizar el cumplimiento del objeto, la finalidad y los principios del presente proceso, el Juez tendrá los siguientes poderes especiales:

1. Acceder en forma permanente y de la forma más ágil y oportuna a los registros y bases de datos de que trata el artículo 13 de esta ley, con el fin de verificar la situación del inmueble objeto del presente proceso o para suplir cualquier deficiencia de la demanda, sus anexos o requisitos.

2. Decidir sobre lo controvertido y probado, aunque la demanda sea defectuosa, siempre que esté relacionado con el objeto de la litis.

3. Valorar como prueba dentro del proceso la información recaudada como resultado de Procedimientos de Formalización Masiva que ejecute el Gobierno Nacional, previo traslado a las partes.

4. Desechar actuaciones y diligencias inútiles y rechazar solicitudes, incidentes y pruebas improcedentes o inconducentes, recursos que no estén legalmente autorizados y todo medio de carácter dilatorio.

5. Precaver, cuando tome medidas con relación a un inmueble, riesgos consiguientes de paralización de la explotación del mismo y de daños y pérdidas de cosechas o de otros bienes agrarios.

6. Utilizar todos los mecanismos para garantizar que no se desvirtúen los fines y principios establecidos en esta ley, en especial, lo atinente a la igualdad real de las partes ante la justicia, la tutela judicial de los derechos de la parte más débil, la gratuidad de la justicia, la simplicidad en los trámites, la celeridad de los procesos, la oficiosidad, la inmediación, la sana crítica, la concentración de la prueba y el debido proceso.

Parágrafo. Lo dispuesto en este artículo es aplicable, en lo pertinente, a los Jueces Civiles del Circuito con relación a los procesos de pertenencia que conozcan.

Artículo 10. Requisitos de la demanda. La demanda deberá cumplir con los requisitos generales previstos en el Código de Procedimiento Civil.

Adicionalmente, el demandante deberá manifestar en la demanda que:

a) El bien sometido a este proceso no se encuentra en las circunstancias de exclusión previstas en los numerales 1, 3, 4, 5, 6 y 7 del artículo 6° de la presente ley;

b) La existencia de vínculo matrimonial o de unión marital de hecho. En este caso, deberá suministrar la identificación completa y datos de ubicación del cónyuge o comp añero(a) permanente. Esto con el fin de que el juez expida el fallo a favor de la pareja.

Las declaraciones hechas por el demandante de los literales a y b de este artículo se entenderán realizadas bajo la gravedad de juramento.

Artículo 11. Anexos. Además de los anexos previstos en el Código de Procedimiento Civil, a la demanda deberán adjuntarse los siguientes documentos:

a) Certificado de Tradición y Libertad del Inmueble o Folio de Matrícula Inmobiliaria en donde consten las personas inscritas como titulares de derechos reales sujetos a registro. El certificado de que no existen o no se encontraron titulares de derechos reales sobre el predio rural objeto de este proceso especial, es ineficaz para lleno de este requisito. Cuando el inmueble haga parte de otro de mayor extensión, deberá acompañarse el certificado que corresponda a este, y cuando el inmueble involucre distintos inmuebles, deberá acompañarse el certificado de todos los inmuebles involucrados.

Lo anterior se aplica a los procesos ordinarios de pertenencia sobre predios rurales que se tramiten ante los jueces civiles de circuito;

b) Los medios probatorios con que pretenda probar su posesión o la falsa tradición y las características de esta, entre otros, los documentos públicos o privados en los que conste la relación jurídica del demandante con el inmueble, constancias de pago de impuestos, servicios públicos, contribuciones, valorizaciones, actas de colindancias o cualquier otro medio probatorio que permita establecer la destinación del inmueble a vivienda, explotación económica o conservación ambiental, y el tiempo de permanencia en el inmueble, sin perjuicio de las demás oportunidades probatorias a que tenga derecho;

c) Plano certificado por la autoridad catastral competente que deberá contener: localización del inmueble, cabida, linderos con sus respectivas medidas, nombre completo e identificación de colindan tes, destinación económica, vigencia de la información, dirección del inmueble o nombre con el que se conoce el inmueble rural en la región. En caso de que la autoridad competente no certifique el plano en el término establecido en el parágrafo de este artículo, el demandante probará que solicitó la certificación, manifestará que no tuvo respuesta su petición y aportará al proceso el plano respectivo.

Parágrafo. Las entidades competentes para expedir los certificados o documentos públicos de que trata este artículo, tendrán un término perentorio de quince (15) días hábiles para hacerlo, so pena de que el funcionario renuente incurra en falta grave. Basta la copia simple de estos documentos, los originales se expedirán en papel común y no se exigirá vigencia de los mismos.

Artículo 12. Información previa a la admisión de la demanda. Salvo que el demandante aporte la información o documentos con la demanda, el juez, en el término de diez (10) días contados a partir del día de la presentación de la misma, consultará el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y el Plan de Desarrollo del respectivo municipio, los informes de inmuebles de los Comités Locales de Atención Integral a la Población Desplazada o en riesgo de desplazamiento, la información administrada por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) o la autoridad catastral correspondiente y el Registro de Bienes Despojados.

Esta información debe ser suministrada por las entidades competentes en la forma y términos previstos en el parágrafo del artículo anterior, y sin costo alguno.

En aquellas áreas donde se implemente el Programa Nacional de Formalización de la Propiedad Rural que lidera el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se levantarán los respectivos informes técnico-jurídicos, planos y actas de colindancias, las cuales serán valoradas por el juez como prueba suficiente de la identificación, ubicación, situación jurídica, social, económica, uso y destinación del inmueble a formalizar.

El juez ordenará las pruebas de oficio, cuando las aportadas no suministren los elementos de juicio suficientes para titular la posesión. En aras del principio de celeridad, el juez se abstendrá de ordenar peritajes o in spección judicial sobre el inmueble, salvo que sea estrictamente necesario para definir el objeto del proceso.

Parágrafo. Lo dispuesto en este artículo se aplica en lo pertinente, a los Jueces Civiles del Circuito, con relación a los procesos de pertenencia que conozcan en primera instancia en razón a su competencia.

Artículo 13. Admisión de la demanda. Recibida la demanda y la información a que se refiere el artículo anterior, el juez procederá a resolver sobre su admisión, inadmisión o rechazo dentro de los tres (3) días siguientes. Rechazará la demanda cuando encuentre que el inmueble objeto de este proceso especial esté en alguna de las circunstancias de exclusión previstas en los numerales 1, 3, 4, 5, 6 y 7 del artículo 6° de esta ley, o cuando la demanda se dirija contra indeterminados. Procederá a su inadmisión en aquellos eventos en los cuales la demanda no sea subsanable por la actividad oficiosa del juez, y dará cinco (5) días para que el demandante la subsane. En los demás casos procederá a su admisión.

Artículo 14. Contenido del auto admisorio de la demanda. En el auto admisorio de la demanda, se ordenará lo siguiente:

1. Como medida cautelar oficiosa, la inscripción de la demanda en el Folio de Matrícula Inmobiliaria.

2. La notificación personal del auto admisorio de la demanda al titular o titulares de derechos reales principales que aparezcan en el certificado expedido por el registrador o folio de matrícula inmobiliaria, quiénes contarán con el término de diez (10) días para contestar la demanda.

La notificación se hará de conformidad con lo establecido en los artículos 315, 318 y 320 del Código de Procedimiento Civil.

3. El emplazamiento a los demandados que en el término de cinco (5) días a partir de la comunicación, no concurran al despacho para su notificación personal. Este emplazamiento se hará por aviso que se publicará por el medio que el juez considere más expedito por un término de diez (10) días continuos. Vencido este término se entenderá surtida la notificación sin que proceda nombramiento de curador ad lítem. Si las personas citadas no concurren, se atendrán a los resultados del proceso.

4. La comunicación inmediata, por el medio más expedito, al respectivo Personero Municipal.

Artículo 15. Audiencia. Cumplido el trámite precedente y vencido el término de traslado de la demanda, el juez realizará audiencia dentro de los diez (10) días siguientes, y para el efecto fijará fecha y hora.

Una vez constituido el juzgado en audiencia pública, se aplicarán las siguientes reglas:

1. El juez escuchará las pretensiones, excepciones, posiciones y argumentos de las partes.

2. Hará todas las preguntas que estime convenientes a quienes participen en la audiencia, examinará los documentos aportados por las partes y solicitará los conceptos técnicos que considere pertinentes y conducentes para definir el objeto de la litis.

3. Si de lo alegado en la audiencia o de los documentos y testimonios aportados por las partes surgen dudas sobre la identificación plena del inmueble, su ubicación exacta, su uso o destinación a actividades ilícitas, el juez suspenderá la audiencia y ordenará una visita de inspección al inmueble. Para ello se apoyará en los peritos agrarios del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), que certificará tales situaciones. Esta diligencia se llevará a cabo dentro de los diez (10) días siguientes a la suspensión de la audiencia, vencidos los cuales se reanudará y se oir á el concepto técnico.

4. Cuando el inmueble se encuentre en un área declarada de formalización por el Programa Nacional de Formalización, el juez se abstendrá de ordenar la diligencia de inspección al inmueble y validará dentro del proceso los respectivos informes técnico-jurídicos. El informe incluirá la identificación técnica del inmueble mediante plano, actas de colindancia, construcción social y documental sobre la situación de tenencia del inmueble, condiciones de uso, explotación o conservación, condiciones respecto a zonas no viables para el saneamiento, y actas de colindancias como prueba de la identificación, ubicación, situación jurídica, social, económica, uso y destinación del inmueble a titular.

Parágrafo 1°. Cuando se practique visita de inspección al inmueble y se encuentre acreditada la destinación del inmueble a actividades ilícitas, el juez ordenará el archivo del expediente y compulsará copias a las autoridades competentes para que se tomen las medidas penales pertinentes.

Parágrafo 2°. Si en la visita de inspección al inmueble se encuentran discrepancias sobre la identificación o ubicación del inmueble con respecto a la información de los documentos aportados por las partes, los técnicos dejarán constancia de ello en el acta de la visita y procederán a la actualización de la información y de los planos en las respectivas bases de datos. Una vez hechas las correcciones necesarias se presentará el concepto técnico al juez competente.

Parágrafo 3°. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) conformará un registro de peritos agrarios con agrimensores, topógrafos, agrónomos, técnicos o tecnólogos, para efectos de la visita de inspección al inmueble.

Artículo 16. Oposición. La oposición se presentará oralmente en la audiencia o durante la visita de inspección al predio de que trata la presente ley, si la hubiere. Quien se pretenda oponer a la demanda y no se presentó a la audiencia, deberá justificarlo dentro de los tres días siguientes a esta, caso en el cual, el juez dentro de los cinco días siguientes a la justificación, practicará nueva audiencia para valorar las pruebas aportadas por el opositor y pronunciarse sobre la oposición.

Artículo 17. Sentencia. Si en la audiencia se determina la identificación y ubicación plena del inmueble, así como la posesión material que alega el demandante, y los demandados no hubiesen presentado excepciones u oposiciones a las pretensiones de la demanda, o estas hubieren fracasado, el juez proferirá inmediatamente sentencia de primera instancia de titulación de la posesión material sobre el inmueble, o saneamiento de la llamada falsa tradición, la cual notificará en estrados.

Artículo 18. Recursos. Contra la providencia que decida el asunto procederá el recurso de apelación ante el juez del circuito correspondiente.

La apelación de la sentencia se sustentará y concederá o negará en la misma audiencia. Concedido el recurso en el efecto suspensivo, el juez enviará inmediatamente el expediente al juzgado civil del circuito que corresponda, quien tendrá un término de cinco (5) días contados a partir del recibo del expediente, para desatar el recurso. El juez de primera instancia citará a una nueva audiencia de conformidad con el auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior.

Artículo 19. Causales de Nulidad. La persona que haya sido víctima de despojo, usurpación o abandono forzado, que no pudo oponerse en el proceso especial de que trata esta ley, podrá solicitar en cualquier tiempo la nulidad de la sentencia ejecutoriada, ante el juez que conoció del proceso, tendiente a demostrar que la posesión del bien cuyo título se otorgó tuvo origen en alguna de esas circunstancias. Si lo demuestra, se declarará la nulidad de la mencionada providencia mediante auto susceptible del recurso de apelación.

Esta nulidad también podrá proponerse cuando a través de la sentencia se haya otorgado título sobre un bien del cual, según esta misma ley, no se podía adelantar el proceso especial.

Artículo 20. Honorarios. Los honorarios de los apoderados serán fijados por el juez en el mismo texto de la sentencia y no podrán exceder de cinco (5) sal arios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv). Los honorarios del perito agrario, si hubiere lugar a su intervención, serán de un salario mínimo legal mensual vigente (1 smlmv).

CAPÍTULO III

Otras disposiciones

Artículo 21. Ministerio Público. En el proceso especial de que trata la presente ley, el Ministerio Público será ejercido por el Personero Municipal del lugar donde se tramite el proceso. Los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios podrán actuar en la segunda instancia, con el fin de asegurar su intervención en el proceso como garantes del interés general, para prevenir la consolidación de despojos, la desaparición de pruebas o la ocurrencia de hechos y circunstancias ilegítimas que se puedan dar en este proceso.

La Procuraduría General de la Nación, en cooperación con el Gobierno Nacional, capacitará a los Personeros Municipales y a los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios.

Artículo 22. Asistencia jurídica. Las partes en estos procesos deberán concurrir a través de apoderado; sin embargo, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) prestará asesoría jurídica y/o representación judicial gratuita a los demandantes en estos procesos, cuando así les sea solicitado, de acuerdo con sus capacidades institucionales.

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural coordinará, con las entidades vinculadas al sector agropecuario, la forma de apoyar al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) para la prestación de los servicios de asesoría jurídica y representación judicial de que trata este artículo.

De la misma manera, el Ministerio de Justicia, podrá asesorar y ejercer la representación judicial gratuita de las personas que inicien el proceso especial de que trata la presente ley, de acuerdo con sus capacidades institucionales.

Artículo 23. Efecto general e inmediato de la ley. Todo aquel que a la entrada en vigencia de esta ley haya cumplido los requisitos previstos, podrá acogerse al proceso aquí establecido para titular su posesión o para sanear el título.

Artículo 24. Vigencia. Esta ley rige a partir de su promulgación y deroga el artículo 12 de la Ley 200 de 1936, reformado por el artículo 4° de la Ley 4ª de 1973, el Decreto-ley 508 de 1974 y la Ley 1182 de 2008.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido al artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me permito presentar el texto definitivo aprobado en sesión Plenaria del Senado de la República el día 16 de noviembre de 2011, al Proyecto de ley número 258 de 2011 Senado, por la cual se establece un proceso especial para otorgar títulos de propiedad al poseedor material de bienes inmuebles, sanear la falsa tradición y dictar otras disposiciones y de esta manera continúe su trámite legal y reglamentario en la honorable Cámara de Representantes.

Eduardo Enríquez Maya, Roy Barreras Montealegre, Jesús Ignacio García, Luis Carlos Avellaneda, Jorge Eduardo Londoño, Hemel Hurtado Angulo, Juan Carlos Vélez Uribe, Ponentes.

El presente texto fue aprobado en Plenaria de Senado el 16 de noviembre de 2011 según texto propuesto para segundo debate.

El Secretario General,

Emilio Otero Dajud.